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Noticias jurídicasEl CGPJ y el TSJ respaldan el trabajo de los jueces de Alzira (Valencia) en el crimen de Jenny Lara y sus dos hijosVALENCIA, 9 (EUROPA PRESS)El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la sala de Gobierno y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana expresaron hoy su apoyo a la labor realizada por los jueces de Alzira (Valencia) en el caso del crimen de Jenny Lara, de 36 años, y sus dos hijos, de ocho y cinco años, que fallecieron en la madrugada del 30 de abril en este municipio después de que el ex compañero de la víctima supuestamente rociara la casa en la que vivían con gasolina y la incendiara. Así lo expresaron el vocal del CGPJ para la Comunidad Valenciana, Javier Laorden, y el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, tras una reunión que mantuvieron con cuatro jueces de este municipio, Pilar Luna, María Angeles Sierra, Manuel Fayos y Begoña Estany en la que se analizó la experiencia vivida con este caso con el objetivo de extraer conclusiones y corregir posibles disfunciones. La última de estas magistradas, que fue la que realizó el levantamiento de los cuerpos de los fallecidos, aseguró a los periodistas que en este caso se sintió "injustamente tratada". "Somos mujeres, jueces y trabajamos para tratar de evitar este problema. En las guardias, cuando entra una mujer que denuncia unos malos tratos te quedas hasta la hora que haga falta y procuras que se vaya del juzgado con el tema solucionado, en la medida de lo posible en lo que la ley te permite", dijo, y lamentó el que "te esfuerces y te llamen jueza asesina como si fueras el último culpable" mientras del asesino "prácticamente ni se mencionaba su culpabilidad". La magistrada insistió en que en este caso no constaba ninguna denuncia ni en los juzgados ni en la Comisaría de Policía por incumplimiento de la medida de alejamiento impuesta al presunto autor de los hechos, que la quebrantó la misma noche del triple crimen. "Si eso se denuncia, se podrían haber adoptado medidas cautelares de libertad más restrictivas para el individuo", añadió. Así, de acuerdo con el presidente del TJS, la actuación judicial en este caso se "ajustó plenamente a la ley", mientras que Laorden añadió que los magistrados "actuaron con total corrección" en unas circunstancias que "fueron las que fueron". "La orden de alejamiento ahí estaba y se dio a la víctima la tutela adecuada", dijo, y añadió: "luego, ha fallado el sistema, pero funcionamos con personas al borde del límite", --en referencia al agresor--, por lo que no se puede controlar que un hombre "vaya por la noche a la casa de esta señora y le prenda fuego". "Podemos coordinar todo lo que queramos pero habrá momentos en que no podamos llegar a situaciones de esta naturaleza", insistió. De ahí que hizo hincapié en que la judicatura "actuó correctamente" y agregó que cada vez que se produce un asesinato "algo falla en la sociedad" por lo que el problema es "cómo mejoramos para que no ocurra en el futuro y cómo nos coordinamos y trabajamos mejor". Laorden, que se mostró partidario de que haya mayor comunicación entre medios de comunicación y jueces para estos casos y afirmó que si se busca "el fallo permanente, nos estaremos equivocando". En su opinión, lo que se está haciendo es "enormemente grande y existe una sensibilidad, un buen hacer en el trabajo y no hay que dudar permanentemente de la Justicia". "MAS ALLA" DEL CODIGO La jueza Pilar Luna añadió que en estos casos, se preguntan sobre la necesidad de que haya psicoanalistas, psicólogos o asistentes sociales para que "trabajen conjuntamente con nosotros en estos temas y podamos encontrar una respuesta adecuada" y cuestionó si la violencia doméstica se debe reinterpretar "más allá" del Código Penal y desde otras áreas del conocimiento. "Los conflictos entre un hombre y una mujer no se resuelven sólo con una ley", apostilló. Esta magistrada consideró que en el caso del triple crimen de Alzira hubo, por parte de la población, una "reacción desproporcionada" hacia ellos aunque "desde el ámbito de la afectividad, fue una respuesta que se dio desde el sufrimiento". "Debemos de comprender que la gente pedía la máxima respuesta que pudiéramos dar", dijo. Uno de los acuerdos alcanzados en la reunión es que se coordine y "perfeccione" la comunicación entre los juzgados de lo penal y los de instrucción de la Comunidad Valenciana con el objetivo de que las sentencias que dicten los primeros sean conocidas por los segundos a la hora de calificar las futuras instrucciones de los casos. Según los datos facilitados por el TSJ, entre enero y marzo de 2004 se atendieron 822 solicitudes de órdenes de protección de las que se acordaron 662 y se denegaron 160. De ellas, 42 de los que la pidieron eran hombres y 780 mujeres. El pasado año, desde que entró en vigor esta ley en agosto y hasta diciembre se pidieron 711 órdenes de las que 554 obtuvieron respuesta positiva de los tribunales. |
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