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Noticias jurídicasDos de los tres empresarios condenados a cuatro años de prisión por estafar a Cajamar recurren ante el Tribunal SupremoALMERIA, 21 (EUROPA PRESS)Juan Marfil, el abogado de dos de los empresarios condenados a cumplir una pena de cuatro años de prisión por estafar a Cajamar 2,3 millones de euros, avanzó hoy que ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería y que presentará un recurso de casación por infracción de Ley ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). En declaraciones a Europa Press, Marfil precisó que se ha recurrido el fallo para que todo el expediente penal pase al TS porque sus clientes --J.C.M., de 53 años, y J.A.L.E., de 54 años, ambos de Tíjola (Almería)-- no están de acuerdo con la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. La Audiencia condenó en julio a los citados empresarios a cumplir una pena de cuatro años de prisión por estafa y falsificación de documento público, así como a tres años y siete meses de prisión para su socio, J.C.T., de Baza (Granada) y de 41 años. Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en 1996 los acusados, ante la mala situación económica que atravesaba su empresa de construcción, determinaron confeccionar certificados de obras por trabajos supuestamente realizados a la administración, concretamente, a la Consejería de Educación en sus delegaciones de Granada, Sevilla y para la Universidad de Granada. Hicieron impresos oficiales de certificados de obras de dichos organismos obtenidos en blanco y los rellenaban en la sede social de la empresa con datos ficticios, simulando la firma del arquitecto director de obra y del funcionario que estampaba la conformidad al volumen de la obra supuestamente realizada, poniéndole el sello oficial de la administración que previamente habían encargado en una imprenta de Tíjola. Conseguían, así, la apariencia de auténticos documentos y se amparaban para su propósito en la confianza que tenían con los empleados de la entidad financiera. Los procesados presentaban las certificaciones, visadas por el arquitecto director de las obras del organismo oficial y Cajamar pasaba a aceptar el endoso de la certificación y toma de razón de éste por la institución correspondiente. Así, la caja anticipaba el dinero a la empresa, frente a la tardanza habitual de pago de la administración, y a través de esas certificaciones con su contenido alterado consiguieron 2,3 millones de euros. La Audiencia también condena a todos los procesados a pagar una multa de seis euros diarios durante once meses y a indemnizar a Cajamar con la cantidad estafada. |
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