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Noticias jurídicasMagistrados del Supremo y vocales de CGPJ, a favor de otorgar a los Tribunales Superiores de Justicia más funcionesDemandan que conocer la lengua cooficial no sea obligatorio para funcinarios de justicia o se dé tiempo de adaptaciónMADRID, 12 (EUROPA PRESS) Varios magistrados del Tribunal Supremo y vocales del Consejo General del Poder Judicial se mostraron hoy partidarios de dotar a los Tribunales Superiores de Justicia de más funciones, incluso de potenciar en los mismos los recursos de casación, tal y como se demanda desde proyectos de Estatuto como el catalán. Eso sí, avisaron de que el Tribunal Supremo debe seguir actuando con criterio "unificador" y de "vertebración" del Estado. En el seminario 'La Justicia ante la reforma de los Estatutos de Autonomía', organizados por el ministerio del ramo en la sede del Centro de Estudios Jurídicos, se demandó opinión a varios expertos sobre una posible ampliación de competencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Ante esto, el vocal del CGPJ y catedrático de derecho constitucional Luis Aguiar avisó de que la posición del Tribunal Supremo, en tanto órgano jurisdiccional superior, "no puede verse afectada por un incremento competencial" de estos tribunales. "En el marco del respeto a la posición del Tribunal Supremo, se trataría de redefinir sus competencias y articularlas con las de los Tribunales Superiores de Justicia, siempre con el límite de su configuración constitucional como Tribunal Supremo en todos los órdenes jurisdiccionales --adujo--, y de imprescindible función unificadora, dando, en consecuencia, una mejor respuesta al esquema constitucional de distribución territorial del poder". Dicho esto, se refirió específicamente a los Tribunales Superiores para incidir en que son órganos "del Estado" ubicados en comunidades autónomas, y "no órganos autonómicos". No obstante, apuntó que incrementar sus competencias supondría una "mayor cercanía" con los ciudadanos y podría restar trabajo al Supremo. Entre las nuevas competencias que podrían tener los Tribunales Superiores citó el "potenciar" su posibilidad de aceptar recursos de casación, que ya existe en el supuesto infracción de normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad cuando el correspondiente Estatuto lo haya previsto y algunos supuestos del proceso contencioso-administrativo. También se pronunció al respecto el vocal del CGPJ y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Adolfo Prego de Oliver, que no se opone a un nuevo sistema de casación que dé más competencias a los Tribunales de Justicia, siempre y cuando el Tribunal Supremo sea el "máximo intérprete" que garantice la vertebración y la unidad del ordenamiento jurídico penal en toda España. Por su lado, Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado del Tribunal Supremo, afirmó que no existe "inconveniente" en que se reconozca a los Tribunales Superiores de Justicia la facultad de fijar doctrina en materias de derecho estatal, "siempre que ello no signifique privar al Supremo de funciones de unificación de doctrina en caso de contradicción y de competencias de casación que se estimen necesarias". Otro magistrado del Supremo, Miguel Colmenero, resaltó que ve imprescindible que se decida si se quiere un poder judicial "efectivo" o se si busca "vaciar" de competencias el Estado. A este respecto, dijo que el Supremo debe seguir teniendo, a su entender, capacidad para invalidar sentencias que contravengan su doctrina. QUE FISCALÍA RECURRA ANTE EL SUPREMO El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo Fernando Herrero-Tejedor añadió, por su lado, que es partidario de ampliar la posibilidad de recurso de casación en los Tribunales Superiores, "si no supone perder fuerza en la relación vinculante con el Supremo". "Terminar convirtiendo el Supremo en un Tribunal de Estrasburgo sería caótico", alertó. Dicho esto, propuso que sea precisamente la Fiscalía el sujeto que pueda recurrir ante el Supremo, en nombre del interés público, si detecta falta de unidad de criterio en los recursos resueltos en los Tribunales Superiores de Justicia. UNA VISIÓN DESDE CATALUÑA El magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal i Andreu, defendió la intención de dar más competencias a los Tribunales Superiores de Justicia para hacer "más eficaz" el sistema judicial, "abaratar" costes dividiendo los recursos de casación entre 17 comunidades, "sin perjuicio de seguir respetando los criterios unificadores de Supremo". Según Vidal i Andreu, debería tenerse en cuenta que las salas penales de esos tribunales están "infrautilizadas", mientras que otras salas del Supremo se encuentran "casi en angustioso estado terminal" por exceso de trabajo. CONSEJOS DEL PODER JUDICIAL AUTONÓMICOS Sobre si los Estatutos de Autonomía deben impulsar o no Consejos de Poder Judicial autonómicos, el vocal del CGPJ Luis Aguiar apuntó que los márgenes de la Carta Magna son "demasiado estrechos" como para permitir a normas estatutarias la posibilidad de incorporar con fuerza vinculante e inmediata nuevas instituciones de gobierno del Poder Judicial, o rediseñar algunas de las instituciones de autogobierno hoy ya existentes. "Desde una perspectiva más general, reconocer a los Estatutos capacidad para establecer fórmulas e instituciones de gobierno del Poder Judicial en las diversas comunidades autónomas se compadece mal con el principio de unidad del Poder Judicial --avisó--, y su correlato de homogeneidad todo el territorio del Estado". Así, Aguiar afirmó que puede ser "deseable" una descentralización del Poder Judicial, pero en ningún caso a través de las reformas estatutarias. Si se llegaran finalmente a crear esos órganos autonómicos por una u otra vía, puntualizó, sólo deberían realizar, a su juicio, propuestas de carácter no vinculante, "o bien habría que arbitrar mecanismos para que por vía de recurso correspondiera al CGPJ la resolución definitiva de un tema planteado". Xiol Ríos, magistrado del Supremo, sentenció que los Consejos de Justicia autonómicos resultan admisibles si el CGPJ mantiene las funciones principales en relación con el estatuto judicial, la protección de la independencia judicial y como órgano constitucional. Además, considera necesario que entonces se garantiza su preeminencia mediante un sistema de recursos administrativos, la facultad normativa del CGPJ para regular la actuación de los órganos autonómicos en materias relacionadas con estatuto judicial y la intervención de éste en los nombramientos de algunos de sus miembros. Vidal i Andreu se mostró partidario de crear consejos autonómicos por delegación de competencias desde el CGPJ, que mantendría algunas no transferibles y conservaría la posibilidad de recuperar las ya delegadas si lo estimase pertinente. EXIGENCIA DE DOMINAR LENGUA COOFICIAL Sobre la posible exigencia de dominar una lengua cooficial para ser funcionario de Justicia en determinadas comunidades, Aiar opinó que no es inconstitucional, aunque otra cosa sería determinar si la medida es "idónea, necesaria y proporcional". El magistrado del Supremo Xiol Ríos establece a este respecto que el conocimiento del idioma propio de la comunidad autónoma "no puede exigirse de manera inmediata" cuando se produzca el acceso a un destino en su territorio, sino transcurrido "un cierto tiempo". Herrero-Tejedor, fiscal de la Sala Quinta del Supremo, calificó de "demencial" la posibilidad de que exija a los fiscales que demanden destino que tengan, además de conocimientos jurídicos, conocimientos de lenguas como el catalán o el euskera. El ex presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Vidal y Andreu, abogó por establecer la "asimetría" en este punto y primar el uso de lenguas en autonomías como Cataluña donde, en su opinión, la Administración de Justicia es uno de los campos donde más se "infravalora" su utilización. "Debería ser un requisito o mérito determinante, pero no un mérito propio". |
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