Actualidad jurídica

Alcalde inhabilitado por contratar obras “a dedo”

El que fuera alcalde de Cartes, provincia de Santander, no podrá volver a la política durante casi nueve años por haber contratado unas obras de remodelación en el Ayuntamiento que gobernaba no sólo sin seguir ningún procedimiento administrativos sino obviando las advertencias sobre la ilegalidad de sus actuaciones que le comunicaron desde la intervención del Ayuntamiento. Además, llevó adelante la obra sin que existiera esa partida en el presupuesto anual y, para colmo, la justificación del exalcalde para obrar de ese modo era que las obras eran de una complejidad excesiva para las capacidades administrativas del Ayuntamiento que dirigía.

Saturnino Castanedo ex alcalde de Cartes

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a ocho años y siete meses de inhabilitación al que fuera alcalde de Cartes entre 2001 y 2011 por un delito de prevaricación administrativa.

Rechaza de este modo el recurso de apelación presentado por el condenado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander que declaró probado que el primer edil de Cartes contrató obras sin expediente administrativo alguno, sin contar con consignación presupuestaria previa e impidiendo que el órgano interventor realizara su labor fiscalizadora.

La sentencia de instancia detalla las distintas obras adjudicadas y ejecutadas, así como las doce facturas –todas ellas de 2006- giradas al Ayuntamiento y que pese a contar con un informe negativo del interventor fueron liquidadas por resolución de la alcaldía.

La resolución de la Audiencia, notificada hoy, respalda el criterio de la juez de lo Penal “de que hay pruebas más que suficientes para entender acreditado” que quien fue alcalde de Cartes entre 2001 y 2011 “adjudicó unilateralmente diversas obras que debían efectuarse en el Ayuntamiento a determinadas empresas sin seguir la legislación vigente”.

Añade que lo hizo “sin incoar ni seguir procedimiento de contratación ninguno y además sin contar con crédito ni consignación presupuestaria, e impidiendo igualmente a los órganos interventores del Ayuntamiento su labor de fiscalización y control establecida, con lo que las resoluciones dictadas eran nulas de pleno derecho y por tanto inbsubsanables”.

La Audiencia señala además que “a sabiendas de la nulidad de tales resoluciones de las que se derivaban las facturas por la ejecución de las obras contratadas y pese a la fiscalización de disconformidad efectuada, se dictó resolución acordando el reconocimiento y liquidación de dichas obligaciones”.

Considera la Sala que “esto ha sido plenamente acreditado”, porque “así consta de entrada del propio reconocimiento que sobre la generalidad de lo expuesto ha prestado el acusado”.

En este sentido, recuerda que tanto en el juicio como en la fase de instrucción, el que fuera primer edil de Cartes ha reconocido “haber acordado de forma unilateral y sin seguir procedimiento ninguno la adjudicación de ciertas obras”.

Sin embargo, continúa la Audiencia, “las razones que aduce en descargo de su decisión no fueron creídas por la magistrada, en criterio que esta Sala comparte”. “No cabe sostener un apartamiento tan total de la normativa amparándose en razones de complejidad o de inexperiencia del interventor”.

Añade la sentencia que tanto los testimonios de los testigos, como los informes periciales y la “copiosa documental” “acreditan sin dejar lugar a dudas cual fue la actuación del acusado”.

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