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La crítica política errónea no es calumnia según el TSJA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que la crítica política no es penalmente reprochable si alguno de los hechos no son ciertos (siempre que la mayor parte del relato sea exacto) porque forma parte de la tarea de los políticos emitirlas y aceptarlas o discutirlas.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha inadmitido la querella interpuesta contra una diputada por un delito de calumnias e injurias. La Sala entiende, en consonancia con la Fiscalía, que se trataría de inexactitudes informativas no dolosas sino negligentes, que, por tanto, “carecen de relevancia desde el punto de vista de la comisión de los delitos de calumnias e injurias, que requieren dolo”.

La querella de la que fuera directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía contra una diputada expone las distintas manifestaciones públicas de la diputada en las que ésta denuncia un “tráfico de coincidencias” en las subvenciones y ayudas en la formación para el empleo de la Junta de Andalucía. Así, se refiere a las ayudas en las que habría sido beneficiario un ex consejero de la Junta de Andalucía y a la querellante como responsable de la concesión de algunas de esas ayudas al ex consejero y a una de sus hijas, destacando el dato de que la querellante es su cuñada.

La Sala entiende que las informaciones o denuncias de la diputada son erróneas, ya que la ex directora general de Formación se había abstenido en los expedientes en que concurriera su cuñado, por lo que no pudo firmar dichas concesiones de ayudas. Además, cuando dichas competencias pasaron a la Consejería de Educación, se dictó una orden por la que se avocaban dichas competencias al Secretario General de Formación y Educación permanente.

Pese a ello, y aunque “resulte comprensible el malestar de la querellante de verse injustamente aludida” por tales informaciones tan reiteradas, “se trata de una denuncia de corrupción que se apoya en algunos datos objetivamente ciertos (como el importe de las ayudas concedidas a las empresas del ex consejero y la relación familiar como cuñados) y en otro no cierto, como el hecho de la firma de las mismas por quien ocupó el cargo de directora general de Formación.

La Sala concluye que “la labor de crítica política y de denuncia ante la opinión pública de prácticas inadecuadas en la concesión de ayudas públicas, que corresponde fundamentalmente a la oposición parlamentaria, tiene en el ámbito civil el límite de la negligencia grave” o desprecio a la verdad, mientras que el ámbito penal, el límite lo constituye la mentira consciente, sin que por tanto alcance relevancia penal “la ligereza o la falta de diligencia en la corroboración de los datos sobre los que se efectúa la crítica”.

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