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El Fiscal pide 2 años de prisión para el ex director de CCM de Valdeganga (Albacete) por falsedad y apropiación indebida

ALBACETE, 28 Mar. (EUROPA PRESS)

El próximo miércoles, día 30 de marzo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete celebrará un juicio por falsedad y apropiación indebida contra Fernando L.C., ex director de la Caja Castilla-La Mancha (CCM) en la localidad de Valdeganga, para el que el Fiscal pide dos años de prisión por varios delitos.

Según el escrito de acusación del Fiscal, entre los años 1999 y 2003, Fernando L.C., con la intención de obtener provecho económico, dispuso de los fondos de clientes de la entidad sin la autorización de sus titulares. En ese tiempo pudo apropiarse de saldos de cuentas, imposiciones a plazo fijo, obligaciones subordinadas y líneas de descuento.

Las operaciones descritas fueron efectuadas desde el terminal informático de su oficina y las disposiciones de fondos ingresadas en cuentas propias, de su entorno familiar y de empresas relacionadas con él. Para llevar a cabo los hechos anteriores imitó las firmas de los clientes y contabilizó operaciones sin soporte documental, para a continuación anular los registros de los movimientos irregulares con el objeto de que los titulares de las cuentas afectadas no pudieran detectarlos.

Como consecuencia de una auditoría interna de la Caja se pusieron de manifiesto movimientos irregulares con un perjuicio total de 731.099,92 euros correspondientes a nominales; 622,78 euros a gastos y 23.184,21 a intereses, que asumió la entidad bancaria al proceder a reintegrar el dinero sustraído a los diez clientes afectados.

Los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de falsedad y un delito continuado de apropiación indebida, por los que se solicitan dos años de prisión y la indemnización a la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha por el total de lo sustraído más los intereses que en su día abonó la entidad bancaria.

Por su parte, la acusación particular solicita una pena de dos años de prisión por el delito de falsedad, y cinco años de cárcel por el delito de apropiación indebida a la vista del valor de lo defraudado y el abuso ejercido en el cargo y relación con los clientes.

La defensa reconoce los hechos y afirma que los peritos encargados de la auditoría pudieron conocer toda la verdad sólo gracias a la colaboración de su defendido, quien a su juicio presenta una fuerte depresión con ruptura sistemática de las normas ético-morales.