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Noticias jurídicasEconomía/Finanzas.- Un juez declara nula una cláusula de los contratos de alta rentabilidad de Caja Rural por ilegalidadVALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)El juzgado de primera instancia número 22 de Valencia ha estimado en parte la demanda presentada por Adicae en nombre de 200 clientes que suscribieron en mayo de 2000 los denominados 'Depósitos de Alta Rentabilidad' de Caja Rural (actual Ruralcaja) y ha anulado una cláusula de estos productos por "falta de claridad" e "ilegalidad". El fallo considera que el contrato de estos productos, cuya rentabilidad estaba ligada a acciones, utiliza además "términos inadecuados" y la entidad cobraba "una comisión ilegal", con lo que se provocó a los usuarios un "error" por "falta de información suficiente y adecuada". El coordinador de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Banca y Seguros (Adicae) en la Comunidad Valenciana, Juan Pedro Ávila, aseguró que se trata de la primera sentencia colectiva en este tipo de contratos financieros atípicos que se dicta en España. El juez, que ha condenado a la caja rural a devolver a los afectados 224.183 euros en conjunto por este primer contrato, ha decidido no obstante rechazar la petición de Adiacae de anular los contratos de compra de acciones que el banco ofreció posteriormente a sus clientes para que recuperaran la inversión realizada porque considera que los suscribieron libremente. Por este motivo, Adicae anunció que presentará recurso contra la sentencia ante la Audiencia Provincial ya que asegura que sus asociados perdieron principalmente sus inversiones por la suscripción de estos segundos contratos que están vinculados con el primero. Según explicó Ávila, esta decisión supone que el 10% de los demandantes, que no firmó ningún ningún otro producto financiero, recuperará las pérdidas más los intereses legales del dinero mientras que el 90% de los clientes que suscribieron la compra de acciones únicamente recuperará el 15% de su inversión. Adicae inició dos demandas por este tipo de productos, ésta sobre la que se ha pronunciado ya el juez, que comprende a 200 clientes, y una segunda emprendida posteriormente que abarca a unos 100 usuarios que no tuvieron conocimiento en su momento de la presentación de la primera. Esta última, que se sigue en el juzgado de primera instancia número 3 de Valencia, se desconoce si se admitirá a trámite o se extenderá a los demandantes los efectos de lo que decida la Audiencia Provincial. La asociación calcula que estas 300 personas llegaron a perder un total de 4 millones de euros como consecuencia de estos productos. No obstante, estima que hay entre 900 y 1.000 afectados en toda la provincia de Valencia, con unas pérdidas que rondan entre los 9 y los 12 millones de euros. Los usuarios de estos contratos eran, según Ávila, de entre 45 y 70 años, más de la mitad de ellos agricultores de las comarcas de la Ribera y el Camp de Morvedre, que tenían "mucha confianza" con el director de sus oficinas porque eran clientes desde hacía al menos 10 años. El juez considera probado que, a partir de marzo de 1999, Caja Rural comercializó 24 ediciones imposiciones a plazo fijo 'atípicas' sucesivas entre sus clientes "sin discriminación alguna". En 19 de ellas no hubo problemas pero sí en las restantes, comercializadas en 2000, porque los clientes tuvieron pérdidas que afectaron al capital invertido. El titular del juzgado señala que este producto, ligado a acciones, se ofreció y "contrató de modo indiscriminado" en las oficinas en las que el director informaba de él "sin que, en la mayoría de los casos, se explicara a los clientes" sus particularidades. "No era -explica- una imposición a plazo típica pues se podía perder parte o todo el capital, y sobre todo teniendo en cuenta que eran jubilados, agricultores, etc., con una mentalidad muy conservadora". Además señalan que muchos clientes "por no decir casi todos, no leían el contenido del contrato y se fiaban de lo que les decía el director, limitándose a firmar, creyéndose que se trataba de una renovación más de un plazo fijo que ya tenían, ajenos totalmente al riesgo de pérdida que existía" y que el texto "era difícil de entender para personas que no tuvieran una mínima preparación financiera". De ahí que cuando pasaron los tres meses de cada contrato se pagaron los intereses convenidos aunque como la cotización de las acciones había caído, el capital experimentó pérdidas de entre un 3,63 y un 14,77%. Los clientes protestaron, algunos incluso llegaron a sufrir una depresión porque eran los ahorros de toda su vida y se sentían "engañados", la caja les ofreció un 'anexo II' para comprar las acciones, esperar a que subiera la cotización y luego venderlas para recuperar la pérdida. En este caso los clientes decidieron "libremente lo que más les convenía". En su resolución, el juez considera que la 'cláusula M' que hace referencia a las acciones es nula e "inadecuada", "no porque sea abusiva sino por falta de claridad y sencillez en la redacción" y que se debería de haber advertido "con toda claridad de la posibilidad de que el capital invertido" se podía ver afectado y llegar a perderse total o parcialmente. Destaca que los directores no explicaron estos extremos a los clientes que firmaron este depósito aunque, no obstante, no cree que hubiera "mala fe" en la entidad pero "sí cierta negligencia" que intentó paliar con el segundo ofrecimiento, que se negoció con cada cliente, en el que no hay vicio de consentimiento que permita declararlo nulo porque estos productos fueron "perfectamente válidos y contratados libremente". En relación con que los clientes no leyeran el contrato, el juez señala que el deber de información del banco es "previo y prevalente" y cree una "grave injusticia volcar toda la responsabilidad sobre el cliente-consumidor cuando previamente las cosas se han hecho mal por la entidad bancaria". |
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