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Noticias jurídicasCesiones - La juez abre juicio oral contra Botín y la ex cúpula del Santander por 30 delitos fiscalesLes impone una fianza de responsabilidad civil de casi 68 millones de euros y acusa a 28 clientes de la entidadMADRID, 6 (EUROPA PRESS) La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios abrió hoy juicio oral por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander contra el presidente de la entidad, Emilio Botín, el ex consejero delegado y actual consejero del SCH Rodrigo Echenique, el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable, por cuatro delito continuados de falsedad, tres en documento mercantil y uno en documento oficial, y 30 delitos contra la Hacienda Pública. Se trata de la segunda causa por la que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha abierto juicio oral contra Botín, ya que el pasado mes de abril lo hizo por apropiación indebida y/o administración desleal en relación con las indemnizaciones millonarias cobradas por el ex copresidente de la entidad José María Amusátegui y el ex vicepresidente Angel Corcóstegui, en concepto de jubilación por su salida de la entidad. El auto notificado hoy a las partes también abre juicio oral por un delito fiscal, cometido en el ejercicio de 1988 o 1989, contra 28 clientes de la entidad que adquirieron cesiones de crédito, producto financiero de fiscalidad opaca que el Santander comenzó a comercializar en la década de los ochenta. La juez extingue la responsabilidad a dos clientes que han fallecido y a otros cuatro que han quedado exculpados por la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado día 1, por la que se fijó el importe mínimo de la cuantía defraudada para que sea perseguible penalmente en 120.000 euros. RESPONSABILIDAD CIVIL La juez impone a Botín, Echenique, Uclés y Alonso una fianza en concepto de responsabilidad civil de 67.754.490,07 euros y les acusa, entre otros delitos, de 30 contra la Hacienda Pública. No obstante, en el apartado de relato de hechos del auto, la magistrada afirma que "deben ser condenados a abonar a la Hacienda Pública en concepto del perjuicio causado por el delito continuado de falsedad en documento oficial en la cuantía de 84.935.195,86 euros, de los cuales, 7.707.038,98 se corresponden con las cuotas defraudadas en los 36 delitos fiscales de los que deben responder como coautores". La rebaja de 36 a 30 delitos contra la Hacienda Pública y en la cuantía de la responsabilidad civil exigida coincide con el hecho de que se haya extinguido la responsabilidad de seis clientes, dos por fallecimiento y cuatro por aplicación de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado viernes. A los 28 clientes contra los que se ha abierto juicio oral se les impone, en concepto de responsabilidad civil, la cuota defraudada por cada uno de ellos, que fluctúa entre los 726.171,08 euros que se reclama a uno por defraudación del Impuesto sobre Sociedades en 1989 y los 7.336.256,04 que se imponen a otro por la cuota del mismo arancel en 1988. PETICIONES DE LAS ACUSACIONES El auto hecho público hoy, contra el que no cabe recurso, declara competente para juzgar los hechos investigados a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, y da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de calificación. La acusación popular que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes solicita 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros para Botín y la misma pena y multa para Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso. En su escrito, presentado a principio del pasado mes de julio, considera que los entonces responsables del Santander fueron cooperadores necesarios en "36 delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el ejercicio de 1989". Además, les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de tres continuados de falsedad en documento mercantil, como consecuencia de la "simulación de los contratos de cesión de crédito". Para las otras 36 personas contra las que se solicitaba que se abriera juicio oral, clientes del banco que contrataron el producto de fiscalidad opaca, se pide 4 años de prisión por cada delito fiscal que se les imputa, que en su mayoría sólo es uno. Por otro lado, la otra acusación popular personada en el caso, que ejerce Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), solicita en su escrito de calificación un total de 116 años de prisión y multa de 46.247.233,92 euros para Botín y la misma pena y cantidad para sus colaboradores por la presunta comisión de 36 delitos contra la Hacienda Públicoa y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. |
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