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El CGPJ rechaza el informe favorable a la Ley Integral de Violencia de Género

La mayoría conservadora observa dudas de constitucionalidad por discriminación por sexos, que niegan los vocales progresistas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Estudios de Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó hoy la propuesta de dictamen a la Ley Integral de Violencia de Género con los tres votos en contra de la mayoría conservadora y los dos votos a favor de los vocales progresistas. Así, rechazaron la propuesta los vocales designados por el PP Adolfo Prego José Luis Requero y Javier Laorde, y lo apoyaron los designados por el PSOE Luis Aguiar y Montserrat Comas, que fue la ponente del estudio.

Asimismo, la Comisión planteará en el próximo pleno solicitar al Gobierno la ampliación de 15 días de plazo para emitir informe, con el fin de agotar el periodo ordinario de 30 días en lugar del extraordinario que le había pedido el Ejecutivo, según explicó el portavoz del CGPJ, Enrique López. La Comisión de Estudios decidió también designar un nuevo ponente, que será José Luis Requero, otra vez con los votos a favor de la mayoría conservadora del CGPJ y con lo abstención de los progresistas.

López señaló que se convocará una nueva Comisión de Estudios e Informes cuya fecha no está determinada aún y en la cual se debatirá esa nueva propuesta de informe para que sea nuevamente sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su pleno.

EL TEXTO PUEDE APROBARSE SIN EL INFORME DEL CGPJ

A juicio del portavoz del CGPJ, la ampliación del plazo no impediría al Ejecutivo remitir el proyecto de Ley al Gobierno antes del mes de julio. En cualquier caso, precisó que el Ejecutivo podría aprobar el texto sin el informe del CGPJ.

"Es voluntad del CGPJ cumplir el plazo ordinario, si es concedido por el Gobierno. En ese caso, cumpliremos ese plazo. Entendemos que esta Ley merece un estudio de 30 días y en ese sentido creemos que es perfectamente compatible el plazo de 30 días con que el anteproyecto pueda ser presentado siempre antes del mes de julio", comentó.

COMAS LAMENTA EL RECHAZO

Por su parte, Montserrat Comas lamentó "profundamente" que no se alcanzara un consenso en torno a su propuesta. "No ha prosperado porque el sector conservador mayoritario no acepta las dos líneas de flotación más importantes: la necesidad de que exista una Ley integral de medidas contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y tampoco se está de acuerdo en la creación de los juzgados de violencia sobre las mujeres", explicó.

Sin embargo, en su opinión, la ley es necesaria porque responde a un problema social, que es la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres y ello no perjudica al resto de sujetos pasivos del ambito familiar que sufren violencia, porque no se propone modificación en el Código Penal.

En este sentido, recordó que todas las estadísticas judiciales acreditan que el problema social está en el hecho de que son las mujeres las que soportan la violencia. Así, apuntó que de 76.000 denuncias registradas en 2003, un 90 por ciento fueron interpuestas por mujeres y que de 6.004 ordenes protección judicial juzgadas en cinco meses el 92,5 son para mujeres. Igualmente, relató que este año ya han fallecido por esta causa 29 mujeres, junto a tres menores y un varón muerto a manos de otro hombre.

"El anteproyecto de Ley no vulnera derechos fundamentales de las personas, encaja perfectamente dentro de la Constitución y es necesario porque responde a una necesidad social. El anteproyecto es plenamente constitucional", enfatizó.

Por el contrario, el vocal conservador y designado nuevo ponente del informe, Luis Requero, aseguró que "ha sido imposible aceptar el informe que incialmente proponía la ponente porque la mayoría de la Comisión no lo apoya".

"Estamos conformes en el diagnóstico del terrible problema social que afecta fundamentalmente a las mujeres y en la finalidad también, que es acabar con esta lacra, pero con instrumentos jurídicos bien perfilados --comentó--. Lo que significa encajarlos en un sistema complejo en que se incluye también la Constitución, que contiene sus propias exigencias y derechos fundamentales".

MECANISMOS JURÍDICOS INEFICACES

Por ello, reprochó que el texto del Ejecutivo contenga mecanismos jurídicos que, "aún siendo bienintencionados, derivados de una causa real y con un propósito realmente defendible, están jurídicamente mal construidos hasta tal punto que ni siquiera van a ser eficaces para defender a las mujeres contra las agresiones.

Requero insistió en que el anteproyecto "es bueno por todo lo que incluye pero es malo por lo que excluye". "No se puede crear un derecho estrictamente determinado por el sexo de una persona porque no esta permitido en ninguna democracia civilizada que se hagan discriminaciones por razón de ideología, sexo, religión o creencias políticas, ni existen tribunales para determinadas razas, creencia religiosas o políticas, ni para cada sexo", reiteró.

En definitiva, justificó el rechazo no "por lo que protege a las mujeres sino porque es tacaño en cuanto a que excluye a determinados ciudadadanos por su condición de varones". Respecto a su constitucionalidad o no señaló que es "muy discutible" que encaje en la Carta Magna, mientras que su propuesta "es perfectamente constitucional".

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