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Noticias jurídicasEl fiscal baja la petición de pena para la funcionaria de justicia acusada por robar expedientes para venderlosAdemás, retira la acusación por revelación de secretosMALAGA, 30 (EUROPA PRESS) El fiscal rebajó hoy la petición de pena a tres años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación especial para cargo público para la funcionaria de la Administración de Justicia acusada de robar expedientes de su juzgado para venderlos. Además, retiró la acusación por el delito de revelación de secretos. De esta forma, el fiscal mantiene las peticiones para el delito de infidelidad en la custodia de documentos, pidiendo dos años de prisión, multa de diez meses y tres años de inhabilitación; pero modifica el de cohecho para considerarlo en grado de tentativa; por lo que solicita 18 meses de prisión, 8.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación. El juicio quedó hoy visto para sentencia, tras la declaración de uno de los principales testigos, Carlos F.M., persona con quien supuestamente contactó la acusada, María Victoria R.M., para iniciar el negocio y que posteriormente la denunció a la Guardia Civil. El testigo no había acudido en dos ocasiones anteriores, lo que motivó la suspensión del juicio. Hoy, Carlos F.M. aseguró ante el Tribunal que ella "sí habló de venta de sumarios" en varias ocasiones con él y precisó que "nunca he pedido ningún procedimiento" a la funcionaria. Asimismo, negó que fuera colaborador de la Guardia Civil o investigador privado, como ella declaró en su día. El testigo, que está ahora en prisión por otra causa, relacionada con uno de los expedientes sustraídos, aseguró que nunca llegó a investigar al marido de la funcionaria, aunque señaló que sí se lo propuso; y negó también que ella le proporcionase clientes para realizar investigaciones como aseguró la acusada. Sí reconoció que ambos se conocieron a raíz de un sumario en el que él estaba implicado, que había caído en el juzgado donde trabajaba la funcionaria, quien, según manifestó, le hizo la proposición de contactar con interesados en comprarlos. A preguntas de la defensa, dijo que cogió los procedimientos casi por "acto reflejo"; aunque precisó que posteriormente se "preocupó mucho", al darse cuenta de que "era algo grave", por lo que decidió entregarlos a la Guardia Civil. Preguntado por el magistrado-presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, el testigo quiso dejar claro que "he procurado toda mi vida una colaboración seria con la Justicia" y reiteró que "lo que llegué a saber es que había un abogado que había mostrado interés y que quedaba redondear el precio". LIBRE ABSOLUCION La acusada en su intervención final insistió en que "jamás he entregado ningún procedimiento a este señor ni a nadie". Por esto, su defensa pidió la libre absolución, al no considerarla autora de ninguno de los delitos que se le imputan. El letrado pidió que se analice la declaración del testigo de cargo con "mucha exigencia" y aseguró que ha encontrado "una serie de faltas de congruencia" en sus distintas manifestaciones, lo que supone, para el abogado, "que no está diciendo la verdad". Asimismo, destacó que Carlos F.M. "demuestra mucho interés en perjudicar a la persona acusada" y apuntó que "seguramente" fue el propio testigo quien se llevó los documentos, por venganza o para hacer chantaje". Por su parte, el fiscal basó la acusación en las conversaciones telefónicas intervenidas con el consentimiento del testigo, en las declaraciones de los Guardias Civiles, que presenciaron el encuentro entre ambos en el que la funcionaria fue detenida; y en la declaración del testigo. |
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