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Legislación nacional y autonómica

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Capítulo I - Normas generales

Capítulo II - Normas de calidad ambiental

Capítulo III - Zonas de mezcla

Capítulo IV - Inventario de emisiones, vertidos y pérdidas

Capítulo V - Contaminación transfronteriza

Disposiciones adicionales

Disposiciones derogatorias

Disposiciones finales

Anexo I - Normas de Calidad Ambiental para sustancias prioritarias y para otros contaminantes

Anexo II - Normas de Calidad Ambiental para sustancias preferentes

Anexo III - Relación de sustancias contaminantes

Anexo IV - Procedimiento para el establecimiento de NCA

Anexo V - Especificaciones técnicas de los análisis químicos

La aprobación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas ha supuesto, entre otros aspectos, el inicio de un nuevo camino para diseñar una estrategia que permita luchar contra la contaminación del agua de una forma más completa y efectiva.

En concreto, de conformidad con los artículos 4 y 16 de la Directiva 2000/60/CE, se establece la obligación de aplicar las medidas orientadas a reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de las sustancias prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente las emisiones, los vertidos y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

Como un paso más de la estrategia de protección de las aguas, y en cumplimiento del artículo 16 de dicha norma, se ha aprobado la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas. Su objeto es establecer normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes, con el objetivo de conseguir un buen estado químico de las aguas superficiales.

Como complemento a la regulación establecida hasta la fecha en relación con el seguimiento del estado químico de las aguas, se ha adoptado la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas.

El presente real decreto tiene como finalidad trasponer todos los aspectos contenidos en la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre de 2008.

Asimismo, incorpora los requisitos técnicos sobre análisis químicos establecidos en la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, es decir, los criterios mínimos que se deberán aplicar a los métodos de análisis para el seguimiento del estado de las aguas, sedimentos y seres vivos, así como las normas dirigidas a demostrar la calidad de los resultados analíticos. De este modo ambos textos legislativos quedan incorporados al ordenamiento interno español.

La necesidad de trasponer ambas directivas ha sido una oportunidad para adaptar la legislación española vigente sobre sustancias peligrosas a las nuevas obligaciones derivadas de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000. En concreto, se ha aprovechado esta circunstancia para adaptar parte de la legislación española que traspone la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (disposición derogada por la versión codificada de título Directiva 2006/11/CE), así como la legislación española que traspone las directivas derivadas de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo.

Con el desarrollo de la nueva legislación comunitaria sobre sustancias peligrosas se han ido derogando de forma progresiva las distintas obligaciones derivadas en la Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo, conforme a los plazos previstos en la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, y de la Directiva 2008/105/CE, de 16 diciembre; de modo que la derogación completa tendrá lugar el 22 de diciembre de 2013. El período transitorio es bastante largo, 13 años, durante el cual coexisten dos marcos legislativos que regulan temas estrechamente relacionados. Esta circunstancia ha obligado a ir incorporando de forma racional y coherente los requisitos derivados de la nueva legislación y a la vez mantener vigente la anterior, sin que ello supusiera vacío legal, contradicción, duplicidad o indeterminación. Uno de los elementos esenciales de la Directiva 76/464/CEE consistía en la distinción entre sustancias de Lista I y II, diferenciación recogida en las disposiciones sobre protección de las aguas superficiales frente a sustancias peligrosas previstas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, y en el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, del 6 de julio. En el presente real decreto se establecen las medidas a aplicar durante el período de transición en el que coexisten ambos marcos normativos sobre sustancias peligrosas.

Con este objeto, se actualiza la legislación española que recoge las normas de calidad ambiental de las sustancias preferentes, seleccionadas por presentar un riesgo significativo para las aguas superficiales españolas debido a su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación o por la importancia de su presencia en el medio acuático. De esta forma, se consolidan las disposiciones contenidas en el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes; y las secciones B y C del anexo I, y anexo II del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. La incorporación de ambos textos al presente real decreto permite derogar ambas disposiciones simplificándose de este modo la normativa vigente.

Finalmente, este real decreto incorpora al derecho español el apartado 1.2.6 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000. En dicho anexo queda definido el procedimiento para el establecimiento de NCA de contaminantes en aguas, sedimento o biota. Dicho procedimiento deberá aplicarse para obtener la NCA de los contaminantes relevantes de cada demarcación hidrográfica.

En resumen, este real decreto tiene por objeto establecer NCA para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes de riesgo en el ámbito europeo; y para las sustancias preferentes de riesgo en el ámbito estatal. Asimismo, incorpora las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas, y fija el procedimiento para calcular las NCA de los contaminantes con objeto de conseguir un buen estado de las aguas.

En el articulado se recoge en primer lugar un amplio catálogo de definiciones relativas a la materia desarrollada en el texto. A continuación se establecen las NCA para las sustancias prioritarias, las preferentes y para los contaminantes relevantes de la demarcación hidrográfica. Asimismo establece la posibilidad de que los órganos competentes puedan fijar NCA para los sedimentos o la biota en determinadas categorías de masa de agua. Además obliga a vigilar las tendencias en la concentración a fin de evaluar el impacto de la actividad antropogénica a largo plazo.

En aplicación de lo previsto en la propia Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre de 2008, los órganos competentes podrán designar zonas de mezcla adyacentes a los puntos de vertido donde las concentraciones de los contaminantes podrán superar las NCA siempre que no se comprometa el cumplimiento de dichas normas en el resto de la masa de agua. Además elaborarán un inventario de las emisiones, vertidos y pérdidas de las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

Este real decreto se dicta en desarrollo de los artículos 92, 92 bis, 108 bis y la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que habilita al Gobierno para dictar las normas reglamentarias que requieran su desarrollo y aplicación.

Por otra parte, la disposición adicional novena de la Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas, incorporada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en su apartado 6 establece que el Gobierno podrá modificar o ampliar la relación de sustancias, los objetivos de calidad, los métodos de medidas y el procedimiento de control que figura en los anexos I, II y III, por lo que el presente real decreto cuenta con la debida habilitación legal.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Agua. En su tramitación han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados y ha sido sometido a información pública.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2011, dispongo: