Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el sistema de intervención administrativa de las actividades con incidencia ambiental, en el que se toman en consideración las afecciones sobre el medio ambiente y las personas. Este sistema de intervención administrativa integra la evaluación de impacto ambiental de las actividades.

Artículo 2

Finalidades

Las finalidades de la presente ley son:

a) Alcanzar un nivel alto de protección de las personas y del medio ambiente en conjunto, para garantizar la calidad de vida, mediante los instrumentos necesarios que permitan prevenir, minimizar, corregir y controlar la contaminación y hacer un uso eficiente de los recursos y de las materias primas.

b) Favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente.

c) Contribuir a hacer efectivos los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía en la instrucción de los procedimientos administrativos, y garantizar la colaboración y la coordinación de las administraciones públicas que deben de intervenir.

d) Facilitar la acción de la actividad productiva de una manera respetuosa hacia la protección del medio ambiente.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. El sistema de intervención administrativa y, si procede, el sistema de evaluación de impacto ambiental establecidos en la presente ley se aplican a las actividades de titularidad pública y privada emplazadas en Cataluña relacionadas en los anexos de la presente ley.

2. Las actividades de carácter temporal que, a pesar de que están recogidas en los anexos I.2, I.3 y II, están vinculadas con la construcción de obras de infraestructuras o instalaciones generales y de interés público, y que han sido determinadas y evaluadas en la declaración de impacto ambiental del proyecto de la infraestructura o la instalación correspondiente, no están sujetos a los regímenes de intervención ambiental establecidos en la presente ley.

Artículo 4

Definiciones

A los efectos de lo que dispone la presente ley, se entiende por:

a) Autorización ambiental o licencia ambiental: la resolución del órgano ambiental competente en materia de medio ambiente o del ente local correspondiente a través de la cual se autoriza una o varias actividades determinadas y las instalaciones o parte de las instalaciones que ocupan, ubicadas en un mismo centro o en un mismo establecimiento y que pertenecen a la misma persona o empresa titulares, con sujeción a las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las disposiciones de la presente ley.

b) Autorización sustantiva: la autorización, la licencia, el permiso o la concesión administrativa otorgado por un órgano de la Administración de la Generalidad en el ámbito de una intervención sectorial.

c) Actividad: la explotación que se lleva a cabo en un determinado centro o establecimiento ganadero, industrial, minero, comercial, de servicios u otros y que está integrada por una o más instalaciones.

d) Centro o establecimiento: el conjunto de edificaciones, instalaciones y espacios que constituyen una unidad física diferenciada y en el que una misma persona o empresa titulares ejercen una o más actividades.

e) Titular: la persona física o jurídica que ejerce o posee una o diversas actividades en un mismo centro o establecimiento, o bien que, por delegación, tiene un poder económico determinante sobre la explotación técnica de la actividad o las actividades.

f) Intervención sectorial: la intervención administrativa de autorización, licencia, comunicación, control o registro a la que está sometida una actividad de las que regula la presente ley, de conformidad con un ordenamiento jurídico diferente del ambiental. En particular, son intervenciones sectoriales, la intervención urbanística, la industrial, la turística, la sanitaria, la energética, la laboral, la comercial, y la relativa a establecimientos de concurrencia pública.

g) Modificación sustancial: cualquier modificación llevada a cabo en una actividad que, en aplicación de los criterios que establece el artículo 59, y también de los parámetros determinados reglamentariamente, comporte repercusiones perjudiciales o importantes para las personas o para el medio ambiente. Son modificaciones sustanciales las modificaciones o las ampliaciones que implican un cambio del código en el que ha sido clasificada la actividad, tanto si este cambio se produce en relación con el mismo anexo como si se lleva a cabo en relación con un anexo diferente.

h) Modificaciones no sustanciales:

1) La modificación de las características o del funcionamiento de una actividad que, en aplicación de los criterios que establece el artículo 59, a pesar de que tenga consecuencias previsibles para las personas o para el medio ambiente, no puede ser calificada de sustancial.

