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Economía/Finanzas.-Un auto obliga a SCH a no reclamar el pago de cuotas de afectados por el cierre de academia Cambridge

MALAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Málaga obliga al Santander Central Hispano a no reclamar el pago de las cuotas del crédito de consumo de nueve afectados por el cierre el pasado febrero de la academia de idiomas Cambridge, según informó el delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en Málaga, Alberto Martínez.

Martínez explicó que el auto recoge la obligación de "abstenerse de reclamar judicial o extrajudicialmente por sí o por terceras empresas o entidades de pago de créditos al consumo concedidos por SCH para la financiación de cursos de inglés en la academia Cambridge School".

Contempla además la imposición de "ceder datos a registros de insolvencia y cancelar los datos que ya hayan sido cedidos, informando de ello a la Agencia de Protección de Datos", apuntó el delegado de Ausbanc.

Recordó, en este sentido, que, desde Ausbanc, promulgan que "cuando un contrato de financiación vinculado a un contrato de enseñanza no se lleve a cabo por resolución o incumplimiento de la academia, el alumno tiene todo el derecho de dar por rescindido el contrato".

Martínez subrayó el posicionamiento por parte del Juzgado contra la gratuidad del préstamo del SCH, al tiempo que agregó que la Ley de Crédito al Consumo exige para declarar ineficaz los contratos de financiación que no sean gratuitos. "Es muy fácil enmascarar a una entidad financiera su propio beneficio", apostilló.

Por su parte, la letrada y coordinadora del procedimiento, María Angeles Valles, resaltó que el auto concede al 100% todas las peticiones solicitadas desde la asociación de usuarios bancarios, así como que la entidad financiera se ve obligada a abonar las costas del proceso de las medidas cautelares.

Valles afirmó que a los alumnos no se les permitió negociar "de ninguna forma" las condiciones de financiación, si no que las condiciones establecidas son las pactadas por la entidad financiera y la academia de idiomas.

Los nueve afectados por el cierre tenían que abonar entre los 1.500 y los 1.800 euros en un plazo de un año y medio o dos años, afirmó la letrada, a lo que Martínez añadió que actualmente existen otros cuatros afectados que van a iniciar acciones legales a través de la asociación.

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