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La Audiencia de Madrid admite que pueda haber responsabilidad civil del Estado en el caso del 'asesino de la baraja'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido que el Estado sea parte en el proceso contra Alfredo Galán, autor confeso de los crímenes atribuidos al llamado 'asesino de la baraja', como posible responsable civil subsidiario de las indemnizaciones a las que el reo debería hacer frente en caso de ser condenado.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, la Sección Decimosexta de la Audiencia madrileña -que será la encargada de enjuiciar los hechos- dictó la pasada semana un auto por el cual admitía la petición de una de las acusaciones particulares, la representada por José María Garzón.

Garzón actúa en nombre de la viuda de Juan Francisco Ledesma, el portero del inmueble de la calle de Alonso Cano que fue ejecutado de un disparo en la cabeza en su puesto de trabajo y en presencia de su hijo de tres años, y de los hijos de Doina M. y Gheorghie M., la pareja de rumanos que aparecieron muertos en un descampado de Arganda del Rey.

INDEMNIZACIONES ASEGURADAS

En su escrito de acusación, el letrado argumentó que cuando Galán supuestamente cometió el primer crimen -el ocurrido en la finca de Alonso Cano-, el 24 de enero de 2003, aún era soldado profesional en activo. El presunto 'asesino de la baraja' ya había solicitado la baja en el Ejército, pero la Administración no se la concedió oficialmente hasta después de que se produjera el asesinato de Ledesma.

Además, el abogado considera que, aprovechando su condición de militar, Galán pudo introducir en España una pistola Tokarev que adquirió en Bosnia durante una misión, con la que pudo cometer los seis asesinatos consumados y los tres en grado de tentativa que se le imputan.

En virtud de la decisión adoptada por el tribunal, que sigue la linea de la tesis sostenida por Garzón, un abogado del Estado deberá estar presente en el juicio para defender los intereses de la Administración.

Puesto que Galán será declarado insolvente, esta será una forma de asegurar que las familias de las víctimas puedan cobrar las indemnizaciones que establezca la Sala, en caso de que dicte una sentencia condenatoria.