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El juzgado archiva nuevamente la denuncia de familias adoptantes contra la ECAI PROA por supuesta estafa

El instructor remite de nuevo el procedimiento a la Audiencia, que en octubre había reabierto el caso y que estudiará una segunda apelación

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha vuelto a archivar el caso iniciado contra la Entidad Colaboradora para la Adopción Internacional (ECAI) PROA y sus directivos por una supuesta estafa a raíz de las denuncias de numerosas familias afectadas por la paralización de la tramitación de los expedientes de niños rusos, con los que trabaja dicha entidad, antigua colaboradora de la Junta de Andalucía.

Fuentes judiciales dijeron a Europa Press que los presuntos perjudicados ya han recurrido la reciente decisión ante la Audiencia Provincial de Sevilla ya que, como en la anterior ocasión, el juzgado que instruye el caso ha desestimado el recurso de reforma interpuesto en contra del reciente archivo, remitiendo nuevamente a la Audiencia las actuaciones.

Actualmente, se les está notificando a las partes el traslado del último recurso a la Audiencia sevillana, que el pasado octubre reabrió la causa porque entendía que se había causado indefensión a la parte recurrente, que desconocía una providencia emitida por el juzgado sólo 13 días antes de proceder al archivo de las actuaciones. Así, estimó el recurso de apelación de los afectados y decretó la nulidad del auto dictado por el juzgado, que desestimó el 14 de mayo pasado el recurso de reforma planteado por las familias.

Según estas fuentes, el segundo auto de archivo del juzgado ha hecho referencia a las mismas argumentaciones de la primera ocasión, ya que la reapertura del caso aludía a un defecto formal y no realmente de fondo. En este sentido, indicaron que el juez incide en que sigue sin ser necesaria la práctica de ninguna otra diligencia de investigación puesto que no podía entenderse que los legales representantes de PROA hubieran actuado con el ánimo de engaño que exige el artículo 248 del Código Penal, relativo a la estafa.

El juzgado decretó el archivo de las actuaciones al no ser los hechos investigados constitutivos de infracción penal, después de que directivos imputados de PROA prestaran declaración por esta cuestión a raíz de las acciones penales iniciadas por 24 denunciantes, que habrían aportado importantes sumas económicas para gestionar las adopciones, cuyos expedientes no se llevaron a buen término, según denunciaron.

RETRASOS Y PARALIZACIONES

La Junta reconoció en octubre de 2003 retrasos y paralizaciones en los expedientes gestionados por esta ECAI, incluso con la suspensión a comienzos de aquel año de las adopciones presentadas, y apuntó el establecimiento de medidas de control y seguimiento de PROA para evitar el perjuicio de las familias y favorecer la culminación de los mismos, a pesar de lo cual los afectados acudieron a la vía penal para denunciar los hechos en los tribunales.

El primer auto de archivo del caso, al que tuvo acceso Europa Press, indicaba que la "importante paralización" a partir de 2000 se debió a la entrada en vigor de dos decretos de marzo de ese año de la Federación Rusa, que modificaron sustancialmente la normativa hasta entonces vigente, estableciendo un mínimo de cinco años de realización de funciones de mediación en adopción internacional para que cualquier entidad, así PROA, pudiera ser acreditada en el territorio de dicha federación.

PROA, según relataba la resolución judicial, informó a los afectados de la variación de la situación e inició los trámites necesarios para poder conseguir la acreditación en la Federación Rusa conforme a la nueva normativa, lo que no consiguió hasta junio de 2003, si bien continuó con su intermediación y realizó nuevas contrataciones, resaltando incluso que la Junta "continuó remitiendo nuevos expedientes a PROA" hasta mayo de 2002.

Concluía aquel auto que la actividad de intermediación de PROA funcionaba "dentro de los cauces normales, cumpliendo sus obligaciones y sin defraudar las expectativas de las familias que en sus dirigentes habían puesto su confianza", que las familias que habían contratado con anterioridad al dictado de los decretos de la Federación Rusa "fueron informadas de la legislación vigente" en Rusia y de la situación legal y de hecho en que se encontraba PROA como ECAI.

Señalaba por último que, hasta mayo de 2002, PROA actuó "plenamente amparada" por la administración autonómica andaluza que la controla e inspecciona, y así aparecía ante el futuro contratante de sus servicios pues tal administración continúa remitiéndole expedientes, eliminando con ello ante las familias posibles contratantes todo viso de fraude.

Unas 40 familias se constituyeron el 9 de marzo de 2003 en la Asociación de Familias Afectadas por Proa (Afap), con el objetivo de defender sus intereses y de encontrar la solución a los 90 expedientes de adopción que la ECAI comenzó a gestionar en Rusia y que no se concluyeron.