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Condenan a indemnizar con más de 218.000 euros al causante de la explosión de butano que provocó un muerto en la Barceloneta

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Un juzgado de Barcelona ha condenado a pagar un total de 218.457,94 euros de indemnización al hombre que el 13 de noviembre de 1999 se intentó suicidar y provocó una explosión de gas butano que causó la muerte de un hombre en el barrio de la Barceloneta, además de diversos heridos y cuantiosos daños morales.

Durante la celebración del juicio, el pasado 28 de septiembre, el acusado, José Luis Santa Ruiz, de 45 años de edad, reconoció los hechos y pactó una condena de un año de cárcel y un máximo de tres años de internamiento en un centro psiquiátrico por un delito de homicidio imprudente, un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito de daños por imprudencia grave.

El juez le ha aplicado una eximente incompleta de alteración psíquica al considerar probado que "padece un trastorno depresivo reurrente, de larga evolución, sintomatología mixta ansioso-depresiva y trastorno de la personalidad no especificado, lo cual determina que, pese a que conocía la ilicitud de su conducta, tenía afectadas de modo severo sus capacidades cognoscitivas y volitivas".

Según la sentencia, del Juzgado de Penal número 10 de Barcelona y a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado también cometió un delito de lesiones imprudentes y un delito de daños por imprudencia, por los que ha sido condenado a siete arrestos de fines de semana, y al pago de una multa de 180 euros.

El acusado, que es insolvente, ha sido condenado a indemnizar a los familiares del fallecido, de 72 años de edad, y a los diferentes heridos y vecinos del inmueble que sufrieron daños con cantidades que van desde los 40 euros --por los daños que sufrió una motocicleta-- hasta los 63.000 euros --para la viuda del fallecido--.

ABSOLUCIONES.

El juez ha absuelto a las compañías aseguradoras del inmueble y a los propietarios porque considera que en "el caso presente" la "conducta imprudente del acusado" era imprevisible para los denunciados, "lo que impide atribuir a éstos el resultado dañoso, que sólo puede ser imputable al propio acusado".

A pesar de que el fiscal y las acusaciones personadas en el caso solicitaron que las compañías aseguradoras de los propietarios del inmueble fueran condenadas como responsables civiles directas, el juez los ha eximido de cualquier responsabilidad.

El abogado de la familia del fallecido aseguró, en declaraciones a Europa Press, que recurrirá la sentencia respecto a este último extremo ante la Audiencia de Barcelona.

VISTA ORAL.

Durante el juicio, el acusado reconoció que provocó la explosión porque se quería "quitar la vida". Asimismo, pidió perdón a las víctimas de la explosión y remarcó que "no quería matar a nadie". También declaró la mujer del fallecido, Miguel Rodríguez Rodríguez, de 75 años de edad, quien explicó que sufrió diversas heridas por la explosión y que padece una depresión tras la muerte de su marido.

El acusado se fugó a Sevilla tras los hechos, pero se entregó a la policía el 15 de octubre de 2003, cuatro años después de la explosión, asegurando que fue él quien intencionadamente cortó las gomas de las bombonas para causar la explosión y quitarse la vida.

El detenido aseguró entonces que se estaba planteando provocar una explosión similar a la que ya había causado en la Barceloneta y "antes de perder los cabales" había decidido entregarse.

Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 1999, cuando se registró una explosión de tres bombonas de gas en el número 28 de la calle Santa Clara, en el barrio de la Barceloneta, que provocó el derrumbe de un edificio y la muerte de un inquilino del inmueble.

Otras dos personas, una de ellas la mujer del fallecido, resultaron heridas y ocho edificios colindantes tuvieron que ser desalojados. La deflagración también causó heridos de diversa consideración, entre los que se encontraba el autor de la explosión, y daños en diversos vehículos.

El autor de la explosión tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario en estado grave, donde permaneció 20 días y prestó declaración por un presunto homicidio involuntario, pero quedó en libertad sin cargos por falta de pruebas. Sin embargo, el hombre decidió entregarse a la policía cuatro años después.

El juez de guardia de Barcelona decretó el internamiento en un centro psiquiátrico a petición del fiscal y del abogado defensor. El detenido explicó entonces ante el juez que "la calle se me hacía cada vez más grande, no podía dormir y volví a pensar en hacerlo", por lo que decidió entregarse. "No quiero volver a hacer daño a nadie", añadió. Los vecinos del detenido siempre habían sospechado de él.

El homicida, que tras el siniestro se fue a vivir a Sevilla, confesó la verdad cuatro años más tarde, después de que una antigua novia le explicara que había abortado y él entrara en una depresión.

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