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Un 76 por ciento de los abogados barceloneses da un 'suspenso' a la Ciudad de la Justicia

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Un 76 por ciento de los abogados barceloneses dan un "suspenso" a la futura Ciudad de la Justicia, según una encuesta por Internet que está realizando el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

Este dato lo dio a conocer hoy la presidenta de la comisión de Relaciones con la administración de justicia (CRAJ) del colegio de abogados, Roser Navarro durante un fórum jurídico al que asistieron abogados, procuradores y fiscales además del secretario general de Justicia de la Generalitat, Joan Turró.

Según esta encuenta, que continua abierta a los letrados colegiados al ICAB, más de un 70 por ciento de los colegiados cree necesaria una ciudad de la justicia. Sin embargo, el 80 por ciento puntúa con un 1 --en una escala del 1 al 10-- el hecho de que la modificación del proyecto de ciudad de la justicia se haya hecho sin consultar a los abogados ni a otros operadores jurídicos.

Asimismo, la encuesta revela que más de la mitad de los colegiados valora también con un 1 --la puntuación más baja--, la desconcentración de los juzgados en dos núcleos tan dispersos y alejados como son la ciudad judicial y el Eixample.

Roser Navarro agradeció el "cambio de talante" de la consejería de justicia "después de enterarnos de la modificación del proyecto de Ciudad Judicial a través de los periódicos" aunque se mostró crítica con el nuevo proyecto.

Según Navaroo, "los abogados y creo que todos los operadores jurídicos estamos a favor de 'una ciudad judicial' pero en contra de 'ciudades judiciales' porque no resuelven el actual problema de la dispersión y se crean, además, problemas que ahora no tenemos". La presidenta del CRAJ aseguró que "se tarda más de una hora en ir desde los juzgados del paseo Lluís Companys a la zona de Gran Via, entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, donde se instalará la Ciudad Judicial" y añadió que "no se puede obligar a la gente a ir en transporte público y el proyecto contempla tan sólo 352 plazas de párking y teniendo en cuenta que el volumen de funcionarios será de 3.000 y el de usuarios unos 8 o 9.000 con 352 plazas de aparcamiento lo tenemos francamente difícil".

Navarro señaló que "las críticas que prodigaban del anterior proyecto también son aplicables al actual, y tampoco son tantas las ventajas".

Por su parte, ante los más que probables problemas de movilidad, el secretario de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, Joaquim de Miquel advirtió que "si bien hasta ahora los abogados hemos hecho el esfuerzo de llegar a todas partes, a pesar de que sean diferentes edificios judiciales, cuando se ponga en marcha la ciudad de la justicia pediremos la suspensión para curarnos en salud ante la imposibilidad de poder llegar a tiempo".

También intervino en este "fórum jurídico" el vicedecano del colegio de procuradores, Jordi Navarro recordó que el colectivo profesional al que representa se llevará la peor parte con la nueva ciudad judicial porque "la ley nos obliga a estar en todas partes y eso es imposible si hemos de cruzar la ciudad de punta a punta".

Menos crítico se mostró el fiscal José María Romero de Tejada, que aunque reconoció que no se trata del mejor de los modelos de ciudad judicial señaló que el ministerio público espera "al menos contar con alojamiento propio" en dichas dependencias. Romero de Tejada advirtió que las recientes reformas penales obligarán a adecuar el proyecto.

Ante este chaparrón de críticas, el secretario de Justicia, Joan Turró salió al paso reconociendo que "aunque no se trata de una solución con valor 100 será mejor que lo que tenemos ahora". Turró señaló que el actual equipo de gobierno se encuentra condicianado por los compromisos de la anterior consejería de justicia y que es incalculable el "coste que supondría deshacer los compromisos y poner en cuestión lo que ya está firmado".

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