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Noticias jurídicasEl PP presenta 101 enmiendas a la Ley de Violencia de Género para contemplar a menores y borrar las penas según el sexoMADRID, 20 (EUROPA PRESS)El Grupo Parlamentario Popular planteará que el proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género recoja expresamente a los menores como víctimas directas de este maltrato, así como que se agraven las penas sin distinguir el sexo del sujeto activo o pasivo. Estas son dos de las grandes modificaciones que recogerán las 101 enmiendas planteadas al texto, en tramitación parlamentaria en el Congreso, con el fin de "corregir las deficiencias de la redacción propuesta por el Gobierno y recuperar el consenso perdido", según explicó hoy una de las portavoces adjuntas del Grupo Popular, Ana Torme. A falta de unas horas para que finalizara el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto, Torme y la portavoz del PP en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, Susana Camarero, esbozaron los principales cambios que desean incorporar a la norma. "La ley trata a los menores como víctimas indirectas de la violencia de género cuando muchos expertos alertan de que son directamente maltratados, por eso hemos presentado una batería de enmiendas dirigidas a incorporar a los menores al objeto de la norma", argumentó Camarero. No pedirán, en cambio, la incorporación expresa de otros sujetos, como los hombres o las personas mayores porque, como comentó Torme, la violencia de género afecta fundamentalmente a las mujeres. Sin embargo, sí es voluntad de los populares eliminar la diferenciación de tipos penales en función del sexo de los sujetos pasivos y activos, tal y como contempla la Ley, que establece un tipo delictivo específico en el caso de amenazas y coacciones leves, cuando éstas son cometidas por hombres contra mujeres. A juicio del PP, es mejor extender el incremento de la pena en todos los casos sin diferenciar el sexo de los sujetos. POSIBLE DESPROTECCIÓN "No sólo por los problemas de constitucionalidad que se han venido planteando, sino porque esta redacción puede crear indefensión en las mujeres que denuncian, ya que algunos expertos ya han alertado de que los inculpados pueden plantear recursos de inconstitucionalidad que dejan a la víctima desprotegida hasta que el Tribunal Constitucional resuelva esta cuestión", comentó la portavoz adjunta del PP. Por el contrario, el Grupo Popular sí planteará un agravamiento de las penas en el caso de que la violencia de género se ejerza contra personas con discapacidad o mujeres embarazadas, por su especial vulnerabilidad. Mientras, no quiere que los juzgados especializados, independientemente de que sean o no de nueva creación, se ocupen sólo de la violencia contra la mujer sino de cualquier tipo de violencia doméstica, por lo que les otorgan el título de Juzgados de Violencia de Género. PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL En cualquier caso, la que denominaron enmienda "clave" es la que recoge el diseño de un Plan de Seguridad Personal de las víctimas que complemente a la orden de protección. Para ello, propone un nuevo título a la Ley que regule un programa individualizado y coordinado de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la protección física de la víctima. Según el PP, el plan debe ser elaborado y aprobado en el plazo máximo de diez días naturales e identificará a un agente de seguridad de la víctima, que será el encargado de la interlocución permanente y exclusiva con la víctima, las relaciones con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal y el cumplimiento del plan. Éste último debe contener la evaluación del riesgo de la víctima, así como de los menores y ascendientes a su cargo, evaluará los criterio técnico-policiales y establecerá en función de ambos análisis un nivel de protección: el ordinario supondrá medios electrónicos de protección; el alto, añadirá vigilancia policial aleatoria e intermitente; y el especial, significará protección policial permanente. Junto a estas medidas, el PP propone la creación en cuatro años de centros de información y asesoramiento por cada 10.000 habitantes; centros de emergencia o casas de acogida por cada 100.000 habitantes; y centros de recuperación por cada millón de habitantes. A su vez, pretende que el Fondo financiero para las comunidades autónomas, a las que quiere dar más relevancia, se articule en seis meses y no en dos años. |
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