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Ivex.- De Miguel afirma que Tabares reconoció expresamente que no comunicó los avales a nadie y que fue 'un error'

Asegura que nadie de Ford, ni por escrito, teléfono o en persona le habló del interés en los derechos de compensación

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La ex directora general del Ivex entre septiembre de 1999 y 2002, Carmen de Miguel, aseguró hoy en la sección quinta de la Audiencia de Valencia que su antecesor en el cargo, José María Tabares, acusado de estafar a la entidad, le reconoció "expresamente" que no había comunicado "a nadie" de la Generalitat ni del Consejo de Administración la existencia de los avales que firmó a las empresas tunecina Sonotube y belga Graficom para continuar generando los derechos de compensación que permitieran a la compañía automovilística Ford exportar vehículos a Túnez.

En relación a esta exportación, De Miguel aseguró que lo único que tenían de Ford en el Ivex --además de los contratos para ceder los derechos de 1995 y 1997-- era un fax de un directivo de Túnez, Rodolfo Blum, dirigido a Tabares, sobre previsiones de ventas. "A partir de ahí nadie, ni por escrito, ni por teléfono", se dirigió a ella para presionar en la generación de estos derechos y negó haber recibido indicaciones de la administración valenciana ni de la compañía para seguir con el contrato.

Señaló que tuvo conocimiento de lo sucedido a las diez semanas de tomar posesión de su cargo al recibir un fax de General Bank (actual Fortis Bank) donde se informaba del próximo vencimiento de unas letras de cambio emitidas por Sonotube y donde actuaba como librador Graficom, con el aval del Ivex. En toda su declaración afirmó que en el Ivex no se tenía "absolutamente nada" de esta operación, ni documento ni contrato relacionado con los avales, ni fotocopia de las letras de cambio.

Por ello mantuvieron a principios de octubre varias reuniones con Tabares en las que, según declaró, éste reconoció que llevaba la operación con Graficom "muy personalmente". Asimismo, les trasladó que "había sido posiblemente un error" que tenía intención de solucionar, aunque no cree que hiciera nada. No obstante, afirmó no tener "conocimiento fehaciente" de que Tabares se hubiera beneficiado a título personal por esta operación. Sin embargo, el Ivex decidió interponer la querella porque "la decisión era no continuar con esta rueda de letras".

De Miguel, que dejó este cargo para ocupar la secretaría general de Empleo, explicó que Tabares alegaba que los avales respondían a operaciones mercantiles de compra-venta de productos, cuya documentación se había entregado a los bancos. En ese momento les indicó que eran dos las entidades que tenían para el descuento las letras de cambio, por valor de 3.606.000 euros.

Sin embargo, explicó que fue el otro acusado, el empresario belga Jean Luc Lagier, propietario de Sonotube y relacionado con Graficom, quien les comunicó que eran cuatro los bancos y que tenía más letras de cambio avaladas por Ivex sin poner en circulación --6.010.121 euros ya en marcha y otros 2.404.048 paralizados de momento--. De Miguel señaló que esta persona "actuaba en nombre de las dos empresas", Sonotube y Graficom, como librador y librado.

La ex directora general añadió que este acusado, que fue quien les aportó el contrato con Graficom, les indicó que estas letras eran para pagar parte de la deuda que se mantenía con el Arab Bank --a raíz del primer contrato entre Sonotube, Ivex y Apod, empresa propiedad del padre de Lagier, para generar derechos de compensación con Ford-- y que otra parte se destinaba a hacer inversiones en sus plantas de Túnez.

Según De Miguel, reconoció "clarísimamente que no había operaciones comerciales" aunque tampoco aportó documentos sobre las inversiones "que teóricamente decía que se habían hecho". Admitió que Tabares podía, entre sus poderes, avalar, aunque de acuerdo con la Ley de Hacienda Pública no lo podía hacer a una empresa privada.

En la reunión con Lagier, aseguró que les propuso seguir generando letras y con esta forma de financiación aunque no quiso firmar ningún reconocimiento de deuda. Sí que se comprometió, no obstante, a no poner en circulación las letras que aún no habían sido descontadas.

VIAJE A TUNEZ

De Miguel aseguró que el entonces conseller de Industria Fernando Castelló pidió que se investigara lo sucedido y por ello el director financiero, Joaquín Barber, viajó a Túnez para visitar las empresas de Lagier. De este viaje supo que una no tenía actividad y la otra era un "taller muy pequeño". Añadió que la Dirección General de Industria de Túnez, que desconocía la inversión en estas empresas, decía que los derechos de compensación únicamente se generaban por la compra-venta de mercancías. "Nada en absoluto de reconversión industrial", señaló.

Por su parte, Barber, que fue director financiero del Ivex desde mayo de 1998 a abril de 2001, ratificó lo sucedido en las reuniones con Tabares tras su cese y con Lagier. De su viaje, indicó que un encargado le comunicó que las empresas de Lagier "parece ser que habían detenido la producción porque desde 1998 el Ivex no colaboraba en la aportación de fondos". El, dijo, no vio indicios de que hubiera en ellas una inversión de 3.600.000 euros.

ARAB BANK

Barber, que también negó presiones de Ford, indicó que los interventores de la Generalitat en el informe del borrador de las cuentas de 1997 incluyeron la "salvedad" de que el Ivex no había contabilizado operaciones financieras con una entidad --el Arab Bank-- por 2.404.048 euros, de lo que pidió razones a Tabares. En ese momento le explicó que las operaciones "no respondían al Ivex" sino que, y así lo podía corroborar con el Arab Bank, eran de Sonotube.

Este extremo fue ratificado por el director de la sucursal en Valencia, Felipe Espinosa, quien le dijo que esta deuda estaba "mal registrada" porque el Ivex participaba "de forma colateral" en esta operación para "dar financiación a un grupo de empresas que eran beneficiadas" y cuyo coste financiero correspondía a la entidad. Entonces le pidió, al igual que al año siguiente, que se pusiera en contacto con los auditores para decir que era un error. Por este motivo, dijo, no se registró ninguna deuda en el informe.

En esta sesión también declaró un miembro del Consejo de Administración, Juan Antonio Tomás Carpi, quien aseguró que no fueron informados de la deuda con el Arab Bank ni de los impagos de Apod ni del contrato con Graficom, que no habrían autorizado. La próxima sesión será el 9 de febrero aunque la declaración del ex conseller Fernando Castelló, prevista para hoy, será ya en marzo.