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Caso Turismo.- La viuda de Cogul dice que Duran le autorizó pagos de 600 euros al mes como 'ayuda condicionada'

La acusada insinúa que este dinero era para comprar su silencio

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Carme Farga, la viuda de Joan Cogul y principal acusada en el 'Caso Turismo', aseguró hoy que el presidente del Comité de Gobierno de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, autorizó pagos de unos 600 euros mensuales durante un año y medio como "ayuda condicionada" después de que estallara el caso de malversación de casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña.

Esta revelación se produjo hoy durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona a doce acusados por el caso. A pesar de que Farga ya prestó declaración la semana pasada, el fiscal solicitó que volviera a declarar después de que el diario 'El País' publicara una información en la que afirma: "Unió pagó 100.000 pesetas mensuales a la viuda de Cogul durante año y medio".

A pesar de que Jordi Pina, el abogado de Farga, se opuso a que volviera a declarar, el tribunal aceptó la petición del fiscal, que argumentó que "aunque no sea una práctica habitual" de debía volver a tomar declaración a Farga para evitar "juicios paralelos".

El fiscal preguntó a la acusada si era cierto que recibió dicha cantidad del partido, a lo que respondió: "Sí, recibí 100.000 pesetas al mes de Unió por colaboración en la captación de militantes".

No obstante, Farga reconoció que el pago de esta cantidad "debía estar relacionado con la causa". Los pagos se iniciaron en verano de 1998, cuando ya había trascendido que la Fiscalía estaba investigando el caso tras la denuncia que presentaron CC.OO. e ICV y cuando su marido ya se había dado de baja en el partido tras más de 11 años de militancia.

"Creo que fue una ayuda por la manera en que dejaron tirado a mi marido", señaló la imputada, que cuando el fiscal le interrogó por si era Duran la persona que autorizaba estos pagos respondió: "Sí".

El representante del ministerio público le preguntó si mantuvo conversaciones con Duran, a lo que contestó que su marido "sí", pero que cesaron cuando el matrimonio se fue a Pekín por motivos de trabajo, pero no relacionado con el partido.

Farga explicó también que el diputado de CiU en el Parlament Jordi Casas, --después de que trascendieran las investigaciones-- y el diputado en el Congreso Josep Sánchez Llibre les llamaban "cuando había cosas nuevas" del caso. "Nos decían que nos ayudarían. Le decían --a Cogul-- que no expusiera mucho la vinculación", afirmó.

La acusada también explicó que "la última llamada", de la que no reveló su procedencia, la recibió el 17 de diciembre de 2004, cuando Joan Cogul se suicidó en extrañas circunstancias en Manila (Filipinas).

CAPTABA MILITANTES PARA UDC

Cuando Farga fue interrogada más exhaustivamente por el abogado de la Generalitat que ejerce que la acusación sobre el concepto en el que se pagaban estas 100.000 pesetas, la acusada dijo que "era una ayuda condicionada, aunque yo realmente colaboraba en la captación de militantes". Sin embargo, aclaró que antes de cobrar este dinero, ya colaboraba en la captación de militantes "porque Unió confiaba en mí".

A preguntas de la acusación, Farga reconoció que le quedaba muchas cosas que contar, tal y como aseguró la semana pasada ante los medios de comunicación a la salida de su primera declaración. "Alguien lo aclarará", añadió.

Farga milita en Unió desde octubre de 1991, al igual que otras nueve personas que se sientan en el banquillo de los acusados de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona. En su primera declaración, el pasado día 6, Farga ya dejó entrever que dirigentes de UDC "presionaron" para que se produjera el desvío de parte del dinero de los fondos del Consorcio de Turismo cuando su marido dirigía este organismo.

La vista oral se reanudará con la declaración de Montserrat Alsina y Antonio Fortuny, que en diciembre de 1991 constituyeron la sociedad de Bewetour S.L., de la que también era accionista Carmen Farga. Según la acusación, a través de esta sociedad y de otras dos se desviaron 215.835 euros por informes del sector turístico que resultaron inútiles.

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