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Las empresa de tarjetas bancarias deben informar a Hacienda sobre sus usuarios

Aunque resulte evidente que el gasto con tarjetas bancarias es un indicador de capacidad económica, las empresas de tarjetas se oponen a facilitar cualquier dato de sus clientes pero el Tribunal supremo considera que está obligadas a facilitar los datos requeridos por la Agencia Tributaria aunque, en el caso de 4B, sus clientes directos son los bancos y no los usuarios finales, para quien esta finalidad es un simple intermediario. Según el TS, también esos intermediarios que disponen de los datos con relevancia fiscal deben facilitarlos a Hacienda aunque la información no sea fruto de una relación directa con el usuario final.

Tarjetas bancarias

El Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda requiera a 4B los nombres de los titulares de sus tarjetas que hayan hecho pagos por importe anual igual o superior a 30.000 euros. Sistema 4B, S.A. había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional, de julio de 2012, que refrendó el requerimiento de la Inspección de la Agencia Tributaria, de septiembre de 2008, solicitando a la entidad los datos de quienes hubiesen hecho pagos anuales desde 30.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007.

La sociedad (de la que son accionistas ocho bancos y a la que están adheridas otras entidades hasta un total de 19) alegó que no tiene relación alguna con los titulares de las tarjetas cuyos datos reclama Hacienda, ya que su función se limita a informatizar y compensar los créditos y débitos de unos bancos con otros, por lo que el requerimiento no tenía la cobertura del artículo 93.1 de la Ley General Tributaria, que establece la obligación de informar de datos con trascendencia tributaria también deducidos de las relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

El Supremo admite que no hay lazos contractuales entre el titular de la tarjeta y 4B, pero cree “indudable que la disposición de los datos requeridos es consecuencia de relaciones económicas, profesionales o financieras”, sin que la ley reduzca la obligación de informar a quienes se relacionan de manera directa con los titulares de los datos requeridos.

La sentencia ha contado con el voto particular de dos magistrados, partidarios de estimar el recurso de 4B por entender que no cabía el requerimiento de esos datos ya que la sociedad los tenía no como consecuencia de sus relaciones profesionales, económicas o financieras con los titulares de los mismos.

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