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SCH.- La Audiencia Nacional aplaza el inicio del juicio contra Botín para estudiar la recusación de uno de los jueces

La vista comenzará la semana próxima, con independencia de quien sea el magistrado que presida la Sala

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha aplazado el juicio que estaba previsto que comenzara el próximo lunes, 24 de enero, contra el presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y otros dos ex altos cargos de esta entidad, acusados de delito societario, para estudiar la recusación presentada por una de las acusaciones contra el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. La vista comenzará de todos modos la próxima semana, con independencia del resultado final del incidente procesal.

Fuentes jurídicas informaron hoy que el próximo lunes está previsto que se reúna la denominada Sala de Justicia de la Audiencia Nacional, que estudiará el incidente de recusación presentado por la acusación particular que representa al condenado por el "caso Banesto" Rafael Pérez Escolar. Éste alega que Gómez Bermudéz tiene interés directo en la causa y mantiene con él una "enemistad manifiesta".

La resolución de este incidente procesal no afectará demasiado al desarrollo del proceso, según las mismas fuentes, ya que con independencia de su resultado final, el juicio comenzará de todos modos el martes o el miércoles próximo. Si la recusación se rechaza, presidirá el juicio Gómez Bermúdez, mientras que si prospera se situará al frente del tribunal el magistrado ya designado como sustituto, Antonio Díaz Delgado.

La Sala de Justicia, cuyo funcionamiento se regula en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), está integrada por el presidente de la Sala de lo Penal -que en este caso no está convocado, por tratarse del recusado-, los presidentes de cada una de las cuatro Secciones de esta Sala y por los magistrados con mayor y con menor antiguedad en la Audiencia.

INFORME DE GÓMEZ BERMÚDEZ.

Gómez Bermúdez ya ha remitido al tribunal designado para este procedimiento, que es la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, un informe de tres folios en el que señala que la recusación planteada "carece de base fáctica y jurídica" porque él no está incurso en ninguna de las causas esgrimidas por Pérez Escolar para apartarle del caso. El recusante afirma que el magistrado esta "contaminado" porque fue el ponente de las piezas de responsabilidad civil de los penados en el "caso Banesto".

Por su parte, Gómez Bermúdez afirma que no conoce ni ha "visto en su vida" a Pérez Escolar, por lo que no puede tener enemistad alguna con él, y añade que no formó parte del tribunal que le condenó a cuatro años de prisión en el "caso Banesto", que posteriormente fueron elevados a 10 años de cárcel por el Tribunal Supremo. El magistrado dice también que durante el desempeño del cargo de juez central de vigilancia no dictó ninguna resolución que supusiera modificar la situación penitenciaria del recusante.

Sobre las causas de recusación esgrimidas por Pérez Escolar, el juez aduce que la enemistad manifiesta debe ser "del juez con la parte y no a la inversa", y que en cualquier caso la ley exige que sea "manifiesta, palmaria y perceptible por todos, lo que, desde luego, tampoco es el caso".

Tampoco cree Gómez Bermúdez tener interés indirecto en el pleito, y subraya que "es absurdo" sostener que ese interés deriva de su actuación en la ejecución del "caso Banesto", cuando en dicha causa no ha sido recusado.

Finalmente, señala que tampoco puede alegarse que tenga algún pleito pendiente con algunas de las partes personadas en esta causa. Según Pérez Escolar, el magistrado tiene pendiente resolver un recurso de súplica, aunque Gómez Bermúdez replica:" El recurso fue interpuesto por él mismo contra el auto de señalamiento en la causa en la que se me recusa (que es el caso contra Botín); o sea, que el pleito pendiente es el mismo en el que se me esta recusando".

El presidente del SCH será juzgado junto con el ex co-presidente de la entidad José María Amuságegui y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui por un delito societario relacionado con pensiones de jubilación de 56 y 108 millones de euros cobradas, respectivamente, por los dos últimos tras su salida del banco.

Botín se enfrenta a una pena de 12 o 6 años de cárcel, dependiendo de si los hechos son considerados apropiación indebida o administración desleal, ya que las acusaciones particulares plantean ambas posibilidades en sus escritos de calificación. Para los otros dos acusados se piden 8 o 4 años de cárcel por el mismo motivo, a lo que hay que sumar multas millonarias y la inhabilitación de los tres procesados para ejercer como administradores en cualquier entidad mercantil.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia indicios de delito y solicita la absolución de los tres procesados. Además de Pérez Escolar, también está personado como acusación particular el abogado y accionista minoritario del SCH Juan Francisco Franco Otegui.