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Los propietarios de la urbanización 'El Encinar' (Cantabria) recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJC

Iniciarán el domingo una 'guerra de las banderas', que instan a colocar en todas las casas pendientes de derribo

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

Los abogados de las 144 familias propietarias de la urbanización 'El Encinar' en la playa de La Arena (Isla) recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia recientemente emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que recoge el derecho a recibir indemnizaciones morales sólo a los compradores de la vivienda antes de la sentencia de derribo, denegando los daños materiales a todos hasta que se haga efectivo el derrumbe de las casas.

Según explicó en rueda de prensa el letrado Miguel Rodríguez Viadas, el primer paso jurídico que realizarán será solicitar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC una aclaración sobre competencias patrimoniales para, inmediatamente, interponer ante el Tribunal Supremo un recurso de casación para dilucidar que si efectivamente han sido objeto de daños materiales, que sean efectivos y no haya que esperar al derribo.

Rodríguez Viadas señaló como aspectos positivos de la sentencia la declaración de la responsabilidad solidaria por daños morales en las indemnizaciones tanto al Ayuntamiento de Arnuero como al Gobierno de Cantabria, si bien no está de acuerdo ni con la cuantificación (entre 9.000 y 12.000 euros) ni con que no se reconozcan sólo estos pagos a los propietarios que adquirieron sus casas antes de mayo de 1994, fecha en que se emitió la sentencia de derribo, pues ésta "no era firme".

Además, el letrado hizo alusión a una carta remitida por Inmobiliaria Arnuero cinco días después de hacerse pública la sentencia de derribo, en la que se aseguraba a los propietarios que tuviesen "la total seguridad y la confianza de que ninguno íbamos a sufrir perjuicio alguno", además de "negarse" a devolver las cantidades abonadas a los propietarios que lo solicitaron.

PERSONACIÓN DE LA FISCALÍA VERSUS BRINDIS AL SOL

En cuanto al traslado del TSJC a la Fiscalía del caso por si viera indicios de delito penales, Rodríguez Viadas aseguró que "mucho me temo que es un brindis al sol", asegurando que la propia Sala debería de haber recogido en al sentencia "cuáles" son los posibles hechos delictivos y su posible prescripción, ya que el proceso se inició en 1991.

En todo caso, si la Fiscalía se decidiera a iniciar la vía penal, los afectados se presentarían "como perjudicados", actuando como acusación particular.

El abogado de los afectados, entre los cuales se encuentran muchas familias del País Vasco, criticó también que la sentencia del TSJC, al diferenciar entre compradores de escrituras antes y después de una fecha y entre efectividad de daños morales y patrimoniales propicia "dos procesos, dos calvarios y dos gastos".

CAMPAÑA DEL 'MONIGOTE DEL INOCENTE'

Ante esta situación, los propietarios iniciarán este domingo una campaña de 'guerra de banderas', que consistirá en la distribución de 5.000 panfletos con el símbolo del "monigote del inocente", que instarán a poner en todas las casas de Cantabria pendientes de sentencias de derribo.

Esta acción se realizará en la concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento de Santander para este domingo, día 20 de marzo, a las 12.00 horas, "con el fin de que se visualice el grave problema que padece esta comunidad autónoma", según aseguró el presidente de la comunidad de propietarios, Esteban Alday.

"En estas octavillas invitamos a todas las personas a colocar este símbolo en las ventanas de sus casas si también se consideran víctimas de la corrupción urbanística de Cantabria", añadió Alday.

De esta manera, Alday conminó a que se adhieran a la campaña los afectados por este tipo de sentencias de "Argoños, Arnuero, Piélagos, Miengo, Escalante, Castro Urdiales, Laredo y Comillas", llegando a asegurar que "nadie está seguro en Cantabria en el sector inmobiliario".

LEGALIZACIÓN DE LAS CASAS Y CÁRCEL PARA LOS CULPABLES

"La única solución es la legalización de nuestros hogares y cárcel para los culpables". Así lo aseguró la portavoz de la comunidad de propietarios, Mercedes Díaz.

Sobre la sentencia del TSJC, Díaz destacó que "tras once largos años de silencio, maltrato y desprecio sufridos por la Administración de Cantabria", por primera vez los Tribunales "reconocen que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Arnuero son los culpables".

No obstante, también se sumó a la opinión del abogado de que la sentencia "no aporta soluciones para que nosotros podamos obtener la reparación de los daños y perjuicios provocados por el derribo de nuestras viviendas", con lo que "se nos alarga hasta el infinito la gran agonía que venimos padeciendo desde hace once años".

'QUITAR LA MÁSCARA' A ARCA

La portavoz de los afectados también vertió duras críticas hacia ARCA, a la que acusó de politizar el proceso y utilizar a "familias inocentes" para "convertirse en un grupo de presión, que es lo que siempre han perseguido bajo su máscara de falso ecologismo".

En este sentido, Díaz aseguró que les "sorprendía el sospechoso silencio de ARCA", ante la sentencia, pensando que "estaban brindando con champán, como nos dijeron en nuestra propia cara sus responsables que harían cuando comenzase el derribo de nuestras casas".

"Queremos recordarles que esto no les va a salir gratis porque el sucio precio que han pagado para convertirse en un grupo político pesará siempre bajo sus conciencias", añadió Díaz.

Por último, Esteban Alday realizó un llamamiento al Gobierno cántabro y al Ayuntamiento de Arnuero para que en lugar de derribar las 144 viviendas, tiren sólo los dos edificios que quedaron sin terminar, como "símbolos mudos de lo que nunca debió de ocurrir en nuestra urbanización".


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