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Juzgan al ex-alcalde de Casalarreina (La Rioja) por nombrar ilegalmente a un jefe administrativo

LOGROÑO, 06 (EUROPA PRESS)

Los Juzgados de lo Penal juzgarán el próximo día 25 a un ex alcalde de Casalarreina acusado de un delito de nombramiento ilegal de un jefe Administrativo para el consistorio y de otro delito de "negociaciones prohibidas a un funcionario público" por realizar contrataciones a una empresa de la que era administrador solidario.

La Fiscalía reclama para el acusado el pago de dos multas por un valor total de 8.280 euros y la inhabilitación para ejercer un empleo público durante tres años y medio. El escrito del Ministerio Público señala que quien fuera alcalde del municipio contrató, en 1995, a una persona con la categoría de jefe administrativo para desempeñar sus funciones en el Ayuntamiento de Casalarreina.

Ese puesto de trabajo "no existía en el organigrama del Ayuntamiento, ni se convocó concurso para abrir dicha plaza, ni salió en la oferta pública de empleo de ese año", relata el Ministerio Público en su escrito. Además, señala que la competencia para el nombramiento no correspondía al alcalde, sino al Pleno del Ayuntamiento.

El acusado, además de alcalde de este municipio, era administrador solidario de una sociedad mercantil que durante 1993 recibió contratos del Ayuntamiento de Casalarreina por importe de 30.875 pesetas y durante 1994 por importe de 2,1 millones de pesetas, cantidades que fueron pagadas a la citada mercantil antes del 31 de diciembre de 1994, "incumpliendo las prioridades de pago previstas en la legislación".

A esto se suma -siempre según el escrito del Ministerio Público- que un gran número de facturas remitidas por la mercantil están firmadas por el propio alcalde en condición de administrado solidario de la sociedad limitada.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de nombramientos ilegales y otro delito de negociaciones prohibidas a un funcionario público, de los que responsabiliza al alcalde.

Por el primero de ellos, pide una multa de cinco meses con una cuota diaria de 12 euros (1.800 euros) y la suspensión para el empleo público durante 18 meses; mientras que para el segundo pide multa de 18 meses con una cuota de 12 euros (6.480 euros) y la inhabilitación especial para empleo y cargo público durante dos años.

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