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Noticias jurídicasEl Supremo confirma 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación para una lotera de Valladolid por malversar 31.000 eurosVALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años de cárcel y seis años de inhabilitación impuesta a la lotera vallisoletana Amparo R. por un delito de malversación cometido en los primeros meses de 2001 cuando dejó de ingresar en las arcas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) más de 31.000 euros correspondientes a décimos de distintos sorteos de la Lotería Nacional y boletos de las quinielas y la Lotería Primitiva. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ratifica la pena impuesta en julio de 2003 por la Sección IV de la Audiencia de Valladolid y tan sólo deja sin efecto la obligación de la condenada de reintegrar los 31.000 euros malversados a AXA, compañía aseguradora que se hizo cargo del pago al ONLAE de la deuda contraída por la condenada. Las acusaciones pública y privada había solicitado para la lotera condenada 4,5 años de prisión y 8 de inhabilitación así como el pago a AXA de la citada cantidad en concepto de indemnización, mientras que la defensa, que había recurrido la condena en casación ante el Tribunal Supremo, solicitó en su momento una sentencia absolutoria. Los hechos se produjeron cuando la administración de lotería número 25, sita en Puente Colgante, fue clausurada a raíz de una inspección que funcionarios del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado realizaron el 20 de febrero de 2001 tras detectar una serie de descubiertos en las cuentas de la lotera acusada. Ese día, los inspectores, que se llevaron los terminales de la administración, caudales y distintos efectos--incluso décimos de lotería--comprobaron que el descubierto inicial se elevaba a 15.181 euros correspondientes a los sorteos 7, 8, 11 y 12 de la Lotería Nacional realizados los días 25 y 27 de enero y 8 y 10 de febrero, respectivamente, y a 685 euros de juegos pasivos (quinielas y lotería primitiva), aunque posteriormente el ONLAE, en su informe definitivo, cifró el descubierto total en 31.637 euros al sumar también cantidades dejadas de ingresar relativas a los sorteos 15, 16, 17 y 18. Pese a ello, la acusada, que vio cómo en 1997 y 1998 el ONLAE ya cerró cautelarmente su administración durante un tiempo tras descubrir descubiertos por valor superior a los 48.000 y 54.000 euros, respectivamente, negó durante el juicio que en 2001 faltara de ingresar cantidad alguna y recordó que el día de la inspección tenía un saldo de 17.128 euros en una cuenta de La Caixa donde ingresaba la recaudación. "Estaba todo el dinero ingresado. Yo había liquidado en Navidad por valor de 200 millones de pesetas y si luego detectaron algún error me lo podían haber dicho en lugar de venir y cerrarme la administración directamente", alegó la lotera, quien añadió que fue a Madrid "a pedir explicaciones". Pese a que presentó distintos recursos contra el cierre de su administración, la Audiencia Nacional, en sentencia de mayo de 2003, ratificó la idoneidad del cierre. Frente a la versión de la procesada, funcionarios del ONLAE que efectuaron la inspección "in situ" en la administración de lotería y los que elaboraron el informe de cuentas ratificaron la existencia de descubiertos y recordaron que la procesada ya había protagonizado episodios similares en 1997 y 1998, aunque en aquellas ocasiones había acabado ingresando el dinero. Por contra, en 2001 el dinero dejado de ingresar en las arcas del ONLAE lo acabó pagando la compañía de seguros AXA, de ahí que la aseguradora se personara en la causa como acusación particular y solicitara, junto con el Ministerio Fiscal, que la procesada pagara una indemnización de 31.000 euros, amén de la pena privativa de libertad e inhabilitación ya citadas. La defensa, por su parte, pidió la libre absolución al considerar que no existía descubierto alguno y que los inspectores se personaron en la administración sin comprobar antes que la cuenta bancaria de la procesada tenía ingresos por valor de 17.128 euros, cuando lo que inicialmente reclamaba el ONLAE no superaba los 15.866 euros. |
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