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Noticias jurídicasPerote dice que si le condenan también debe serlo Manglano y el anterior Gobierno del PSOE, porque conocían las escuchasMADRID, 10 (EUROPA PRESS)El ex jefe de Operaciones del CESID, el ex coronel Juan Alberto Perote, negó hoy ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid haber "espiado a nadie" o haber sido consciente de la ilicitud de las escuchas telefónicas realizadas por los servicios de inteligencia españoles entre 1983 y 1991. Añadió que "en absoluto" puede admitir ser condenado por este delito si la responsabilidad no se extiende al que fuera su director -Emilio Alonso Manglano-, a los ministros y al Gobierno del PSOE en dichos años, "porque todos conocían la existencia de esa actividad". Perote realizó estas afirmaciones durante el turno de 'ultima palabra' que le fue concedida en el juicio que hoy quedó visto para sentencia por el "caso escuchas del CESID", en el que el ex militar se enfrenta a una petición de 5 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta por parte del Ministerio Público. Su abogado, Jesús, Santaella, solicitó su libre absolución y también pidió que, si se condena a Perote, se acuerde la apertura de actuaciones contra Manglano y los cinco agentes que quedaron exonerados en la causa después de que las acusaciones particulares y populares retiraran sus acusaciones contra ellos. Perote insistió ante el tribunal en que en el gabinete de escuchas todos trabajaban convencidos de que estaban realizando un servicio al Estado, que no eran "personas que espiaban a nadie" sino que adquirían información convencidos de la licitud de su trabajo. Por ello considera injusto que, de recaer sobre él responsabilidad penal, ésta no se traslade a aquellos a quienes obedecía. Explicó que en los servicios de inteligencia la información se trata en cuatro procesos (adquisición, evaluación, análisis y difusión), y que la primera de estas etapas constituye en ocasiones una labor "ingrata" porque los agentes no llegan a conocer la trascendencia y utilidad final de su labor. "Un día llegan alborozados a mi despacho Navarro Benavente (jefe del gabinete) y López Borrero (agente) y me traen la cinta del Rey, ven la utilidad de su trabajo y están orgullosos de servir al Estado y yo también -explicó Perote-. Se lo llevo al director, que es consciente de tener montado un servicio útil para la sociedad y el Estado". Pese a que la grabación sirvió para advertir al Monarca de que tuviera cuidado si utilizaba el móvil, Perote lamentó de que "la realidad mediática sea otra" y este asunto fuera publicado en los medios como un espionaje al Rey. Dijo también que nunca dio orden de que las grabaciones se conservaran o de que se grabara a alguien determinado, y que las cintas se quedaron en el Centro cuando él cesó en novimebre de 1991. "No se si se destruyeron o no", agregó. Finalmente, Perote reprochó al Ministerio Fiscal su actitud durante la instrucción del caso porque "cooperó a que el juicio no fuera limpio" ocultando un informe policial que señalaba que "otras personas", que no eran él, alertaban "de la posibilidad de que saliera este escándalo" un año antes de que lo publicara el diario EL MUNDO. Concluyó que se decidió limitar lo ocurrido hasta el año 1991 y no ir más alla para señalarle a él como responsable. CONCLUSIONES DE LA FISCAL Durante un extenso informe, la fiscal Ángela Gullón solicitó que Perote sea condenado por un delito de interceptación de conversaciones telefónicas "por haber ordenado a sus subordinados que cualquier conversación captada sobre personalidades públicas le fuera comunicada, reservándose la decisión de conservarla o destruirla". La representante del Ministerio Fiscal considera acreditado que Perote conocía las escuchas que se hacían de las conversaciones mantenidas por distintas personalidades a través de sus teléfonos móviles y que nunca dió la orden de que se dejaran de grabar, a pesar de que, según confirmaron los peritos, estos aparatos sólo usaban dos frecuencias concretas del espacio radioeléctrico que podrían haber sido eliminadas de los barridos. Precisó que sólo se ha enjuiciado al ex jefe de operaciones por las conversaciones captadas entre 1983 y 1991 que aparecen reflejadas en un "estadillo" elaborado por orden del Navarro Benavente. Recordó que, tras ordenar el Tribunal Constitucional la anulación del primer juicio celebrado en 1999 por estos mismos hechos, la Fiscalía no podía modificar su escrito de conclusiones provisionales, en las que solo acusa a Perote. "Estamos en la situación en la que nos puso el Constitucional", subrayó. Entre otros elementos de prueba contra el ex coronel, citó el hecho de que nadie en el CESID haya discutido la existencia de las grabaciones, así como la propia declaración de Perote, que confesó que los servicios de inteligencia "trabajan en la línea límite entre lo legal y lo ilícito". También aludió a testimonio de Manglano, quien manifestó que, a pesar de no tener conciencia de su ilicitud, tenía la convicción de que Perote guardó las cintas y se las llevó al abandonar el CESID. También aludió la fiscal a lo "peculiar" de este proceso y a las "sorpresas" dadas por algunos de los testigos que manifestaron expresamente su perdón al acusado. Aludió también al ex ministro del PSOE y actual Defensor del Pueblo Enrique Múgica, que durante el juicio sólo reconoció su voz una de las siete grabaciones que se le mostraron, cuando en instrucción la había reconocido en todas. Concluyó que Perote "tuvo dominio funcional" del hecho delictivo porque daba las órdenes y que, pese a conocer perfectamente la legislación, decidió "saltársela a la torera" y realizar unas escuchas cuyo contenido "no es amparable en modo alguno en los fines del CESID". DEFENSA. Por su parte, la defensa de Perote insistió en la importancia del perdón expresado por algunos de los afectados y pidió la nulidad de la causa por tratar secretos oficiales. Defendió también que la vigilancia del espectro radioeléctrico le incumbe al CESID para el cumplimiento de sus fines". El letrado afirmó que "no existió ningun plan preconcebido de interceptación masiva" de conversaciones ya que, en 13 años, sólo aparecen las 92 escuchas referidas en el estadillo, y que el propio Ministerio de Defensa emitió una nota defendiendo la licitud de la actividad. Durante su informe, Santaella insistió en que existían escuchas realizadas antes y después de que Perote fuera responsable del servicio, como la interceptada al ex presidente Adolfo Suárez en 1978, y también dijo que los equipos técnicos grababan de forma automática, a no ser que se pulsara un botón de forma expresa para evitarlo. Por ello, el letrado cree que la decisión correspondía a Navarro Benavente, ya fallecido, "que sabía lo que hacían cada uno de sus subordinados". |