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Las asociaciones de jueces discrepan sobre la constitucionalidad de la nueva Ley de Violencia Doméstica

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de jueces discreparon hoy sobre la constitucionalidad del anteproyecto de Ley contra la Violencia sobre la Mujer, cuestionado ayer por el Consejo General del Poder Judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de tendencia conservadora, cree que la Ley tiene varios puntos anticonstitucionales, mientras que Jueces para la Democracia y la asociación "Francisco de Vitoria" defienden el proyecto y entienden que no vulnera los valores constitucionales.

José Manuel Suárez Robledano, portavoz de la APM, declaró a Europa Press que la llamada discriminación positiva hacia la mujer en estos asuntos "no se ha aplicado en ningún país democrático del mundo, y en ninguno de ellos hay un Juzgado que sólo vaya a conocer de reclamaciones de personas de un mismo sexo. Supone que el acceso a la Justicia queda restringido en función del sexo".

"También es anticonstitucional por los supuesto penales que establece en los que el sexo del infractor predetermina la pena", agregó el portavoz, quien cree que otro problema es cambiar el título de la Ley de "violencia doméstica" a "violencia sobre la mujer", ya que ahora parece que no se quiere proteger a los menores, ancianos o discapacitados.

JpD: ENTURBIAR EL PROBLEMA

Por Jueces para la Democracia, Inmaculada Montalbán señaló a Europa Press que "cuestionar la legitimidad de un Anteproyecto de Ley razonable sólo conduce a enturbiar el tema y a dispersar esfuerzos contra lo que queremos todos, que es reducir las muertes y agresiones por violencia doméstica".

Según Montalbán, "el proyecto entra dentro de la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional tiene declarado que el legislador puede optar por crear una ley específica cuando hay un problema concreto como éste y que afecta a un gran sector de la población; según una estadística del CGPJ un 90 por ciento de las personas que reciben malos tratos son mujeres".

"Si el legislador opta por hacer una ley contra la violencia ejercida sobre la mujer existe por tanto una justificación razonable. Con este tipo de leyes se pretende arrancar de una situación de desigualdad para situar a la mujer en un mismo estatus que el hombre mediante ayudas económicas y sociales", indicó esta portavoz.

No obstante, cree que la ley puede ser susceptible de mejoras en el ámbito penal y procesal, y que sería interesante consensuar una ley entre todos para que sea más eficaz. En concreto, apuntó que puede examinarse si es mejor que la Ley se enfoque sólo hacia las mujeres o incluir también a los menores y los ancianos, por ejemplo.

FV: MUY POSITIVO EL PROYECTO

En cuanto a la asociación "Francisco de Vitoria", su portavoz, Manuel Torres Vela, consideró que "es muy positivo el proyecto del Gobierno, porque son un conjunto de medidas destinadas a atajar el problema desde todos los puntos de vista, no sólo desde el ámbito procesal penal sino también desde una perspectiva social y educacional".

"Respetamos la opinión del CGPJ. Dijimos que el proyecto obedece a una política criminal del Gobierno y que si tendía a atajar un problema que fundamentalmente afecta a la mujer no suponía discriminación alguna ni atentaba contra los valores constitucionales. Hay aspectos mejorables en el proyecto que serán mejorados en el trámite parlamentario. Las penas dirigidas a los hombres no atentan contra los derechos fundamentales", manifestó.