Actualidad jurídica

Rodrigo Rato no ingresará en prisión… por ahora

El pufo de Bankia, en el que se evaporaron más de veinte mil millones de euros parecía que iba a salir gratis a los directivos nombrados por el Partido Popular hasta que desde UPYD se empezó a exigir responsabilidades penales y con cada dato que se conoce, crecen las perspectivas de que alguno de esos altos cargos acabe dando con sus huesos entre rejas. Por esta vez, Rodrigo Rato se ha salvado porque el juez no considera que haya riesgo de fuga para señalar prisión provisional pero la siguiente puede que cambie de parecer, sobre todo si siguen saliendo a la luz episodios como el de las tarjetas black que evidencian la intencionalidad del saqueo a que la banca pública (las llamadas “cajas de ahorros”) fue sometida durante los últimos años.

Rodrigo Rato y su equipo de Bakia

El juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional ha desestimado las peticiones de UPyD de decretar la prisión para Rato y de requerir fianzas a los imputados. En su escrito, Andreu recuerda a UPyD que la Ley de Enjuiciamiento Criminal deja a criterio del juez la necesidad de convocar la llamada “vistilla”, sin que sea preceptiva su celebración cuando lo pida una de las partes. Y en este caso, según el juez, es innecesaria, como ya se resolvió en la última comparecencia de Rato, a petición de otra acusación.

El magistrado hace constar los fines que se persiguen con la adopción de medidas cautelares, “cuyos fines no pueden ser los de anticipar el cumplimiento de una hipotética condena, ni menos aún la obtención de notoriedad por parte de quien interesa del juez que se adopten estas medidas”. Andreu argumenta que al margen de la gravedad de los delitos, no existe riesgo de fuga ni de obstrucción de la acción de la justicia, ni de reiteración delictiva que serían los requisitos por los que se podría modificar la situación del ex presidente de Bankia.

El juez también rechaza la petición de UPyD de acordar fianzas por responsabilidades civiles. Andreu señala que  ya se le ha explicado en ocasiones anteriores a la formación política que, en su condición de acusación popular carece de legitimación para pedirlo porque no es perjudicada por la comisión de los hechos, tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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