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El PSOE recurrirá judicialmente la LECO si el Gobierno balear no modifica su invasión de competencias estatales

PALMA DE MALLORCA, 05 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista anunció hoy que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la Ley para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) si no se modifica, al entender que invade competencias del Estado y del Parlamento autonómico y rebaja los niveles de protección medioambiental.

Así lo manifestó hoy el portavoz socialista de Medio Ambiente en la Cámara, Andreu Crespí, quien consideró que la nueva ley autonómica rebaja el grado de protección estatal estipulado en la Ley Básica de Espacios Naturales (4/1989) y, por tanto, invade competencias que pertenecen al Estado.

En este sentido, el portavoz socialista aseguró que debe ser la Abogacía del Estado quien presente un recurso de incumplimiento sobre legislación básica e invasión competencial ante el Tribunal Constitucional para evitar que la norma comunitaria se aplique.

Por otra parte, Crespí consideró que la ley se "inmiscuye" en la capacidad legislativa de la Cámara autonómica porque prevé la creación de espacios de relevancia ambiental mediante una norma que debe pasar por trámites parlamentarios pero que decae en el caso de que estos espacios no apliquen el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en un plazo de seis meses, "cuando sólo el Parlament puede derogar una ley mediante la aprobación de otra", dijo.

Asimismo, el portavoz esgrimió "numerosos errores gramaticales" en la redacción de la ley, "que bien podrían aparecer en los programas de televisión en que se hace mofa a la clase política". Además, según Crespí, la ley rebaja los índices de protección medioambiental "para favorecer intereses más importantes para ciertos sectores económicos de las Islas".

El PSIB presentó ayer una serie de alegaciones a la ley que fueron desestimadas por el Grupo Popular en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlament. Los socialistas proponían la creación de una figura legislativa sobre "custodia del territorio", ya existente en Canadá, y en la que participan organizaciones ecologistas, propietarios de terrenos protegidos y las Administraciones Públicas competentes, para determinar los grados de protección de los territorios implicados. Según Crespí, esta figura "no fue ni planteada por el PP", a pesar de que en Cataluña ya hay unas quince iniciativas de este tipo.