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Noticias jurídicasCGPJ, Fiscalía, abogados y Junta colaborarán en la rehabilitación de drogodependientes con problemas jurídico-penalesConde-Pumpido destaca la importancia del convenio por haberse firmado pensando en las familias como principal "preocupación"VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS) El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León y la Administración regional colaborarán para rehabilitar a personas drogodependientes que cuenten con problemas jurídico-penales. Esta colaboración se llevará a cabo gracias al convenio rubricado hoy por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón Santiago, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el vocal delegado del Consejo General del Poder Judicial en Castilla y León, Enrique Míguez Alvarellos; y el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León, José Pedro Gómez Cobo. Valdeón, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicó que el convenio pretende servir para poner en el eje de la reinserción y rehabilitación a los drogodependientes mediante una serie de "compromisos objetivos" para la atención de estas personas y en los que prima la "reinserción" y la recuperación. Se trata, según la consejera, de que las diferentes organizaciones y estamentos que intervienen cuando un drogodependiente tiene estos problemas jurídicos o penales no se "entorpezcan" entre sí, porque se persigue un objetivo común y los medios tienen que ser los mismos. En cualquier caso, indicó que los principales esfuerzos de la Administración regional siguen encaminados a la prevención del consumo de drogas. PREOCUPACIÓN POR LAS FAMILIAS. Por su parte, Conde-Pumpido señaló que la importancia de este acuerdo se debe a que se ha firmado "pensando en las familias, que es la principal preocupación". En este sentido, indicó que si se da la atención a los drogodependientes se atiende también a la familia, para lo que es necesario la unión entre las instituciones. Enrique Míguez puso de manifiesto el "papel bastante trascendente" que tendrán los jueces, ya que contarán con información de primera mano sobre las personas y los centros asistenciales que tratan estos temas cuando los drogodependientes tienen problemas con la Justicia. Asimismo, señaló la importancia de la formación para los jueces y magistrados, aunque dejó claro que estos profesionales no pueden "intervenir" ni mediatizar la administración de la Justicia, pero el Consejo sí puede fomentar que se interesen por el problema de la drogodependencia. Los abogados también se mostraron satisfechos por esta colaboración. José Pedro Gómez Cobo indicó que sobre todo porque evitará la peregrinación "de centro en centro" buscando informes sobre estas personas, pero además auguró un buen futuro para el convenio, que era "muy esperado". MEDIOS E INFORMACIÓN. La firma del convenio supone, en primer lugar, que las partes firmantes aceptan el compromiso de incrementar sus esfuerzos para mantener una eficaz coordinación y cooperación en la intervención con drogodependientes, articulando cauces de colaboración. La aplicación del convenio es toda la región y afecta a las personas "que hayan cometido delitos que sean objeto de sanción penal y en los que se acredite la condición de dependencia del alcohol o de drogas ilegales". El acuerdo puede facilitar la toma de decisiones judiciales en materias como la aplicación de medidas de seguridad, la suspensión de la condena, la sustitución de la pena, las decisiones sobre la libertad condicional, etcétera. La Junta de Castilla y León se comprometerá a proporcionar en número suficiente centros y servicios acreditados para la atención a drogodependientes a los que se apliquen medidas alternativas al ingreso o permanencia en prisión. Se trata de una fórmula para prevenir continuas reincidencias en la comisión de actos delictivos por personas que padecen dependencia de las drogas. Estas alternativas han beneficiado a 530 personas en 2004, aplicándose 604 medidas a lo largo de todo el año. Además, la Administración regional articulará los procedimientos e instrumentos necesarios para trasladar a los órganos de la Administración de Justicia determinados informes para un buen funcionamiento de ambos sistemas. Asimismo, formará a los profesionales del sistema de asistencia e integración social del drogodependiente para la efectiva aplicación del convenio. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Fiscalía difundirán el convenio entre los juzgados, tribunales y fiscalías de la Comunidad, promoverán la utilización de los informes emitidos por los centros y servicios acreditados y fomentarán la formación de los profesionales en aquellos aspectos que sean necesarios. Finalmente, el Consejo Regional de la Abogacía informará a los colegios de Abogados de Castilla y León de la existencia del acuerdo para que éstos lo pongan en conocimiento de sus colegiados y así soliciten los informes pertinentes que sean necesarios para apoyar su defensa. |
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