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Foro de Ermua se querella contra los jóvenes que irrumpieron en el Parlamento para protestar por el juicio de Jarrai

Les acusa de un delito "grave contra las instituciones del Estado" y pide que testifiquen Atutxa, Barrio y el jefe de Seguridad

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El Foro de Ermua presentó esta mañana una querella en un Juzgado de Instrucción de Vitoria contra los siete jóvenes que el pasado 17 de febrero irrumpieron en el Pleno del Parlamento vasco para protestar por el juicio de Jarrai en la Audiencia Nacional.

En el escrito, 'las Gestoras Cívicas de Ermua' afirman que los querellados han incurrido en un delito "grave y consumado contra las instituciones del Estado", contemplado en el artículo 497 del Código Penal, que prevé una pena de entre seis y un año de prisión para aquellos que, sin ser miembros de una asamblea legislativa, "perturbe gravemente el orden de sus sesiones".

En este sentido, recuerda que estas personas irrumpieron en la Cámara "en ejecución de un plan preconcebido, puesto que sólo así se explica que portasen carteles y camisetas con leyendas alusivas a sus reivindicaciones políticas".

En este sentido, denuncian que "perturbaron el normal desarrollo del Pleno, mediante su interrupción" y recuerdan que la sesión plenaria sólo pudo ser reanudada tras su expulsión.

De esta forma, solicitan que se cite a declarar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, al jefe de Seguridad de la Cámara, Jorge Elorza, así como al parlamentario del PP Carmelo Barrio, ya que este último fue quien arrebató la pancarta a los dos jóvenes que se introdujeron hasta el interior del hemiciclo.

Además, piden que se remitan al Juzgado la identidad y el domicilio de los siete jóvenes que irrumpieron en el Parlamento, el atestado sobre el incidente, una copia del diario de sesiones y la relación de personas que entraron al Pleno, así como las invitaciones cursadas por Sozialista Abertzaleak.

SERVICIOS DE SEGURIDAD

En su querella, el Foro de Ermua critica que los servicios de seguridad de la Cámara autonómica "se comportaron, al menos aparentemente, con notoria negligencia", puesto que no resultan "fáciles de explicar" la entrada en el Parlamento de siete personas que no fueron identificadas, "ni la salida de dos de ellas con la misma facilidad con la que entraron, ni la tardanza en desalojar a estos visitantes".

Según asegura, "la misión de las Gestoras Cívicas de Ermua no es otra que contribuir a hacer presente en Estado de Derecho en el País Vasco, necesidad apremiante por la utilización partidista de las instituciones vascas y la dejación de responsabilidad por parte de no pocos representantes del Estado, situación que deja al ciudadano desprotegido ante la extorsión de ETA o la imposición nacionalista".