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Las acusaciones mantienen peticiones de 4 y 11 años de cárcel para la presidenta de una ONG por estafar a una anciana

La fiscal califica el hecho de "repugnante" y pide que se declare nulo el testamento de la víctima en beneficio de la acusada

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal y la acusación particular acordaron finalmente elevar a definitivas sus peticiones de 4 y 11 años de cárcel, respectivamente, para la presidenta de la organización humanitaria APEX 2000, María Isabel F.A, al considerar probado que entre los años 2001 y 2002 urdió un plan para desposeer a una anciana de sus joyas y del dinero que poseía en distintas cuentas bancarias tras conseguir ser nombrada primero administradora de sus bienes, luego tutora y finalmente heredera universal.

En su alegato final, al término de las dos sesiones del juicio celebradas en la Audiencia de Valladolid, la representante del Ministerio Fiscal, que calificó la conducta de la acusada de delictiva y "repugnante", pidió una pena global de 4 años de prisión por delitos de estafa procesal, coacciones y apropiación indebida, así como el pago de una multa de 864 euros y la nulidad del acto por el que el 8 de mayo de 2002 la víctima, María Antonia M.C, quien tenía entonces 68 años, testó bajo "coacciones" en favor de la procesada.

Tanto la acusación pública como la particular, que pidió una pena de 11 años de prisión y multas por importe global de 7.200 euros, coincidieron al señalar que fue la presidenta de APEX 2000 la que en septiembre de 2001 se presentó en el piso que la anciana ocupaba en la Galle Gamazo, donde residía en régimen de alquiler y en situación de total abandono, y ya entonces mantuvo una actitud de "avasallamiento" cuando entró hasta la cocina y comenzó a "fisgarlo todo", hasta el punto de que se hizo con distintos extractos bancarios e incluso abrió el frigorífico de la inquilina.

La procesada, según las acusaciones, conoció entonces que la anciana era titular de distintas cuentas bancarias y por ello se personó en las oficinas de Banesto, en la calle Constitución, donde descubrió que la desvalida mujer poseía un fondo de más de 90.000 euros (más de 15 millones de pesetas).

No fue hasta el mes de noviembre de 2001, periodo en el que la anciana sufrió varios ingresos hospitalarios por caídas en su casa, cuando la procesada se presentó en el hospital, se hizo con un informe psiquiátrico y logró ingresar a la víctima el día 23 de ese mes en la residencia de ancianos Juan de Juni.

A partir de ahí, los acusadores sostienen que María Isabel F.A. inició un procedimiento para incapacitar parcialmente a la anciana--se valió de ese informe psiquiátrico--y logró ser nombrada administradora judicial de sus bienes y luego tutora, aunque sin informar en ningún momento a la Fiscalía del fondo de 90.000 euros existente en Banesto y sí de otras cuentas menores abiertas en Caja España y BBVA.

Pese a que la presidenta de APEX 2002 acudió varias veces a Banesto para desviar ese fondo de 90.000 euros a una cuenta propia, las trabas puestas por un empleado le impidieron acceder al dinero y entonces, según las acusaciones, ideó otra fórmula que no era otra que convertirse en heredera universal de los bienes de la anciana. Lo logró el 8 de mayo de 2002 ante notario, algo que los acusadores sostiene que fue gracias a las coacciones realizadas sobre la testadora.

LIBERTAD RESTRINGIDA

Tanto la acusación pública como la privada denunciaron que todo este plan se vio facilitado por el hecho de que la víctima, que se hallaba ya en la residencia, había visto restringida su libertad y capacidad de movimiento puesto que a partir de entonces sólo podía salir a la calle por la tarde acompañada de la acusada o de personas de su confianza "con el fin de que no pudiera acudir al banco".

Además de los delitos de estafa procesal y coacciones, ambas partes acusadoras consideraron igualmente probada la apropiación indebida que la acusada, desde el puesto de administradora judicial, cometió al extraer hasta 9.325 euros de las cuentas de la anciana en Caja España y BBVA para gastos no justificados e innecesarios, ya que la víctima se encontraba debidamente atendida en la residencia.

Algunas de estas extracciones pasaron directamente a una cuenta particular de la procesada, quien, además, se hizo con distintas joyas propiedad de María Antonia M.C. Todo ello, dinero y joyas, a excepción de un reloj, ha sido devuelto por la acusada.

Su abogado defensor solicitó una sentencia absolutoria por entender que todos y cada uno de los gastos fueron perfectamente justificados y convencido de que lo que movió a su patrocinada a entablar relación con la denunciante no fue el interés económico sino simplemente ayudar a una persona que vivía totalmente abandonada por su familia y en unas condiciones higiénicas deplorables.