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Noticias jurídicasDos ex agentes se niegan a declarar en el juicio por las 'escuchas del CESID' amparándose en el deber de secretoLa Fiscalía considera que los testimonios ya están "desclasificados" y la defensa de Perote pide plantear conflicto contra el CNIMADRID, 28 (EUROPA PRESS) El ex agente del CESID Manuel López Fernández y el ex jefe de la División de Apoyo Técnico de la mencionada institución Enrique Conde Sánchez se negaron a declarar hoy como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el caso de las escuchas ilegales realizadas por los servicios de inteligencia españoles entre 1983 y 1991. Ambos dijeron que el CNI les entregó la citación para la vista junto con una nota que contenía disposiciones legales que les obligan a guardar el secreto profesional. Al igual que hiciera el pasado miércoles el ex director general del CESID Emilio Alonso Manglano, los ex agentes dijeron encontrarse en una "disyuntiva" entre su deseo de colaborar con la Justicia y la advertencia del CNI, y afirmaron haber optado por guardar silencio. Sobre la razón de por qué declararon en la primera edición de este juicio -que fue anulado por el Tribunal Constitucional-, afirmaron que en dicha ocasión sí fueron autorizados a hacerlo por la dirección del CESID. Pese a las reiteradas preguntas que les hizo la presidenta del tribunal, ninguno de los dos ex agentes quiso identificar la procedencia de la orden de guardar secreto. Por ello, tanto la Fiscalía como la defensa del único acusado (el ex coronel Juan Alberto Perote), solicitaron que se les deduzca testimonio por si pudieran haber incurrido en un delito de obstrucción a la justicia. CONFLICTO DE JURISDICCIÓN. El abogado de Perote, Jesús Santaella, dijo que la situación es "similar" a la planteada hace años en el caso denominado 'los papeles del Cesid', y recordó que en aquella ocasión el Tribunal Supremo revocó parcialmente un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros que denegó la desclasificación de determinados documentos de esta institución y ordenó su entrega a la autoridad judicial. Santaella recordó que Manglano se había amparado para no declarar en un escrito firmado por la secretaria general del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, y que a su juicio la negativa a hablar de los dos testigos citados hoy obedece a la misma orden, que la secretaria ha adoptado "dentro de sus funciones como jefa superior de personal" de la institución. Por ello, pidió al tribunal que plantee un conflicto de jurisdicción frente a la Secretaría General del CNI o bien que solicite al Gobierno la desclasificación "de aquellos aspectos relativos a la estructura y medios operativos desarrollados entre 1983 y 1991 en el Centro Superior de Información de la Defensa". Alternativamente, si su petición es rechazada, solicitó que se deduzca testimonio contra los dos ex agentes y contra la actual secretaría general del CNI. FRAUDE Y DESLEALTAD, SEGUN LA FISCAL. La fiscal Ángela Gullón se mostró contraria a entablar dicho conflicto porque durante la investigación de este caso existió una desclasificación de secretos "de facto", ya que la denuncia llegó por cauce oficial a una instancia encargada de investigar delitos como fue un Juzgado. Recordó que en dicha ocasión Defensa facilitó al Juzgado toda la información que se le requirió, y que por ello considera "un fraude y una deslealtad" que diez años después se oponga a las declaraciones de los ex agentes. Añadió que los datos del caso fueron hechos públicos en el primer juicio y que, como el CESID y su gabinete de escuchas ya no existen, "no hay peligro de desprestigio del Estado ni para la defensa nacional". La presidenta del tribunal dijo que tanto la petición de Santaella como las deducciones de testimonio solicitadas serán contestadas en sentencia. El que sí declaró hoy, a pesar de ser también ex agente del CESID, fue José Enríquez, que manifestó que tras su salida de la insitución, Perote le citó y le entregó un paquete para que se lo diera a otro agente, el capitán Rubio Luengo, y que no supo de su contenido hasta que lo leyó en la prensa. Dijo también que López Fernández -que sustituyó a Perote en su puesto tras su cese-, le pidió que acusara a éste de haberse quedado con dinero, "lo que no era cierto". Mañana está prevista la declaración como testigos de los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio (por su informaciones sobre el caso en El Mundo), del ex dirigente del PSOE y presunta víctima Pablo Castellano y de la periodista de ABC Dolores Martínez. Perote se enfrenta a una pena de 5 meses de prisión y 9 de inhabilitación absoluta por la presunta interceptación ilegal de escuchas telefónicas. El acusado se quedo sólo en el banquillo después de que las acusaciones particulares y populares retiraran sus imputaciones contra Manglano y otros cinco agenes del Centro destinados en el Gabinete de escuchas, desde donde presuntamente se grabaron ilegalmente conversaciones telefónicas privadas del Rey, políticos, periodistas y empresarios. |
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