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Noticias jurídicasEconomía/Gasolinas .- Penas de cárcel y pago de 2,1 millones para los acusados del 'fraude de las gasolineras'La OCU pedirá que la suma decomisada a los imputados sea destinada a la creación de un fondo para evitar nuevos fraudesMADRID, 13 (EUROPA PRESS) Los 39 acusados por el denominado 'fraude de las gasolineras' serán condenados por la Audiencia Nacional a penas de hasta un año de prisión, al pago de multas de distinta cuantía y al comiso de las cantidades defraudadas, un total de 2,1 millones de euros, según recoge el acuerdo de conformidad firmado hoy por el fiscal, los abogados de todos los acusados y los de los acusadores, informó hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), asociación que ejerció la acción popular. El acuerdo se basa en las conclusiones definitivas del fiscal, cuyas condiciones han sido aceptadas por todas las partes. En él se establecen penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores. Igualmente se impone el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas, por un importe de 2,1 millones de euros, del que responderán solidariamente los imputados, que se reconocen culpables de los citados delitos y aceptan la pena. El próximo lunes los acusados, 18 responsables de las estaciones de servicio y 21 encargados de su mantenimiento, han de ratificarse en lo firmado hoy por sus abogados, tras lo que tan solo quedaría pendiente el trámite de la sentencia que recoja el contenido de lo hoy acordado. La OCU, que califica de "excelente noticia" la consecución del acuerdo, destapó en enero de 1998 la manipulación de surtidores en estaciones de servicio de Madrid y Castilla-La Mancha para servir menos combustible del que el usuario pagaba. La organización manifestó su "satisfacción" por el resultado final de este proceso judicial, ya que los autores de los delitos, además de cumplir las penas correspondientes, tendrán que hacer frente al pago de la indemnización, que, a juicio de la organización de consumidores, podría ser destinada a la prevención de nuevos fraudes en materia de consumo con la creación de un fondo gestionado por la Administración en coordinación con la propia OCU, medida que pedirá "en el momento procesal adecuado" la organización. LARGO PROCESO JUDICIAL En enero de 1998 la OCU presentó una denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando el entonces presunto 'fraude de las gasolineras'. Días más tarde la Policía Judicial detectó en 3 estaciones de servicio indicios de un mecanismo fraudulento y el 17 de enero el juez cerró las gasolineras y abrió la causa. Tras una primera fase de instrucción, el caso pasó a la Audiencia Provincial de Madrid. Posteriormente, los acusados solicitaron que el juicio se realizara en la Audiencia Nacional, justificando la competencia de ese tribunal basándose en la multiplicidad de perjudicados -pertenecientes a diferentes regiones españolas-, y en el hecho de que el presunto fraude fuera cometido en estaciones de servicio de tres provincias (Madrid, Toledo y Albacete). Según la OCU, la asunción del caso por la Audiencia Nacional permitió a los acusados "ganar tiempo" a pesar de que "empeoró su situación". De hecho, en octubre de 2002, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el número de acusados de 35 a 39 y acordó incrementar su fianza. Finalmente, los abogados de los imputados aceptaron que sus clientes se reconozcan culpables y las penas propuestas en las conclusiones definitivas del fiscal. |
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