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Noticias jurídicasEl principal procesado en el caso del Popular pensaba que las operaciones eran 'un intercambio de cheques normal'La Sala acuerda la nulidad de actuaciones contra uno de los acusados que en la instrucción declaró como testigo y no como imputadoSANTANDER, 4 (EUROPA PRESS) Eduardo A.A., administrador de varias de las empresas que fueron utilizadas para desviar fondos y dar apariencia de normalidad a las operaciones realizadas por el director de la sucursal número 1 del Banco Popular en Santander, José Pérez Díaz, más conocido como 'Pepe', declaró hoy que no tuvo conocimiento de la trama financiera urdida por éste "hasta el final" ya que pensaba que las operaciones eran "normales" y respondían a "un simple intercambio de cheques". "Si el banco a través de los responsables regionales y de alguno de los nacionales estaba al corriente de estos movimientos y no decía nada, ¿cómo iba yo a pensar que se trataba de algo irregular?", preguntó Eduardo A.A., para quien el Ministerio Público solicita una pena de 14 años de prisión por delitos de apropiación indebida. Eduardo A.A., quien al igual que su esposa no supo dar cuenta de la procedencia de cantidades abonadas a cuentas a nombre suyo o de sus empresas, comentó que conoció a Pérez Díaz cuando acudió a la sucursal de Puertochico tras ser devueltos por esta oficina unos efectos emitidos por él. Cuando Eduardo A.A. se reunió con Pepe para aclarar este asunto, el ex director de la sucursal le ofreció el doble de lo que ingresara por imposiciones a plazo fijo en letras avaladas, oferta que el empresario no pudo rechazar y que "nunca se cumplió", lamentó éste. A partir de entonces comenzó un intercambio sin fin de cheques, que expedía Pérez Díaz con cargo a cuentas de ahorro de clientes, por talones firmados por Eduardo A.A., quien de este modo y, según sus propias palabras, "ganaba tiempo" dado que los talones "se valoraban días después". Los intereses que imponía Pepe por esta operación variaban en función de lo que el cliente se retrasara en ingresar el dinero en la oficina. En su declaración Eduardo A.A. insistió en que su esposa, Esperanza P.C. "no tuvo nada que ver" con estos hechos porque "sólo hacía lo que yo decía". Precisó además que su patrimonio no se vio incrementado durante su relación con Pepe, quien según la Fiscalía captaba además depósitos ofreciendo una remuneración muy superior a los intereses oficiales. Eduardo A.A. se refirió finalmente a su buena relación personal con el directivo, con quien llegaba a jugar partidos de fútbol junto a otros clientes y empleados del banco semanalmente. "Yo creía que era mi amigo, aunque el no debía serlo tanto de mí. Con todos los millones que manejó pudo dejarme en una situación un poco más boyante", se lamentó el empresario, quien negó rotundamente haber sido testaferro de Pepe. "¿Testaferro de qué? ¿De sus deudas y agujeros?", resaltó en alusión a los 4.664 millones de pesetas desaparecidos, cantidad que según el Popular ascienda a más de 6.000 millones de pesetas. Tras Eduardo A.A. habló su esposa, Esperanza P.C., quien afirmó que solamente acudía a la oficina del Popular de Puertochico "en ocasiones puntuales" y siempre en ausencia de su marido y por encargo suyo. Así, aseguró que siempre actuaba al dictado del empresario y que, pese a figurar como presidenta o administradora de varias de las sociedades de su grupo empresarial, "siempre he vivido de mi trabajo y nunca me he ocupado de las cuentas de las empresas". COMO EL DENTISTA El último imputado que declaró hoy, José Carlos CH. A., empleado de la oficina que dirigía 'Pepe' y para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel, respaldó las palabras de Eduardo A. A. acerca del "poder de seducción" y "don de gentes" del ex directivo. Matizó no obstante que su relación con él "no era distinta de la de otros compañeros". Aseguró que a la oficina de Puertochico "venía mucha gente" que incluso "esperaba horas" para ser atendida por Pepe, hasta el punto que "aquello parecía la consulta del dentista en vez de un banco". No obstante, José Carlos CH.A. dijo "desconocer" que Pepe estaba ofreciendo a sus clientes extratipos irregulares, si bien comentó que "en la calle sí se sabía". Al cuestionar alguno de los letrados el por qué no preguntó a su ex jefe por este "rumor", recalcó que "un empleado hace lo que se le manda y no tiene por qué meterse en las cosas del director y del interventor". Además, en su intervención José Carlos CH.A. aclaró su papel en la compra-venta de una finca del barrio La Pereda por Pérez Díaz. Sobre este asunto, sostuvo que, si bien recibió poderes de Pepe mediante un documento privado para su compra, fue el ex director bancario quien adquirió realmente los terrenos. Agregó que "únicamente" aceptó figurar como comprador por "hacerle un favor" a su ex jefe, "aunque los vendedores sabían que en realidad yo sólo actuaba en la operación como intermediario", apostilló. NO SUSPENSIÓN La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha rechazado esta mañana la suspensión del proceso hasta que aparezca 'Pepe, el del Popular', así como la prescripción de los delitos y el archivo de la causa, peticiones que habían sido formuladas por las defensas de siete de los ocho imputados, para los que la Fiscalía solicita penas que suman 64 años de cárcel por apropiación indebida, estafa y receptación. En cuanto a la solicitud de prescripción de los delitos al entender las defensas que la paralización de las diligencias entre 1993 y 1998 ha supuesto "indefensión" para los procesados, la Sala argumenta que en el citado periodo "en modo alguno hubo paralización" ya que, según apunta en un auto, se intruyeron diligencias "de verdadaro y sustancial contenido procesal". En relación con este asunto, si bien reconoce la existencia de "dilaciones" en la tramitación de la causa, especifica que "es claro que no puede servir para sostener una declaración de prescripción", sino, en todo caso, una "atenuación de la pena". En lo que se refiere a la petición de la suspensión de la vista, el tribunal señala que no la no comparecencia de Pérez Díaz en el proceso no justifica su suspensión porque éste "no puede ser considerado testigo al ser acusado". Por otro lado, respecto a José Luis A.M., para quien el Banco Popular pedía una pena de ocho años de cárcel por receptación, la Sala acordó declarar nulas todas las actuaciones seguidas contra su persona. El auto recoge que las dos declaraciones de José Luis A.M., fueron concertadas "sin expresarse en las respectivas providencias que se le tomaría declaración como imputado" y sin informarle de la posibilidad de comparecer asistido por abogado. De este modo, según añade, en estas declaraciones el juez "no sólo no le hizo adevertencia alguna de su condición de imputado, sino que como conclusión de la declaración se le consideró perjudicado". En este sentido, el tribunal apunta que esta circunstancia constituye una "infracción procesal grave y trascendente" que "afecta directamente" a la defensa de José Luis A.M, quien no obstante deberá seguir interviniendo en la vista hasta su conclusión. Sin embargo, la Sala no hizo extensiva esta decisión a Javier O. A., Rosa C.A. y Ramón C.P., cuyas defensas igualmente pidieron la nulidad al haber declarado presuntamente éstos ante el juzgado de instrucción en calidad de testigos sin saber que habían sido imputados en el caso. |
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