2) La modificación de las características o del funcionamiento de una actividad carente de consecuencias previsibles para las personas y para el medio ambiente.

i) Contaminación: la introducción, directa o indirecta, en la atmósfera, en el agua o en el suelo, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o ruido que puedan tener efectos perjudiciales para la salud o para el medio ambiente, o que puedan causar daños en los bienes materiales, deteriorar o perjudicar el goce u otros usos legítimos del medio ambiente.

j) Sustancia: cualquier elemento o compuesto químico, exceptuando las sustancias radiactivas y los organismos modificados genéticamente.

k) Emisión: la expulsión, en la atmósfera, en el agua o en el suelo, de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o ruido procedentes directa o indirectamente de fuentes puntuales o difusas de una actividad.

l) Valores límite de emisión: la masa o energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o nivel de una emisión cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.

m) Normas de calidad ambiental: el conjunto de requisitos dictados por la normativa ambiental de aplicación que han de cumplirse en un momento dado en un entorno concreto o en una parte determinada de este entorno.

n) Parámetros o medidas técnicas equivalentes: los parámetros o medidas de referencia que, con carácter supletorio o complementario, se aplican cuando las características de la actividad no permiten una adecuada determinación de valores límite de emisión o cuando no hay normativa de aplicación.

o) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisiones destinados a evitar o, si eso no fuera posible, reducir en general las emisiones y su impacto en el conjunto del medio ambiente. A tales efectos, se entiende por:

1) Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la manera en la que está diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada la actividad.

2) Técnicas disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente en condiciones viables económica y técnicamente, tomando en consideración los costes y beneficios, siempre y cuando la persona titular pueda tener acceso a ellos en unas condiciones razonables.

3) Técnicas mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un elevado nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto.

p) Evaluación ambiental: el análisis de los efectos y los resultados ambientales de la actividad, que comprenda la descripción y, específicamente, las instalaciones, las materias primas y auxiliares, los procesos, los productos y el consumo de recursos naturales y de energía, y las emisiones de todo tipo y sus repercusiones en el medio considerado en su conjunto.

q) Accidente grave: un hecho, como por ejemplo una emisión, incendio o explosión importantes, que resulta de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que son de aplicación las disposiciones determinadas en las directivas de la Unión Europea y en la normativa en materia de accidentes graves.

r) Acuerdo voluntario: el acuerdo suscrito entre la Administración ambiental competente y la persona o personas titulares de una actividad o un grupo de actividades de un sector industrial determinado, según el cual ambas partes se vinculan voluntariamente para cumplir unos objetivos de calidad del medio ambiente determinados por la normativa específica o, en su defecto, adoptando, si procede, parámetros o medidas técnicas equivalentes de conformidad con las mejores técnicas disponibles.

s) Actividad de carácter temporal: la unidad técnica destinada a ejercer una actividad clasificada en los anexos de la presente ley que se instala en un determinado emplazamiento, de una manera autónoma e independiente, para un período de tiempo concreto no superior a dos años, al fin del cual cesa definitivamente la actividad.

t) Actividad móvil: la unidad técnica no fija destinada a ejercer una actividad continuada, pero de carácter itinerante, siempre y cuando en un mismo emplazamiento tenga una duración inferior a dos años.

u) Programa de vigilancia ambiental: el conjunto de actuaciones que permiten conocer puntualmente el cumplimiento de las condiciones y requisitos de ejecución de un proyecto que se han fijado en la declaración de impacto ambiental.

v) Afección para la salud de las personas: la incidencia negativa que las emisiones de una actividad o un conjunto de actividades pueden tener sobre la salud individual o colectiva.

w) Público: cualquier persona física o jurídica, y también asociaciones, organizaciones y grupos constituidos de conformidad con la normativa que le es de aplicación.

x) Técnico (o técnica) competente: la persona que posee las titulaciones académica y profesional habilitantes.

