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Noticias jurídicasJuristas internacionales piden reformas en la ONU para evitar 'soslayar la ley' con el derecho a vetoEl diálogo 'Justicia internacional' pide regular las intervenciones humanitarias y el papel de los "mercenarios"BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) Los juristas internacionales que han participado estos días en el diálogo de 'Justicia internacional' del Forum 2004 pidieron hoy, a modo de conclusión, una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que el derecho a veto de los miembros permanentes bloquee "acciones contrarias a sus intereses" y "se arroguen" a su vez "el derecho a intervenir" militarmente, con lo que "se está soslayando la ley". El ex presidente de los Tribunales Penales Internacionales (TPI) para la ex Yugoslavia y Ruanda, Richard Goldstone, fue el encargado de sintetizar los acuerdos a los que se ha llegado tras tres días de debate. Para los jueces, "hay mucho margen para el optimismo en cuanto a la justicia penal internacional" porque "antes del fin de la Segunda Guerra Mundial no había nada similar" a este concepto, inaugurado con los juicios de Nüremberg. Hasta ese conflicto, "ir a la guerra no se consideraba ilegal", mientras que, con la creación de la ONU, "no se podía hacer uso de la fuerza militar sin autorización del Consejo de Seguridad". El problema, comentó Goldstone, es que "el Consejo de Seguridad ya no refleja la realidad política sobre el terreno", dado que Francia o Gran Bretaña gozan de un escaño permanente, "y se excluye a países africanos, latinoamericanos o a Japón, el segundo donante tras EE.UU." La combinación del derecho a veto y el que estos países "se arroguen el derecho a intervenir" en conflictos armados sin el permiso de la ONU, como fue el caso de Irak, comporta que "se está soslayando la ley". En este sentido, Goldstone recordó que "incluso EE.UU.", tras la invasión de Irak, "tuvo que volver a la ONU porque, por primera vez, se percató de que, a pesar de su poderío militar, no era lo suficientemente fuerte para ser la policía del mundo". Los juristas alertan en sus conclusiones del "peligro por la gran confusión en el uso de la palabra guerra en el contexto del terrorismo", usada por George Bush tras los atentados del 11 de septiembre. "El terrorismo es una actividad criminal, por lo que hay que invocar la justicia penal para combatirla, no la guerra", subrayó Goldstone. REGULAR EL PAPEL DE LOS MERCENARIOS. Uno de los aspectos que suscitó mayor preocupación es el papel de los "mercenarios" en los conflictos. Como ejemplo, Goldstone, nacido en Sudáfrica, explicó que "más de 120 policías" de este país "aministiados tras el 'apartheid' trabajan en Irak para empresas privadas, lo que me horroriza". El juez recalcó que "los mercenarios modernos no trabajan para los ejércitos, sino para las empresas de seguridad y los contratistas privados, sin ninguna formación en derechos humanos". Por ello, los jueces piden "una convención internacional de la ONU para evitar que estas empresas privadas hagan el trabajo de los gobiernos o de los ejércitos". Asimismo, consideran que se precisan "nuevas reglas" que definan "cuándo está justificada una intervención" militar "humanitaria", como la emprendida por la OTAN en Kosovo para frenar la limpieza étnica de Slobodan Milosevic. "No han de decidirlo los países poderosos, sino la ONU", defendió Goldstone. BUENAS PERSPECTIVAS. Pese a estos retos de futuro, los jueces que han participado en el diálogo consideran que "el mundo evoluciona en la dirección adecuada", dado que la Corte Penal Internacional (CPI) cuenta ya con casi un centenar de ratificaciones estatales, por lo que puede ponerse en funcionamiento y "sin problemas desde el punto de vista financiero". Para Goldstone, la creación de la CPI es posible en gran medida por los "éxitos", a menudo "no reconocidos", de los TPI creados por la ONU para la ex Yugoslavia y Ruanda. Estos tribunales "han demostrado que la justicia internacional es posible, así como también ofrecer un juicio justo", al tiempo que han supuesto "un gran progreso para el derecho humanitario internacional" que, antes de su creación, "era papel mojado, porque ningún tribunal lo aplicaba". El trabajo de estos tribunales para juzgar "delitos de género, violaciones masivas o prostitución forzada" ha comportado un "cambio en el derecho". El estatuto de la CPI tipifica estos delitos y "también los han introducido las justicias nacionales de algunos países". Las conclusiones del diálogo alaban también el papel de las ONG en la lucha por los derechos humanos y ven su "proliferación" como un factor positivo. |
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