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Mantienen la acusación para los diez procesados por introducir 1.500 kilos de cocaína en cajas de langostinos

El fiscal dice que es uno de los sumarios más importante de tráfico de drogas, porque se llegó a miembros de la red y del blanqueo

MALAGA, 10 (EUROPA PRESS)

El fiscal del denominado 'caso Rosana' mantuvo hoy la acusación para las diez personas procesadas por un delito contra la salud pública, al que se le añade el de blanqueo de capital, en el caso de dos de ellos, y el de contra la hacienda pública, para uno de los acusados. La operación que dio nombre al proceso se saldó con la incautación de 1.500 kilos de cocaína escondidos en cajas de langostinos.

No obstante, el representante del Ministerio Público planteó, en sus conclusiones definitivas, una alternativa de complicidad para José Miguel G.G., José C., Vicente S., Valeriano M. y Alejandro N., por si el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial entiende que no se les puede considerar cooperadores necesarios en el delito contra la salud pública del que se le acusa.

Así, el fiscal, que pedía 163 años de prisión, inició sus informes finales afirmando que se trata de uno de los sumarios "más importantes" en materia de droga en Málaga, no sólo por la cantidad intervenida sino porque "con el trabajo de la Guardia Civil se ha conseguido dar un paso más y llegar no sólo a la base sino a la parte más alta de la pirámide" de esa supuesta red de narcotráfico, deteniendo "a personas de la organización y encargados del blanqueo de capitales".

Señaló que se trata de un entramado "con tentáculos más allá de nuestras fronteras", ya que la droga procedía de Panamá, por lo que debería haber allí una base; al tiempo que precisó que el alijo incautado de 1.500 kilos "no era el primero", al asegurar que "antes, se prueba con cantidades menores".

RELACIONES ENTRE ACUSADOS

El fiscal explicó la relación entre los imputados, basándose en las conversaciones telefónicas intervenidas y los seguimientos hechos por la Guardia Civil, y analizó las declaraciones de los procesados, poniendo de relieve los aspectos que reconocieron, con los que, en su opinión, se prueba la participación de cada uno de ellos en una red de narcotráfico "perfectamente" estructurada.

Esta organización era capitaneada por uno de los acusados que no ha podido ser juzgado porque falleció, Francisco M.L., cuya mano derecha era Gonzalo G.P., que sí ha sido procesado y del que dijo "ha intentado presentarse como el chico de los recados" del anterior, cuando era el que "transmitía las instrucciones" a los demás. Añadió que estuvo presente "en todas y cada una de las intervenciones" relacionadas con el alijo.

Otro miembro importante fue el notario José H.E., también muerto, al que el fiscal le atribuye la tarea de entrar en contacto con los colombianos, Mariela L.P., Luis Fernando C. y Oscar A. --que no ha sido juzgado por estar en rebeldía--, encargados de gestionar la droga. José Miguel G.G. fue quien descargó el camión y quien, según ratificaron agentes en el juicio, les indicó dónde estaban los palés con droga.

Respecto a Antonio L.R., gerente de la empresa malagueña a la que llegó el cargamento desde Panamá, el representante del Ministerio Público explicó que fue el encargado de controlar la llegada del envío. Manuel del C. facilitó el despacho aduanero y José C.R. vigiló el trayecto hasta la nave de destino. Sobre los tres, el fiscal se preguntó por qué no quisieron hacerse las pruebas de voz "si no tienen nada que esconder" y apuntó que la negativa sirve en parte para romper la presunción de inocencia.

Asimismo, se refirió al abogado y ex gobernador Vicente S., al que se le encargó que buscara a otras dos personas, Alejandro N. y Valeriano M., que actuarían de "testaferros" en una empresa creada en Madrid para recoger el cargamento, pero que finalmente no se utilizó.

"Volvieron a cara y no quisieron ver --aseguró el fiscal--, por salvar su casa, en el caso de Vicente S., y por tener un sueldecito, en el caso de los otros dos".

NULIDAD DE INTERVENCIONES

La mayoría de los abogados de la defensa impugnaron hoy las cintas con las escuchas telefónicas y las transcripciones realizadas por la Guardia Civil, debido a la petición que dio origen a que se otorgara dicha autorización por parte del juzgado correspondiente.

El fiscal defendió los autos judiciales, que calificó de "modélicos", por ser "de los más motivados que yo he visto". Además, explicó que incluso el juez solicitó una ampliación del informe de la Guardia Civil en el que pedía la intervención, lo que se realizó por parte de dicho cuerpo.

En este sentido, señaló que previamente a las escuchas y a la judicialización del caso el Instituto Armado "ya tenía noticias de que algunas de las personas que se sientan en el banquillo participaban en asuntos de tráfico de drogas", sobre todo sospechas sobre Gonzalo G.G.

Este extremo fue confirmado por dos de los agentes de la Guardia Civil, que declararon por primera vez en el juicio oral ya que, según el fiscal, fueron amenazados y tuvieron que ser destinados fuera de España.