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A dos años de que se destapara el caso CPV, los abogados siguen negociando la devolución de parte del dinero estafado

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

A pocos días para que se cumplan dos años desde que se destapara el 'caso CPV', la presunta estafa inmobiliaria cometida por la Comercializadora Peninsular de Viviendas en tres PAUs del Norte de Madrid, los abogados que representan a los afectados continúan negociando para que sus clientes puedan recibir parte del dinero que les defraudaron.

A principios de octubre de 2002 se destapó el supuesto fraude cuando cerca de 1.200 familias, clientes de la inmobiliaria, se dieron cuenta de que la empresa a la que desde 1998 habían confiando todos sus ahorros (una media de 18.000 euros por persona) para la adquisición de una vivienda, había vendido gran parte de los terrenos adquiridos en Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro para las casas de esas personas y además no disponía de dinero suficiente como para devolver las cantidades que los perjudicados habían aportado.

Inmediatamente, los estafados se constituyeron en Asociación de Afectados por CPV e iniciaron acciones legales. Algunas de esas 1.200 familias, las más afortunadas, lograron que CPV les devolviera la totalidad o una parte del dinero que habían ido entregando por su futura casa.

Sin embargo, la inmensa mayoría -algunos abogados calculan que más de 800- se quedaron sin nada. Gran parte de éstos adoptaron medidas legales interponiendo una querella criminal contra el director general de la Empresa, Francisco García Moreno; y contra los administradores, Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez y Miguel Ángel Morillo del Pozo.

RECONOCIÓ LA DEUDA

Paralelamente, un abogado, en representación de sus clientes, presentó una demanda de quiebra ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid. El juez admitió a trámite la demanda y decretó la quiebra material de CPV, iniciándose un enjambre de acciones y decisiones civiles que, en principio, deberían llevar a devolver a los litigantes parte del dinero, siempre en función del capital de que dispusiera la inmobiliaria en el momento de decretar su quiebra.

Por la vía legal, la querella criminal recayó el el Juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que se inhibió a favor del 34, puesto que fue quien años atrás conoció otra denuncia contra CPV. Antes de que esto sucediera, la titular del Juzgado número 8 decretó prisión incondicional para los cuatro imputados.

Sin embargo, antes de que terminara el año, la titular del Juzgado número 34 revocó esa decisión y les concedió la libertad provisional, situación en la que se encuentran desde entonces. A pesar de los sucesivos recursos presentados por las acusaciones, y de que García moreno reconoció en su declaración judicial tener una deuda de 3.000 euros con los clientes de CPV, la juez mantuvo la excarcelación de los supuestos estafadores.

Dos años después de que comenzara la instrucción los afectados no han recuperado el dinero que adelantaron. Actualmente, sus abogados están negociando extrajudicialmente con las empresas que compraron terreno a CPV para tratar de alcanzar acuerdos por los que deshagan esas operaciones, informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Asimismo, antes de que acabe el año está previsto que se celebre una junta de acreedores para reconocer el crédito existente y así poder liquidar el reparto del capital entre los adeudados, según indicaron las mismas fuentes.