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Comienza el juicio por la muerte de Patricia Maurel, candidata del PP a la Alcaldía de La Puebla de Híjar (Teruel)

TERUEL, 11 (EUROPA PRESS)

El juicio por la muerte de Patricia Maurel, que fue candidata del PP a la Alcaldía de La Puebla de Híjar en las elecciones municipales de 2003, ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Teruel. El acusado es José Javier Salvador, su marido, quien el 22 de mayo de ese año, disparó repetidas veces contra Patricia con una carabina semiautomática calibre 22.

Un jurado popular decidirá si José Javier Salvador cometió asesinato o homicidio. Su esposa Patricia Maurel, murió el 22 de mayo de 2003, en un paraje de La Puebla. La joven de 29 años y madre de tres hijos que tenían 9, 7 y 4 años de edad en esa fecha, recibió diez disparos.

El acusado ha declarado que compró la escopeta el 7 de abril en Quinto de Ebro (Zaragoza) para regalársela a su hijo, quien se la había pedido por su comunión, y señaló que tras esta celebración la pareja se iba a separar debido a las "infidelidades de Patricia". Salvador ha explicado que dormían desde hace meses en distintas habitaciones y que su mujer chateaba constantemente y recibía cartas, algo que le explicó su hijo, quien también se lo dijo a su suegra. Su mujer cuando le planteó la separación le decía "que no había terceras personas".

Durante las vacaciones de Semana Santa de 2003 que pasaron en Peñíscola, según ha dicho el acusado, y que les acompañó su suegra, hubo un intento de conciliación. Salvador explicó que se puso en contacto telefónico con los supuestos amantes sin dar a conocer su identidad.

El fiscal solicita 20 años de prisión para José Javier Salvador y considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, mientras que la acusación particular eleva la pena a 25 años de cárcel al esgrimir las agravantes de premeditación y alevosía, parentesco, ensañamiento y discriminación sexual.

Por su parte, la defensa pide 5 años de cárcel por entender que fue un homicidio y no un asesinato al actuar el acusado movido por las "infidelidades" de su esposa, descubiertas a través de mensajes del móvil.

La acusación particular probará que los mensajes del móvil se los mandó a si mismo el acusado, según informes de un Guardia Civil. También solicita 5 años de alejamiento de sus hijos, suegros y cuñados y una indemnización de 120.000 euros a cada uno de sus hijos.

Javier Notivoli, abogado de la acusación particular, apuntó que "este es un crimen de género de libro; no me gusta lo que estás haciendo y como no me gusta decido sobre ti y sobre tu vida y te meto y te pego 9 tiros, es algo injustificable, por lo que pedimos que no se pretenda justificar".

Rebeca Santamalia, letrada de la defensa, afirmó que "él se entregó voluntariamente y contó lo que había hecho, o contó lo que pudo contar dado el estado en el que se encontraba, y por otro lado, actuó movido por unos impulsos dada la previa provocación por parte de su esposa, una provocación que no pudo contener y que por lo tanto lo hacen acreedor de una pena menor".

Este caso de violencia doméstica ocurrió dos días antes de las elecciones municipales de 2003 y causó una gran conmoción. Patricia Maurel era la candidata del PP a la alcaldía de La Puebla de Híjar.

El cuerpo de la víctima apareció abandonado en un paraje a las afueras de la localidad presentaba cuatro impactos en la cabeza, dos de ellos a bocajarro en la frente, cuatro en el tórax, uno en el abdomen y otro en el brazo izquierdo.

José Javier Salvador recogió a su esposa en la tarde del 22 de mayo de 2003 en el Bar El Brillante y en un vehículo de su empresa de construcción la traslado a un campo de olivos donde disparó su escopeta. Salvador se marchó después hasta la Venta de la Panolla en Alcañiz donde pidió ayuda para trasladarse hasta Teruel, ciudad donde se entregó a la Policía e indicó dónde se encontraba el cadáver.

Javier Notivoli cuestionó que al irse a entregar no lo hiciera en el cuartel más próximo y recorriera 180 kilómetros para llegar a Teruel. Explicó que durante el camino realizó llamadas a su abogado, con un teléfono que después desapareció, y desde el que enseñó los supuestos mensajes que recibía Patricia a familiares y amigos pero sin dejarles ver el número del que provenían, y que el acusado después del crimen se lavó las manos. También cuestionó que se equivocara y en vez de entregarse en la prisión lo hiciera en el Hospital Provincial.

La defensa ha renunciado a la prueba psicológica y dijo no pretender "una sentencia chollo sino una sentencia justa, demostrando que era un buen padre y esposo, y que actuó sin dominar sus impulsos".

La vista continuará esta tarde y los próximos dos días, en los que acudirán a testificar una treintena de testigos.

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