Artículos prácticos

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen

Quizás uno de los grupos de casos punibles que más auge y relevancia han adquirido en los últimos años son el grupo de aquellos casos relacionados con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por ello vamos a analizar en este artículo algunos aspectos relacionados con los mismos.

 

Primero diremos, y esto es muy importante de destacar, que cuando hablamos de esta tipología de casos no lo estamos haciendo para nada de una tipología nueva que no existiese antes, al contrario, pues de lesiones de estos derechos y casos relacionados con ellos los hay desde hace mucho tiempo, lo que si que ha cambiado en los últimos tiempos es la dimensión, el alcance de los mismos.

Y ello es así, pues si bien, este tipo de casos se han venido produciendo desde tiempos impertérritos, la verdad es que la aparición de nuevas tecnologías como por ejemplo Internet, teléfonos móviles que permiten grabar muy fácilmente videos o tomar fotografías y otros sistemas análogos, permiten alcanzar una dimensión del problema nunca antes vista, si bien en esencia y en general obviamente la tipología delictiva, y en consecuencia perseguible y punible, sigue siendo la misma.

 

Así, casos donde personas que sin quererlo han visto invadida su intimidad con fotografías no deseadas de su propiedad que han salido a la palestra pública, o incluso personas que se han visto humilladas o vilipendiadas públicamente al verse hecho ilícitamente públicos fotografías o videos comprometedores privados, son casos cada vez más habituales. Unos casos que sin duda, son la visualización de un problema existente, un problema que cabe combatir, perseguir y condenar.

 

Al respecto, cabe decir, que el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, es un derecho fundamental reconocido en el vigente ordenamiento jurídico español en la misma Constitución Española. Una constitución, la española, que consagra concretamente ese derecho en su artículo 18.1 e incluso se refiere al ámbito informático destacando en su artículo 18.4 que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

 

Dicho esto, decir que este derecho, reconocido en esencia y de forma muy clara por la Constitución, es desarrollado por ejemplo, y entre otras consideraciones que se podrían realizar, en la vigente Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y para el caso que aquí nos atañe en el vigente Código Penal español. Código Penal, el español, que recoge esta tipología de delitos en su título X en lo que concierne a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y en su titulo XI en lo que se refiere en los delitos contra el honor.

 

Específicamente y para conocer un poco más sobre esta tipología de casos, en este caso en lo que concierne a la ordenación penal de los mismos decir que por ejemplo el artículo 197.1 del mencionado Código Penal recoge que “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

 

Es importante el punto anterior, pues del mismo emana lo esencial de lo que trata, versa y expone este artículo, si bien por supuesto todos los matices, detalles, demás consideraciones y otros puntos se encuentran desarrollados en el articulado del mismo código y en las otras leyes (entre otras, como se ha dicho) mencionadas.

 

Y es esencial, pues del punto primero de dicho artículo 197 se desprende uno de los puntos clave de la vulneración de la intimidad, se desprende lo ilícito del apoderarse de datos o utilizar sistemas que lesiones el derecho a la intimidad.

 

Mención diferenciada y aparte nos merecen los delitos contra el honor. En este caso, encontramos reflejados los mismos, y tal y como se ha dicho, en el título XI del mencionado Código Penal, y concretamente se encuentran inseridos entre sus artículos 205 y 216 (ambos inclusive).

 

De los delitos contra el honor destacar que cabe distinguir entre las disposiciones generales de los mismos (del artículo 211 inclusive en adelante) y los delitos contra el honor en forma de calumnias (artículos 205, 206 y 207 del Código Penal) y las injurias (artículos 208, 209 y 210 del mismo y mencionado Código Penal).

 

Para finalizar y regresando a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, destacar que el ordenamiento jurídico español, mediante su Código Penal incorpora dentro de este ámbito también todos aquellos delitos que ver con el allanamiento de morada, el domicilio de personas jurídicas y de establecimientos abiertos al público. Específicamente ello se encuentra reflejado en el titulo X mencionado anteriormente, concretamente en su capítulo II (artículos 202 a 204, ambos inclusive) y ello se encuentra encuadrado también dentro del ordenamiento constitucional quien establece (artículo 18.2 de la Constitución Española) que “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

 

En resumen, los delitos contra la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se encuentran regulados y tipificados en el Código Penal, por lo que cualquier menoscabo, lesión o vulneración de los mismos son actos ilícitos que constituyen delito y en consecuencia que resultan punibles. Pero además estos delitos constituyen una infracción constitucional, una vulneración de la ley suprema en toda regla, pues como se ha visto se encuentran integrados y reconocidos por la propia Carta Magna española.

 

Autor: Marco Esteban  (Esteban Abogados).
Despacho de abogados penalistas con amplia experiencia en el ejercicio de la abogacía penal.

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