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Noticias jurídicasDivisión en el CGPJ sobre la constitucionalidad de la Ley Integral contra la Violencia a la MujerVocales designados a propuesta del PP consideran "chapucera y frívola" la Ley, defendida por los progresistasMADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Consejo General del Poder Judicial está dividido entre los vocales que consideran inconstitucional la Ley Integral contra la Violencia ejercida sobre la Mujer, y quienes defienden que se ajusta a la Constitución. Vocales designados a propuesta del PP tacharon hoy la Ley de "inconstitucional, chapucera y frívola", mientras que Montserrat Comas, vocal a iniciativa del PSOE, apoya su constitucionalidad de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión de Estudios del Consejo estudiará mañana el informe sobre la materia que ha elaborado Montserrat Comas, quien defiende en líneas generales la Ley y su constitucionalidad, aunque propone mejoras puntuales en varios aspectos. Argumenta que el hecho de prever delitos específicos cuyo sujeto pasivo es sólo la mujer, y no el hombre, supone una "discriminación positiva" en favor de la mujer avalada por la Constitución. Sin embargo, un miembro de la Comisión y vocal a propuesta del PP expresó una crítica global contra el texto legal preparado por el Gobierno, que no dudó en calificar de "la Ley más chapucera" que ha recibido nunca. Entiende además que supone un engaño y una frivolidad, ya que no servirá para proteger a las mujeres. "Al maltrato de los agresores que sufren las mujeres se suma ahora el maltrato del legislador", dijo. IGUALDAD La misma fuente considera que la Ley es inconstitucional en multitud de aspectos, empezando por vulnerar el artículo 14 de la Constitución, que establece el principio de igualdad entre sexos, al referirse en exclusiva a las mujeres y no a las víctimas de la violencia doméstica de otro sexo. Comentó que algo parecido sucedería si se pretendiera legislar sólo para negros. Asimismo, el vocal citado destacó que comparte los objetivos de la norma y la necesidad de una Ley Integral contra la Violencia Doméstica, y añadió que sus discrepancias no son políticas, sino jurídicas. Indicó que las mujeres deben ser tratadas jurídicamente con respeto y rigor, lo que entiende que no hace está Ley, que cree que se ha hecho precipitadamente. En la Comisión de Estudios del Consejo, que emitirá mañana el informe preceptivo sobre la Ley, aunque no vincula al Gobierno, hay tres vocales a propuesta del PP y dos del PSOE. El Pleno del CGPJ, donde los vocales próximos al PP más el presidente forman mayoría, aprobará el dictamen definitivo el próximo jueves. Frente a la postura de vocales propuestos por el PP, el borrador de informe que ha preparado Montserrat Comas, como vocal ponente en esta cuestión, defiende la constitucionalidad de la Ley, aunque sugiere varias mejoras del texto. COMAS: DISCRIMINACION POSITIVA A LA MUJER Comas argumenta que cuando la Ley prevé delitos específicos, o formas agravadas de los mismos, en los que el sujeto pasivo es únicamente la mujer, "esta forma de discriminación debe entenderse como 'una acción positiva' o 'discriminación positiva' reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario". El informe de esta vocal apoya su tesis en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Una de esas resoluciones, del T.C., señala que "no puede, pues, afirmarse genéricamente que cualquier ventaja legal otorgada a la mujer sea siempre discriminatoria para el varón por el mero hecho de no hacerle partícipe de la misma (como podría al contrario serlo para la mujer la que le impusiera una privación solamente por razón del sexo). Y al contrario, la justificación de tal diferencia podría hallarse en una situación de desventaja de la mujer que se trata de compensar". Además, Comas indica en su informe que el 90 por ciento de las denuncias por violencia doméstica son presentadas por mujeres, y que, en lo que va de año 2004, 29 mujeres murieron a manos de sus parejas, frente a 6 menores y un sólo hombre. "Estos datos demuestran que el problema real que afecta a la sociedad española es el de la violencia sobre la mujer. Esta es la auténtica lacra social", destaca el documento. "No es gratuito sino fácilmente comprensible el que se haya optado por una Ley Integral de medidas contra la violencia sobre la mujer, lo que no implica, en modo alguno, que queden desprotegidos los demás sujetos pasivos que de alguna forma sufren violencia doméstica", subraya el dictamen. Además, asegura que la denominación de la Ley cuenta con un amplio apoyo en los textos de los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Comas no ahorra elogios a la iniciativa legal del Gobierno, que cree que reforzará la agilidad y unificación en la adopción de medidas civiles y penales para atajar el problema. Sin embargo, también critica aspectos puntuales, como la "poca claridad expositiva" de la Exposición de Motivos, o "las importantes deficiencias" de algunos artículos. OTRA DEFINICION La principal objeción de Comas a la Ley es la definición que hace del concepto de violencia sobre la mujer, al exigir que sea un instrumento "para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". La vocal cree que ello complica mucho la aplicación de estos preceptos, por lo que sugiere que se sustituya por la definición de Naciones Unidas, que habla de "todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida política como en la vida privada". Además, sugiere que se incluyan entre las competencias de los jueces de Violencia sobre la Mujer la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos cometidos sobre los hijos de la víctima, en cuanto guarden relación con la situación de la madre. |
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