Artículo 5

Condiciones generales de funcionamiento de las actividades

Las personas titulares de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley ejercen estas actividades, bajo su responsabilidad, de acuerdo con los principios siguientes:

a) Prevenir la contaminación, mediante la aplicación de las medidas adecuadas y, en especial, de las mejores técnicas disponibles.

b) Prevenir la transferencia de la contaminación de un medio a otro.

c) Reducir, en la medida de lo posible, la producción de residuos mediante técnicas de minimización, gestionarlos correctamente, preferentemente valorizándolos y, en último término, efectuar la disposición del desperdicio de los residuos, de modo que se evite o se reduzca el impacto en el medio ambiente, de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial.

d) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de una forma racional, eficaz y eficiente.

e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus efectos.

f) Tomar las medidas necesarias con el fin de evitar, al cesar la actividad, cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar en el que se desarrollaba la actividad quede en un estado satisfactorio, de modo que el impacto ambiental sea el mínimo posible respecto a su estado inicial.

Artículo 6

Obligaciones generales de las personas o empresas titulares de las actividades

1. Las actividades objeto de la presente ley y las instalaciones a las que se vinculan han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas de modo que se alcancen los objetivos de calidad ambiental y de seguridad que fija la legislación.

2. Las actividades y las instalaciones que están vinculadas con la presente ley cumplen las obligaciones generales fijadas en el artículo 6.1 si se desarrollan y se utilizan, respectivamente, de acuerdo con la finalidad y el uso que les son propios y si cumplen las siguientes condiciones:

a) Estar proyectadas, instaladas, controladas y mantenidas de acuerdo con la reglamentación y las instrucciones del departamento competente de la Generalidad, y, en defecto de reglamentación o instrucciones específicas, cuando se ajusten a las normas técnicas de reconocimiento general.

b) Cumplir, si son preceptivas, las condiciones establecidas para la autorización o la licencia, o las obligaciones que derivan del régimen de comunicación.

3. La persona o empresa titulares de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley han de:

a) Disponer de la autorización, licencia o comunicación ambientales, y, en el caso de las actividades del anexo I.3 y de las actividades reguladas por la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas, de la autorización sustantiva.

b) Someter la actividad al control ambiental inicial, cuando sea preceptivo.

c) Someter la autorización o licencia ambientales a la revisión periódica establecida.

d) Cumplir las obligaciones de control periódico y de suministro de información establecidas en la autorización o la licencia ambientales.

e) Comunicar al órgano que ha otorgado la autorización o la licencia ambientales cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga de llevar a cabo en la actividad.

f) Comunicar al órgano que ha otorgado la autorización o licencia ambientales la transmisión de la titularidad.

g) Informar inmediatamente al órgano que ha otorgado la autorización o licencia ambientales de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente o a las personas.

h) Prestar la asistencia y la colaboración necesarias a las personas que llevan a cabo las actuaciones de control, vigilancia e inspección.

i) Cumplir cualquier otra obligación establecida en la presente ley y en las demás disposiciones de aplicación.

Artículo 7

Regímenes de intervención administrativa

1. Las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley quedan sometidas a los siguientes regímenes de intervención administrativa:

a) Autorización ambiental con una declaración de impacto ambiental. Son sometidas a esta autorización las actividades incluidas en los anexos I.1 y I.2. El capítulo primero del título segundo recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades.

1) El anexo I.1 incluye las actividades especificadas por la Ley del Estado 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

2) El anexo I.2 incluye actividades, no establecidas en el anexo I.1, que se ha considerado necesario someter a una autorización ambiental y a una declaración de impacto ambiental, ya sea porque están incluidas en el anexo I del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental, aprobada por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, o en el anexo II de dicha ley. En todos los casos, por la incidencia que tienen en el medio, han de someterse a una declaración de impacto ambiental.

