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Consejo.- El Gobierno crea 37 nuevos juzgados de lo mercantil que comenzarán a funcionar el 1 de septiembre

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean un total de 37 nuevas unidades jurisdiccionales dedicadas a resolver asuntos de carácter mercantil.

De estos 37 nuevos órganos judiciales, 24 estarán dedicados en exclusiva a causas de orden mercantil (cinco en Madrid, cuatro en Barcelona, dos en Valencia y uno en Cádiz, Málaga, Sevilla, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, A Coruña, Pontevedra, Murcia, San Sebastián y Bilbao), mientras que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante compaginará sus funciones de ámbito provincial con la sede del Tribunal de Marcas, Dibujos y Modelos Comunitarios en España en segunda instancia, extendiendo su jurisdicción a estos exclusivos efectos a todo el territorio nacional.

Otros diez juzgados de Primera Instancia compatibilizarán sus asuntos con materias de orden mercantil (número 7 de Almería, número 9 de Córdoba, número 14 de Granada, número 19 de Zaragoza, número 10 de Santander, número 8 de León, número 12 de Valladolid, número 6 de Girona, número 6 de Lleida y número 7 de Tarragona), de la misma forma que los harán los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Logroño y 5 de Ceuta.

Además, el Ministerio de Justicia ha creado una plaza de Magistrado para la sección Octava (Tribunal de Marca Comunitaria) de la Audiencia Provincial de Alicante.

ATENCIÓN A LAS PRIORIDADES DEL CGPJ

La creación de estos órganos jurisdiccionales, correspondientes a la programación del año 2004, atiende según el Gobierno a las prioridades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial, en función del volumen de asuntos en materia mercantil que asumen los Juzgados del orden jurisdiccional civil, y se encamina a permitir el desarrollo eficaz de la función de estos Juzgados.

En este sentido, la entrada en vigor el próximo día 1 de septiembre de la Ley Concursal justifica "la necesidad de adecuar el desarrollo de la planta judicial para hacer efectivas las innovaciones introducidas en la misma, que inciden de forma evidente en la estructura judicial con la consiguiente mejora de la Administración de Justicia", señala el Ejecutivo.