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El fiscal reduce en 21 años su petición de cárcel para Riera y Larredonda por el asesinato de Cano Consuegra

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina redujo hoy en 21 años su petición inicial de 30 años de cárcel para los colaboradores del "comando Barcelona" de ETA Zigor Larredonda y Laura Riera, al no poder acreditar que fueran autores por cooperación necesaria del asesinato, en septiembre de 2000, del concejal popular de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano Consuegra. Solicitó 19 años de cárcel para cada uno como cómplices en el crimen, por facilitar datos de la víctima a los miembros del "comando".

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó hoy visto para sentencia el juicio contra Larredona,Riera y los miembros del "comando Barcelona" de ETA Fernando García Jodrá y Lierni Armendáriz. El representante de la Acusación Pública no modificó su petición de cárcel con respecto a los miembros liberados del comando, y solicitó la imposición de una pena de 47 años de cárcel como autores materiales del asesinato del edil.

Según afirmó el fiscal durante la vista, Riera utilizó su trabajo de administrativa en el Ayuntamiento de Tarrasa para acceder a la base de datos de Tráfico y facilitar a los miembros del "comando" información sobre Cano Consuegra, lo que hizo a través de su amigo Larredonda. Sin embargo, el fiscal reconoce que probablemente el asesinato también podría haberse producido sin la citada información.

Durante la sesión de hoy compareció un perito policial que ratificó que un total de 106 matrículas consultadas por Riera en la términal informática municipal coinciden con las incluídas en un listado que fue incautado al "comando Gorbea" de ETA -un segundo "comando Barcelona", desarticulado más tarde que el que integraban Aremendáriz y García Jodra-.

Según este perito, tras analizar la información se pudo concluir que Cano no tenía ninguna multa pendiente, por lo que no se explica la razón por la que la trabajadora municipal consultó sus datos. Agregó que, sin la información de Riera sobre la furgoneta de la víctima, el atentado se tendría que haber perpetrado por otro medio que no fuera la colocación de una bomba en su vehículo.

A juicio de la defensa, sin embargo, no ha podido acreditarse relación directa entre la consulta de datos realizada por Riera y la llegada de dicha información a ETA, ya que las matrículas incautadas a la organización no están impresas en el mismo papel que utilizó Riera para sacar los datos del ordenador municipal.

El abogado también dijo que García Jodrá apuntó en su agenda la matrícula de la furgoneta de Cano y el nombre de una calle cercana a su fontanería meses antes de que Riera consultara los datos del edil popular en el Consistorio de Tarrasa.

El único acusado que hizo uso de su derecho a la última palaba al finalizar la vista fue Larredonda, quien utilizó el catalán para mostrar su sorpresa por el hecho de que el fiscal no le hubiera realizado ninguna pregunta diferente a la que ya le formuló con ocasión del primer juicio celebrado contra él, en el que resultó condenado a 9 años de cárcel como colaborador de ETA.

Según el escrito de conclusiones definitivas del fiscal, García Jodrá captó a Zigor Larredonda, que fue quien señaló como posible objetivo al concjeal del PP de Viladecavalls y elaboró informes sobre su identidad e imagen. Para ello contó con la colaboración de Riera, quien consiguió el número de matrícula de la furgoneta de la víctima valiéndose de su trabajo en el Ayuntamiento de Tarrasa, donde tenía acceso a la base general de vehículos de la Dirección General de Tráfico.

En el caso de Cano Consuegra, Riera facilitó la información a Zigor Larredonda durante una entrevista que ambos mantuvieron en el establecimiento "La Balma" de Tarrasa, el 17 de julio de 2000. Larredonda entregó esta información a García Jodrá, sin que haya podido acreditarse la intervención en este atentado del tercer miembro del "comando", Ignacio Krutxaga.

El 14 de septiembre de ese mismo año los terroristas colocaron un artefacto compuesto por un kilogramo de explosivo industrial en los bajos de la furgoneta de la empresa en la que trabajaba Cano Consuegra, "Fontanería Tapia Cano", que hizo explosión cuando el edil conducía el vehículo por una calle de la localidad de Tarrasa. Cano Consuegra falleció ese mismo día en el Hospital Mutua de Tarrasa, a consecuencia de las heridas sufridas.

35 AÑOS DE PRISIÓN PARA ECHÁNIZ.

Por otra parte, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos elevó hoy a definitiva su pentición de 35 años de cárcel para Sebastián Echaniz Alcorta -extraditado por Venezuela en 2002-, por su presunta participación en el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo (Vizcaya) José Aibar Yáñez, el 30 de junio de 1982.

Aibar fue asesinado en el interior del bar "Pepe" de la localidad vizcaína por cuatro terroristas del "comando Vizcaya" de ETA. Según el fiscal, en este atentado Echaniz se limitó a hacer las funciones de conductor. Tras la celebración del juicio, el fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva para Echániz, si bien esta petición no tendrá consecuencias prácticas porque el presunto terrorista se encuentra ya en la cárcel por otras causas que tiene pendientes en la Audiencia Nacional.