b) Declaración de impacto ambiental con una autorización sustantiva. Son sometidas a esta declaración las actividades incluidas en el anexo I.3. El capítulo segundo del título segundo recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa sobre estas actividades. La intervención ambiental se lleva a cabo mediante la integración de la declaración de impacto ambiental o el informe ambiental, con los valores límite de emisión asociados, controles y otros requerimientos ambientales, en la autorización del órgano competente por razón de la materia sustantiva, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley.

c) Licencia ambiental. Son sometidas a esta licencia las actividades incluidas en el anexo II. Estas actividades se subdividen en:

1) Actividades sometidas a licencia ambiental y a un proceso de decisión previa sobre la necesidad de declaración de impacto ambiental. Estas actividades son las que en el epígrafe correspondiente del anexo II determinan específicamente la necesidad de este proceso. El capítulo primero del título tercero recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa sobre estas actividades.

2) Actividades sometidas a licencia ambiental sin necesidad de someterse a ningún proceso de evaluación de impacto ambiental. El capítulo segundo del título tercero recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa sobre estas actividades.

d) Régimen de comunicación. Son sometidas a este régimen las actividades del anexo III. El título cuarto contiene la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades.

En ningún caso las ordenanzas municipales pueden someter al régimen de licencia ambiental las actividades reguladas por la presente ley en el régimen de comunicación.

Los ayuntamientos pueden establecer que algunas actividades del anexo II sujetas al régimen de licencia ambiental, situadas en determinadas zonas urbanas y con una calificación urbanística determinada, se sometan al régimen de comunicación establecido en el título cuarto.

Asimismo no pueden someterse al régimen de comunicación las actividades siguientes:

1) Las actividades sometidas a la decisión previa de la Administración respecto a someterse o no a la evaluación de impacto ambiental.

2) Las actividades sujetas a un informe preceptivo de los órganos ambientales competentes en materia de medio ambiente, en los casos determinados por los artículos 42 y 43, y las actividades ganaderas establecidas por el artículo 67.

e) Régimen de intervención ambiental de actividades temporales, móviles y de investigación establecido en el título quinto.

f) Régimen de intervención ambiental en actividades de competencia municipal sectorial. Estas actividades no están sometidas a la licencia o al régimen de comunicación ambiental, y la intervención ambiental se lleva a cabo integrando, en la resolución de la licencia sectorial de la actividad o en las condiciones establecidas para el régimen de comunicación, el informe ambiental correspondiente. Asimismo se determina un régimen de intervención ambiental para los proyectos de equipamientos y servicios de titularidad municipal. El título sexto recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades.

2. Si una misma persona o empresa solicita ejercer diversas actividades en un mismo centro o establecimiento sujetos a diferentes regímenes de intervención establecidos en la presente ley, la solicitud debe tramitarse y resolverse en una sola autorización o licencia ambientales, y debe aplicarse el régimen que corresponde a las actividades con grado de incidencia ambiental más elevado. No obstante, se exceptúan de esta regla las actividades que, pese a que se desarrollan conjuntamente en un mismo centro, incluye la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas. En este caso las solicitudes se tramitan y se resuelven de una manera independiente de conformidad con el régimen establecido por el artículo 56 del título sexto.

Artículo 8

Distribución de competencias sectoriales en materia ambiental

1. Las competencias sectoriales en materia ambiental que corresponden a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalidad de Cataluña son las que determina la normativa específica de aplicación en cada materia.

2. Los ayuntamientos tienen una intervención preceptiva en cuanto a contaminación por ruidos, vibraciones, calor, olores, suministro de agua, vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado municipal y gestión de residuos municipales, a no ser que estas competencias sean delegadas expresamente a otros entes u organismos.

3. En el caso de que el funcionamiento de una actividad de los anexos II, III o IV tenga afecciones ambientales significativas sobre más de un municipio, en materias de competencia municipal, los ayuntamientos han de adoptar las medidas de colaboración y coordinación que consideren pertinentes y pueden solicitar, si procede, la colaboración del departamento competente en materia de medio ambiente.

