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Noticias jurídicasLa Audiencia de Sevilla reabre la denuncia contra la ECAI PROA por una indefensión causada a las familias recurrentesSEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)La Audiencia de Sevilla ha reabierto la denuncia contra la Entidad Colaboradora para la Adopción Internacional (ECAI) PROA y sus directivos por una supuesta estafa a raíz de las denuncias de numerosas familias afectadas por la paralización de la tramitación de los expedientes de niños rusos, con los que trabaja dicha entidad, colaboradora de la Junta de Andalucía. A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera entiende que "se ha causado indefensión" a la parte recurrente, que desconocía una providencia emitida por el el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla sólo 13 días antes de proceder al archivo de las actuaciones. La Audiencia estima en un auto el recurso de apelación de los afectados y decreta la nulidad del dictado por el juzgado instructor, que desestimó el 14 de mayo pasado el recurso de reforma planteado por los recurrentes, según adelantó hoy el diario 'ABC'. Tras el análisis de varios recursos por separado, hace referencia ahora la Audiencia al interpuesto concretamente por el hombre M.P.C.P. y la mujer M.C.C.M., que pedía que se retrotrajeran las actuaciones a la providencia de fecha 17 de marzo de 2004 a fin de que se les notificara en forma y se les diera traslado de las actuaciones, "pues la estimación del mismo haría innecesario entrar a analizar los recursos del resto de perjudicados". Ahonda la Sección Primera en que consta en dicha providencia que se acuerda tener por personado y parte al procurador que representa a estas dos personas y dar vista al mismo de todo lo actuado, "no constando en autos la notificación de la referida providencia al citado procurador ni que a éste se le diese vista de lo actuado". Consta en autos como primera notificación la del auto de 30 de marzo, que archivó el caso, por lo que la Audiencia entiende "que se ha causado una indefensión a la parte recurrente que desconocía el contenido de la citada providencia", procediendo a decretar nulo el auto de 30 de marzo y retrotrayendo el procedimiento a la providencia "a fin de que se notifique al procurador y se le dé vista de las actuaciones". AUTOS DE ARCHIVO DEL INSTRUCTOR El magistrado juez Fernando Martínez decía en mayo, cuando desestimó el recurso de reforma, que respecto de la interesada continuación del procedimiento "nada de lo alegado en el escrito de interposición de recurso desvirtúa cuanto se dijo en el resolución recurrida" El primer auto de archivo, conocido a finales del mes de marzo, decía que no era necesaria la práctica de ninguna otra diligencia de investigación y que no podía entenderse que los legales representantes de PROA hubieran actuado con el ánimo de engaño que exige el artículo 248 del Código Penal, relativo a la estafa. El juzgado archivó el caso "al no ser los hechos investigados constitutivos de infracción penal", después de que directivos imputados de PROA hubieran prestado declaración por esta cuestión a raíz de las acciones penales iniciadas por 24 denunciantes, que habrían aportado importantes sumas económicas para gestionar las adopciones, cuyos expedientes no se llevaron a buen término, según denunciaron. La Consejería de Asuntos Sociales reconoció en octubre de 2003 retrasos y paralizaciones en los expedientes gestionados por esta ECAI, incluso con la suspensión a comienzos de 2003 de las adopciones presentadas, y apuntó el establecimiento de medidas de control y seguimiento de PROA para evitar el perjuicio de las familias y favorecer la culminación de los mismos, a pesar de lo cual los afectados acudieron a la vía penal el pasado otoño para denunciar los hechos en los tribunales. El PP también se sumó a estas protestas, denunciando "inmovilismo e inactividad" en la Junta a la hora de tomar medidas que impulsaran los expedientes que tramita PROA, mientras que el entonces consejero del ramo, Isaías Pérez Saldaña, anunció la "desacreditación" de la ECAI y el encargo de una auditoría sobre la entidad, al tiempo que explicó que las solicitudes serían derivadas a otras entidades de este tipo. Las familias habían denunciado dejación de funciones y negligencias en todas las cuestiones relacionadas con la agencia PROA y habían puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que remitió el asunto al juzgado instructor. Este decidió archivar las actuaciones, que también se dirigían contra la Junta por su "irresponsabilidad" en el caso, y de las que asimismo advirtieron ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Unas 40 familias se constituyeron el 9 de marzo del pasado año en la Asociación de Familias Afectadas por Proa (Afap), con el objetivo de defender sus intereses y de encontrar la solución a los 90 expedientes de adopción que la ECAI comenzó a gestionar en Rusia y que no se concluyeron. |
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