Actualidad jurídica

El derecho al olvido: de chapuza en chapuza

Como ya es bien sabido, el “derecho al olvido” consiste en la obligación que tienen los motores de búsqueda de retirar la información personal que les solicite el interesado.

Así dicho parece una tontería y, efectivamente, lo es por muchas razones.

La primera es que no existe ninguna norma que establezca qué es el derecho al olvido o cuándo debe ponerse en práctica, quién puede pedirlo y cuándo debe concedérselo. Todo arranca desde  la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 sobre el derecho al olvido que esteblece para un caso concreto la obligación de Google de retirar determinados resultados de sus búsquedas cuando se busque el nombre de una persona. En este caso concreto la persona lo pedía porque ya había resuelto hace muchos la situación económica difícil por la que salía en el buscador cuando se buscaba su nombre.
Esta sentencia se ha hecho jurisprudencia en un sentido que no está recogido ni en los propios tratados de la Unión pero se aplica como si de una norma legal se tratase. Aunque en el derecho anglosajón pueda tener cierto sentido operar así, en nuestro derecho es tan absurdo como el propietario de un restaurante demandase a un cocinero por no pelar bien las cebollas y el tribunal estableciese que todo el mundo está obligado a pelar las cebollas hasta la tercera capa o si una persona sufre un derrame cerebral mientras hace un crucigrama y el tribunal estableciese un numero máximo de palabras en los crucigramas.

Derecho al olvido

La segunda es que la sentencia la han hecho personas que de esto de Internet entienden lo justo y han dicho que quien debe retirar los resultados es el buscador y no la página con la información supuestamente perjudicial. ¿Cuál es la base para permitir que siga en pie una página que publica un robo con nombres y apellidos, por ejemplo, y obligar al buscador a eliminar el enlace? El derecho al honor no puede ser porque entonces cualquier sentencia serviría también para obligar a la página fuente a retirar el contenido dañino. No hay ningún derecho recogido en ninguna ley que sirva de base para este “derecho al olvido” y buscar la base legal es como buscar las respuestas de los crucigramas sin saber cuántas letras tienen las palabras.

La tercera es que se delega en los propios buscadores decidir qué debe ser olvidado y qué tiene que ser conservado. No hay ningún plazo o característica del resultado de búsqueda que determine si debe o no retirarse. Estamos en la más absoluta inseguridad jurídica que, para más inri, queda en manos de un operador privado (Google, casi siempre) que es quien decide ahora sobre la vida y hacienda de las personas. Si no se está de acuerdo con la decisión del buscador, se tiene que acudira a los tribunales que, a su vez, aplicarán la jurisprudencia según les apetezca porque no hay ningún criterio legal establecido sobre el derecho al olvido. Ud. ni tiene ni no tiene derecho al olvido hasta que un juez lo determine. ¿Se imagina circular por una carretera y que un particular le denuncie porque va demasiado deprisa y tener que pleitear ante un tribunal para que éste decida cuánto era “demasiado deprisa”?

Para acabar de complicar el asunto, la Agencia de protección de datos francesa, la CNIL, ha exigido a Google que retire los resultados de todo el mundo y de todos los Google locales, de manera que alguien de Mexico (extracomunitario) tampoco pueda encontrar esos resultados buscando en google.mx. El buscador estadounidense apeló esta decisión pero la propia CNIL en una resolución del pasado 21 de septiembre  se da la razón a sí misma (faltaría más) y ahora resulta que a petición de un ciudadano europeo, Google debe modificar todos sus resultados de búsqueda a nivel global con lo que las leyes francesas son las que rigen el mundo.

¿En serio? ¿De verdad está pasando esto? ¿Éste es el nivel de los juristas europeos?

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