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SCH.- La Audiencia Nacional comenzará a juzgar a Botín el próximo 10 de enero por el 'caso jubilaciones'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará el próximo 10 de enero el juicio contra el presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y otros dos ex altos cargos de esta entidad por un delito societario relacionado con las millonarias pensiones de jubilación cobradas por los dos últimos, informaron fuentes jurídicas.

El presidente del SCH se enfrenta a una pena de 12 o 6 años de cárcel dependiendo de si los hechos son considerados apropiación indebida o administración desleal, ya que las acusaciones particulares plantean ambas peticiones en sus escritos de calificación provisional. Para los otros dos acusados, el ex co-presidente de a entidad José María Amusátegui y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui se piden 8 o 4 años de cárcel por el mismo motivo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no encuentra indicios de delito y solicita la absolución de todos ellos. Según el Ministerio Público, las indemnizaciones por valor de 56 y 108 millones de euros cobradas por Amusátegui y Corcóstegui, respectivamente, en concepto de jubilación tras su salida de la entidad, no constituyen infracción penal.

El tribunal que juzgará este caso estará presidido por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez y lo integrarán también Raimunda de Peñafort Lorente y Luis Martínez de Salinas, que actuará de ponente. Las sesiones se celebrarán desde el 10 de enero los lunes, martes y miércoles, y la fecha prevista para la finalización del juicio es el 9 de febrero.

PETICIÓN DE LAS ACUSACIONES.

Durante la vista, y dada la falta de acusación por parte del Ministerio Público, los imputados sólo deberán hacer frente a las peticiones de las acusaciones particulares, que ejercen el accionista minoritario Juan Francisco Franco Otegui y el ex banquero y condenado en el 'caso Banesto' Rafael Pérez Escolar.

Además de las penas de prisión, las acusaciones solicitan para los procesados multas millonarias y su inhabilitación para ejercer como administradores en cualquier entidad mercantil.