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Piden el cese del Asesor Jurídico del Ejército por obstrucción a la justicia

El padre del comandante que denunció "mobbing" en el Ejército reclama apoyo al Rey, Zapatero y Bono MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El padre del comandante que denunció el primer caso de 'mobbing' o acoso laboral en el Ejército ha dirigido sendas cartas al Rey, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Defensa, José Bono, en las que pide respaldo para evitar presiones del Consejo Superior del Ejército al Tribunal Militar Central, que juzgará al coronel Luis Gómez Armero por un delito de deslealtad, relacionado con el asunto.

En la carta al Rey, a la que ha tenido acceso Europa Press, el remitente sostiene que, en una reunión celebrada en febrero de 2004, el Consejo Superior del Ejército de Tierra acordó sufragar con fondos oficiales los honorarios del abogado del coronel Gómez Armero, y hacer todo lo posible para que salga absuelto del delito del que está acusado, por el que el fiscal pide año y medio de cárcel para él.

"Quiero rogarle que haga todo lo que está en su mano para que la intención del Consejo de impedir la condena penal del coronel, influyendo en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, incluso el mismo hecho de sufragarle de fondos oficiales los honorarios a su abogado, no pueda llevarse a cabo, ya que lo considero absolutamente ilegal", recoge la misiva dirigida al monarca.

Para el padre del comandante, muchos son los gastos y sufrimiento que ha ocasionado el coronel Gómez Armero a la familia, como para que, "por el simple hecho de su empleo militar, su presunto delito quede impune y su conducta, reiteradamente malintencionada, no le ocasione gasto alguno".

En cuanto a la carta al presidente del Gobierno, la más extensa de las tres enviadas, se pide el cese del asesor jurídico del Ejército de Tierra, general auditor Ignacio de las Rivas Aramburu, por considerar que ha obstruído a la justicia al negarse a facilitar a la Audiencia Nacional una documentación relativa al comandante, aceptada por el tribunal como prueba, alegando que está clasificada como confidencial y que, antes, debe ser desclasificada por el Consejo de Ministros.

El letrado de la familia perjudicada argumenta, en el dictamen para el Consejo de Ministros que acompaña a las cartas, que al tribunal sí se le envió, en este mismo procedimiento, otro documento confidencial sin desclasificar, con lo que pretende rebatir el razonamiento del Asesor del Ejército, asegurando que no puede quedar a juicio de la conveniencia e interés de la Administración la elección de los documentos clasificados que aporta o no a los tribunales.

El expediente que la Audiencia reclamó al Ejército es el contenido de la Información Previa administrativa que fue instruída por orden del JEME sobre todo lo ocurrido en el cuartel de Soyeche (Vizcaya), a raíz de que en agosto de 2002 el abogado del comandante pidió al Servicio de Inspección de la Subsecretaría de Defensa que se adoptasen medidas disciplinarias contra el coronel Armero puesto que rehusaba la documentación de baja médica. Lo que el Ministerio no hizo.

En diciembre de 2002 la Justicia Militar tomó cartas en el asunto contra el coronel, imputándole un delito que el Ejército no quiso castigar como falta.

El padre del comandante destaca que si la Administración sigue el derrotero de proteger a quienes presuntamente han delinquido "se estaría consintiendo que una parte de nuestro Ejército se convierta en una auténtica mafia".