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El tribunal que juzga el 'caso Jarrai' deja en libertad a seis acusados al cumplir 4 años en prisión preventiva

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a 33 acusados de pertenecer o colaborar con ETA a través de Jarrai, Haika o Segi dejó hoy en libertad a seis de ellos que el próximo domingo cumplirían 4 años en prisión preventiva, el plazo máximo previsto por la ley. De esta forma, la Sala rechaza la petición del fiscal Enrique Molina, a la que se adhirió la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), de prorrogar la prisión preventiva de estos acusados durante 126 días, tiempo en el que la Fiscalía cifró las dilaciones indebidas sufridas en el procedimiento atribuibles a la defensa.

Se trata de los acusados en esta causa que fueron detenidos el 6 de marzo de 2001: Olatz Dañobeitia, Garazi Viteri, Garikoitz Etxeberria, Olatz Carro, Igor Ortega Sunsundegi y Ugaitz Elizaran. A todos se les acusa de pertenencia a ETA y el fiscal pide para ellos 14 años de prisión. Al comenzar hoy el juicio, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, les nombró y ordenó que fueran conducidos desde la "pecera" blindada en la que se encuentran confinados los acusados encarcelados a la zona de la sala de vistas en la que se encuentran los que están en libertad.

La resolución notificada hoy por el tribunal impone a los seis acusados excarcelados la obligación de realizar comparecencias diarias ante el propio tribunal que les está juzgando o la comisaría o puesto de la Guardia Civil más próximo a su domicilio, así como prohibición de abandonar el territorio nacional. Con su excarcelación son 17 los acusados en prisión (aunque algunos lo están por otras causas) y 16, en libertad.

El auto, que ha contado con el voto particular discrepante del magistrado Carlos Ollero, que será el ponente de la sentencia que se dictará al final del juicio, rechaza el argumento del fiscal Enrique Molina, relativo a que en el procedimiento se habían producido dilaciones indebidas atribuibles a la defensa. El tribunal afirma que "un detenido estudio de los lapsos temporales que el ministerio fiscal tilda como dilaciones indebidas atribuibles a las defensas lleva a discrepar de tal tesis".

"En la descrita fase procedimental (cuando la causa subió a Sala para su enjuiciamento) en modo alguno existe una dilación atribuible a maniobras de las defensas encaminadas a un entorpecimiento con el fin sancionado por la Ley de Enjuciamiento Criminal", afirma la resolución.

ENORME COMPLEJIDAD DE LA CAUSA.

Según el tribunal, se han cumplido los cuatro años de prisión provisional para el enjuiciamiento de la causa "atendida su enorme complejidad, el elevado número de procesados y la acumulación de dos sumarios (el de Jarrai-Haika y el de Segi), a petición del fiscal y las defensas, siendo en definitiva en mayo de 2004 cuando pudo iniciarse la denominada fase intermedia que llevó a la plenaria, tras los necesarios trámites de instrucción y calificación por dos acusaciones y cinco defensas, en ocho meses".

En este sentido, el tribunal recuerda que cuando la defensa pidió por primera vez una ampliación del plazo de instrucción fue en noviembre de 2003 y faltaban más de quince meses para que venciera el plazo máximo de prisión. Además, con su petición las defensas "propugnaban un trato igual al que de facto habían tenido las acusaciones".

Asimismo, la Sala rechaza que hayan sido dilatorios los recursos presentados por las defensas, ya que están previstos en la ley y no tenían efecto suspensivo. En similares términos se expresa la resolución sobre la presentación de escritos de calificación, donde afirma que "no existe el más leve atisbo de dilación", como tampoco ocurre con los artículos de previo pronunciamiento que interpusieron las defensas cuando comenzó la vista oral.

VOTO PARTICULAR.

El auto dictado hoy cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Carlos Ollero, quien considera que las defensas dilataron indebidamente el procedimiento durante unos 69 días, tiempo que en su opinión debe excluirse del cómputo para el límite máximo de prisión provisional, previsto por la ley por un periodo de dos años ampliables por otros dos.

Si se computabilizaran a efectos de prisión preventiva los días propuestos por Ollero, se podría terminar el juicio sin necesidad de excarcelar a los acusados a los que vencía el plazo. Fuentes jurídicas indicaron que precisamente por el tiempo en el que han permanecido en prisión los acusados (cuatro años) no es previsible que traten de eludir la acción de la Justicia, ya que han cumplido más de un cuarto de la condena máxima solicitada por el fiscal. (La AVT solicita ocho años más que el fiscal para cada acusado, porque también les imputa un delito de genocidio.)

TESTIGOS DE LA DEFENSA.

Por otra parte, hoy declararon ante el tribunal otros seis testigos propuestos por las defensas. Entre ellos declararon un concejal de Eusko Alkartasuna (EA) y un ex parlamentario de esta formación, ya que ambos pertenecieron a su organización juvenil Gazte Abertzaleak, que en ocasiones se coordinaba con Jarrai para desarrollar iniciativas conjuntas sobre distintos problemas de la juventud, como la precariedad laboral.

En un momento determinado de su testimonio, el ex parlamentario de EA Martín Aramburu afirmó que las juventudes de EA hacían "una lectura distinta" de la "kale borroka" que Jarrai, pero nunca creyó que esta organización juvenil ilegalizada estuviera detrás de los sabotajes. Su respuesta hizo que Molina le preguntara sobre a qué se refería y Aramburu terminó diciendo que había quien entendía que la violencia callejera "podía tener lógica".

Asimismo, recordó que Jarrai había firmado los acuerdos de Lizarra en 1998 y que le "resultó chocante" que partidos políticos diversos y Jarrai consensuaran un documento para la pacificación del país, en el que se respetaban los derechos humanos. Aquí Molina, pidiendo permiso al tribunal por haber terminado ya su interrogatorio, insistió en si lo que le "chocaba" al testigo era que Jarrai hubiera firmado un acuerdo que respetaba los derechos humanos. Aramburu explicó que lo que le "chocó" fue el consenso de los partidos.