4. En el caso de que el funcionamiento de una actividad del anexo I tenga afecciones ambientales significativas en materias de competencia municipal, los ayuntamientos y el departamento competente en materia de medio ambiente ha de establecer, cuando sea procedente, formas de coordinación y colaboración en las actuaciones que lleven a cabo.

Artículo 9

Valores límite de emisión y prescripciones técnicas de carácter general

1. Los valores límite de emisión y las normas técnicas de carácter general que determina la legislación ambiental, para la prevención y la protección de la contaminación, son de aplicación a todas las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.

2. Para fijar el valor límite de emisión de una actividad determinada, es preciso tener en cuenta:

a) Las condiciones de calidad del medio ambiente potencialmente afectado.

b) Las mejores técnicas disponibles, en cuanto a las actividades del anexo I.1 y, con carácter complementario, en cuanto a las actividades de los anexos I.2, I.3 y II.

c) Las características de las actividades afectadas.

d) Las transferencias de contaminación de un medio a otro.

e) Las sustancias contaminantes.

f) Las condiciones climáticas generales y los episodios microclimáticos.

g) Los planes que, si procede, se hayan aprobado para cumplir compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos por el Estado español o por la Unión Europea.

h) La incidencia de las emisiones en el medio y en las personas.

i) Los valores límite de emisión fijados, si procede, por la normativa vigente en el momento de la intervención administrativa.

3. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas pueden establecerse también en un acuerdo voluntario suscrito entre la Administración competente y la persona o empresa titulares de una actividad o un sector industrial determinado.

4. La medida de alejamiento de las actividades respecto a núcleos de población solo se establece cuando lo determina la normativa sectorial de aplicación o, excepcionalmente, cuando no pueden aplicarse medidas o condiciones técnicas que eviten las afecciones al entorno, sin perjuicio de lo que dispone la normativa urbanística.

Artículo 10

Información ambiental

1. El departamento competente en materia de medio ambiente debe designar la unidad responsable de información ambiental encargada de gestionar la base de datos de actividades ambientales y de satisfacer el derecho de la ciudadanía al acceso a esta información.

2. El órgano ambiental competente debe disponer de información suficiente sobre:

a) La calidad de los recursos naturales y las condiciones del medio ambiente en el ámbito territorial de Cataluña.

b) Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente y, especialmente, sobre los niveles máximos de inmisión fijados legalmente.

c) Las fuentes de emisión de contaminantes, con la expresión del contenido de las resoluciones de la autorización y la licencia ambientales.

d) Los niveles de emisión y las demás prescripciones técnicas establecidas, a todos los efectos, y las mejores técnicas disponibles que han servido de base para establecerlos.

3. La información indicada en el artículo 10.2 constituye, junto con la información que ha de aportar la persona o empresa titular, la referencia para los estudios de impacto ambiental y para la evaluación ambiental de las actividades. Esta información es pública y se recoge en una base de datos ambientales, establecida con la participación de los entes locales, que han de tener libre acceso a la misma para ejercer sus competencias.

4. A los efectos de lo que establece el artículo 10.3, y para garantizar el acceso a la información ambiental, el órgano competente debe crear bases de datos de la información ambiental disponible, con indicaciones claras sobre el lugar donde puede encontrarse esta información, y adoptar las medidas necesarias para difundirlas y ponerlas a disposición de la ciudadanía, sirviéndose de medios telemáticos.

Artículo 11

Uso de medios técnicos

1. Las relaciones interadministrativas, y las de la ciudadanía con las administraciones ambientales, deben llevarse a cabo con técnicas y medios telemáticos, respetando las garantías y los requisitos dictados por las normas de procedimiento administrativo.

2. El Gobierno debe establecer reglamentariamente los sistemas de gestión y comunicación necesarios para hacer efectivo el uso de los medios técnicos y remover los obstáculos formales y materiales que impiden o dificultan su implantación. Con este objetivo, y previa consulta y consenso con las entidades municipalistas, se impulsará la normalización de los formatos y los soportes informáticos.

Boletín Oficial del Estado de 14 de Enero de 2010


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