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Noticias jurídicasEconomía/Gasolinas.- Penas de un año de cárcel y multa de 2,1 millones para los acusados del 'fraude de las gasolineras'MADRID, 13 (EUROPA PRESS)Los 39 acusados por el denominado 'fraude de las gasolineras' han sido condenados por la Audiencia Nacional a penas de un año de prisión y al pago de las cantidades defraudadas, un total de 2,1 millones de euros, informó hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), asociación que destapó en enero de 1998 la manipulación de surtidores en estaciones de servicio de Madrid y Castilla-La Mancha para servir menos combustible del que el usuario pagaba. La pena dictada por el tribunal se basa en las conclusiones definitivas del fiscal, aceptadas por todas las partes, en las que se establecen penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores. Igualmente se impone el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas, por un importe de 2,1 millones de euros, del que responderán solidariamente los acusados. La organización manifestó su "satisfacción" por el resultado final de este proceso judicial, ya que los autores de los delitos, además de cumplir las penas correspondientes, tendrán que hacer frente al pago de la indemnización, que, a juicio de la organización de consumidores, podría ser destinada a la prevención de nuevos fraudes en materia de consumo, en un fondo gestionado por la Administración en coordinación con la propia OCU. LARGO PROCESO JUDICIAL En enero de 1998 la OCU presentó una denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando el entonces presunto 'fraude de las gasolineras'. Días más tarde la Policía Judicial detectó en 3 estaciones de servicio indicios de un mecanismo fraudulento y el 17 de enero el juez cerró las gasolineras y abrió la causa. Tras una primera fase de instrucción, el caso pasó a la Audiencia Provincial de Madrid. Posteriormente, los acusados solicitaron que el juicio se realizara en la Audiencia Nacional, justificando la competencia de ese tribunal basándose en la multiplicidad de perjudicados -pertenecientes a diferentes regiones españolas-, y en el hecho de que el presunto fraude fuera cometido en estaciones de servicio de tres provincias (Madrid, Toledo y Albacete). Según la OCU, la asunción del caso por la Audiencia Nacional permitió a los acusados "ganar tiempo" a pesar de que "empeoró su situación". De hecho, en octubre de 2002, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el número de acusados de 35 a 39 y acordó incrementar su fianza. Finalmente, los imputados se declararon ayer culpables y aceptaron las penas propuestas en las conclusiones definitivas del Fiscal. |
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