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Noticias jurídicasAVE.- Anticorrupción y acusaciones particulares defienden que los hechos relativos al cheque de Seat no han prescritoMADRID, 17 (EUROPA PRESS)La fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez, el abogado del Estado y las tres acusaciones populares pesonadas en el sumario del "caso AVE" se opusieron hoy en la Audiencia Provincial de Madrid a las peticiones de nulidad expresadas por los abogados defensores de los cinco procesados en la primera pieza de esta causa, relativa al cheque de SEAT. La defensas habían alegado que los hechos de los que se acusa a sus clientes, cometidos en 1988, están prescritos. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid celebró hoy una vista previa al juicio oral por este caso, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 41 años de cárcel por los delitos de cohecho y falsedad. La Sala, presidida por el magistrado Juan José Ortega, dictará un auto para resolver sobre las cuestiones de nulidad antes de fijar una fecha para el comienzo del juicio en sí. Los imputados en esta pieza son la ex responsable de finanzas del PSOE, Aída Álvarez; el que fuera director general del SEAT Juan Antonio Diéz Álvarez; el miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan Carlos Mangana y los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid Arturo García Barbeira y Javier Aguirre de Palacio. También se solicitan responsabilidades civiles a Elena Abreu (viuda del embajador alemán en España Guido Brunner). En esta causa se enjuicia la entrega por parte del que fuera presidente de Seat Juan Antonio Díaz Álvarez al embajador alemán en España Guido Brunner, ya fallecido, de un cheque por valor de 150 millones de pesetas ( 901.518 euros) al portador, más 25 millones de pesetas en efectivo (150.253) para el diplomático. La copia del talón y el resguardo del ingreso del dinero en una cuenta del Banco Árabe Español fueron encontrados en una de las mesas del despacho de la ex coordinadora de Finanzas del PSOE, Aida Álvarez. El cheque fue sacado a la luz por el periodista de El Mundo Melchor Miralles y entregado al instructor del "caso Filesa", que decidió desglosar este asunto de la causa y remitir la investigación de este documento a los Juzgados de Plaza de Castilla. La vista comenzó con las alegaciones de las defensas, que coincidieron en señalar que sus clientes no fueron imputados en este proceso hasta 1996 -momento en el que declararon ante la juez instructora-, cuando ya se habían cumplido de sobra los cinco años del plazo de prescripción fijado para los delitos que se les imputan, presuntamente cometidos en 1988. A este respecto, tanto la Fiscal como el resto de acusaciones discreparon la fecha señalada por las defensas para centrar el hecho delictivo -la emisión del cheque de SEAT, en julio de 1988-, al considerar que con este hecho no concluyó todo el proceso criminal. Gálvez recordó también que en delitos como los de este caso (compuesto de cohecho y falsedad en los que interviene funcionario público), el plazo de prescripción es de diez años, y no de cinco. "ACUSACIÓN SORPRESIVA". Igualmente, todas las defensas coincidieron en señalar que los derechos fundamentales de sus patrocinados habían sido vulnerados al ser objeto de una "acusación sorpresiva", puesto que el tribunal que va a juzgarles ha acordado que los acusados deban responder también por los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y falsedad que se contienen en los escritos de las acusaciones populares. En este proceso están personados como acción popular el PP, el empresario José María Ruiz-Mateos y el denunciante Joaquín Mundo Arago. Por su parte, el letrado de Aída Álvarez, Francisco Montiel, pidió también que esta causa se acumule con la principal del 'caso AVE', que ha recaído en otro tribunal diferente de esta Audiencia, al existir conexidad entre los hechos enjuiciados aquí y los de la pieza principal de la causa, además de alegar la existencia de "cosa juzgada" por coincidir algunos elementos de la pieza de SEAT con los utilizados en "Filesa", por los que su cliente ya fue condenada. Sobre esta cuestión, la fiscal Gálvez recordó que "no tiene nada que ver" la petición de condena para Aída Álvarez en este procedimiento (se la juzga por comprar su vivienda con el dinero de las comisiones de SEAT), con los hechos por los que fue juzgada en Filesa, relativos a cinco facturas de una empresa suya expedidas a la citada sociedad. |
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